A una década del secuestro y muerte de JMJ, policías apuntan a oficiales implicados en el tráfico de droga, en la muerte de 3 uniformados y 3 civiles y en la suerte que corrió el universitario por “pintar el mono”. Costosos vehículos BMW serie 700 y Hundai Santa Fe del año, de más de $20 millones, estarían hablando de un enriquecimiento ilícito de quienes integran esa red.

Justicia y verdad sigue implorando María Teresa Johns (56). En un día como hoy, hace una década, perdió a su regalón en La Cucaracha y sólo halló, cuatro años más tarde, un puñado de huesos junto al Bío Bío, en el kilómetro 22,5 del camino a Santa Juana. “Seguiré golpeando puertas hasta saber quién lo mató”, anuncia.
Huellas del brutal castigo con puño de acero por “pintar el mono” se aprecian en su calavera: le faltan tres dientes frontales y presenta una fisura en la ceja izquierda, aunque la causa de su muerte es todavía “indeterminada”.
Y a diez años también del ¿crimen perfecto?, de la lectura del expediente surgen más interrogantes: ¿dejaron los captores agonizar casi un mes a JMJ si es que se comprueban los dichos de Juan Carlos Navarro Garrido? El joven sordomudo asegura haber visto a su amigo malherido el 18 de diciembre de 1999 en un galpón, y probablemente en una parcela justo al frente de donde el esqueleto fue hallado el 14 de febrero de 2004. Investigadores de la PDI minimizaron el episodio.
¿Qué declaró con apoyo de un intérprete en lenguaje de señas? Que ese día 18, a las 22 horas, cuando caminaba por Serrano y dobló hacia O´Higgins a comprar “copete” fue subido a un vehículo (blanco, marca KIA) por la fuerza, le taparon la cabeza y llevaron hasta un sitio a campo traviesa. Quiso orinar y sus captores le indican una pieza oscura aunque se filtraba la luz de la luna. Allí sólo había un WC y en una esquina, distingue a una persona en el suelo. Lo mueve, ésta queda de espaldas, manotea y con el pie le pega en el pecho, como defendiéndose; tenía barba crecida, estaba flaco y golpeado, tenía golpes en la frente y en la nariz y no tenía dientes. Es Coke y éste le reconoce la voz (a pesar de su discapacidad, Juan Carlos emite algunos sonidos guturales) cuando le dice dos veces que es Juan Carlos; luego lo llama “mono”, y en ese momento Coke lo abraza desde el mismo lugar donde está; él lo toma y JMJ le vomita el pantalón. En eso, le pegan con un arma en la nuca, le ponen de nuevo algo en la cabeza y lo empujan dentro del vehículo. En Concepción, lo abandonan cerca de la discoteca Barceló; hace dedo a un camión que va a Penco y se baja, entonces, en la Rotonda Bonilla.
“Estábamos junto a la laguna cuando Juan Carlos llegó y nos contó su aventura. Él no miente, pudo confundirse porque estaba oscuro, pero no miente. Todos nosotros -amigos de Coke y por esos días en febril búsqueda junto a la tía María Teresa- nos asustamos. Así entendimos el mensaje y bajamos los brazos”, cuenta Juan Pablo Moraga, músico y periodista.
Los Matute y otras dos familias -la del cabo Marco Martínez y de la Eduardo Sepúlveda- lloran también el destino trágico de uno de sus miembros. Y para las tres hoy surgen nuevos antecedentes que se interconectan y podrían ayudar a esclarecer qué, cómo y por qué pasó lo que pasó entre el 20 de noviembre de 1999 y el 18 de noviembre de 2002 si hubiera voluntad de hacer justicia para ellos.
“Existen conexiones irrefutables entre todas y cada una de las víctimas. Todas sin excepción guardan relación directa con un poderoso grupo de personas influyentes asociadas ilícitamente para el tráfico y consumo de drogas”, precisa Cristian Araos Díaz, quien en su condición de psicólogo jurídico forense y perito delitológico sometió a una auditoría forense el caso Matute y sus conexiones.
No hay una asociación ilícita entre Jorge Matute Johns y la droga -aclara- punto que refuta también el padre del ex estudiante de Ingeniería Forestal de la U. de Concepción, Jorge Matute Matute, quien dice: “Coke era choro, pero no traficante ni consumidor de drogas”.
Lo que le sucedió a JMJ -explica Araos Díaz- al involucrarse de manera circunstancial en una riña con los guardias de La Cucaracha le pudo pasar a cualquiera que, en pleno operativo de un tráfico de drogas, podría haber puesto sobre aviso identidades e investiduras de los componentes de una asociación ilícita existente con anterioridad. En los hechos, “los malos policías (al menos identifica a 7) se involucran para evitar que se investigue la agresión a JMJ y que dejara al descubierto esta red criminal que actúa a la vez como protectora y nexo entre traficantes y consumidores”.

Limpiar su nombre

Limpiar el nombre de su hijo, el cabo Marco Martínez Sánchez (33), que apareció “suicidado” un 4 de julio de 2000 en la hoy Segunda Comisaría de Coronel, anhela a su vez  Zunilda Sánchez (70), e Isabel Pedreros Arriagada (80) espera que algún día se sepa la verdad sobre el suicidio de Eduardo Sepúlveda Pedreros (37), el menor de sus ocho hijos y marido de Susana Ramírez (la testigo protegida del caso Cártel del Carbón).
Mientras la pareja vivió a su lado en San Pedro de la Paz, Isabel Pedreros asegura haber oído a Susana Ramírez, su nuera, tutear a jueces y llamar “mamita” a la jueza Flora Sepúlveda, la primera instructora del caso Matute.
En poder de su nuera estaba, también, la lista política que su hijo le arrebató tras sorprenderla hablando por teléfono en el baño del domicilio que ambos compartían, a poco del secuestro de JMJ. Eduardo Sepúlveda se la quitó y sin guardarse copia, la entregó a Carabineros. La habría recibido el teniente Jaime Guzmán Pons en dependencias del OS-7 de Concepción, quien ante no menos de una decena de testigos, según el antecedente conocido por Revista NOS, la agitaba en alto y se ufanaba: “con esto me los voy a cagar a todos, a Caamaño (Jorge) también”. El listado incluía nombres de gente importante, direcciones, puntos de encuentro para entregar droga e incluso compras ”al rayeo”.
“¡Está bueno de mentiras ya!”, dice Isabel Pedreros. Por esas coincidencias de la vida, el 18 de noviembre de 2002, casi en la misma fecha en que fue secuestrado JMJ dos años antes, su hijo, ingeniero comercial, moría en Villarrica. TEC abierto tipo suicida por herida de bala, consigna el papel de defunción. Su urna la entregaron sellada. Diecisiete días antes su madre lo vio por última vez en San Pedro de la Paz. “¡Esa mujer te va a llevar a la tumba!”, le advirtió. Hoy, sigue creyendo que no hubo suicidio y de sus bienes -casa, imprenta, camioneta, un Mercedes Benz y cuenta en el Banco Chile- se hizo la viuda, que hoy tiene nuevo nombre y tres herederos reconocidos.
En breve contacto con Susana Ramírez preguntamos por el listado en cuestión. “Lamento no poder ayudar”, dijo. La ley 20.074 o de drogas (14.11.2005) protege identidad y exime a informantes de la policía -como es su caso- de responsabilidad criminal por delitos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.

Compañeros de armas entregan pistas

Por estos días, los presidentes de la Corte de Apelaciones de Concepción, Eliseo Araya, y de la Corte Suprema, Urbano Marín, deberían tener en sus manos sendos informes de Cristian Araos Díaz, Oscar Araos Guzmán y del mayor ® Andrés Ovalle. Dan cuenta de pistas concluyentes proporcionadas por funcionarios policiales en servicio activo respecto de los casos Matute, Cártel del Carbón y suicidio de Marco Martínez.
“Podemos ratificar todo lo que has dicho (…), somos varios los que estuvimos ahí. Ayúdanos a ayudarte”, dice, en parte el mensaje recibido que los motivó a contactarse con funcionarios policiales.
Con uno de ellos Marco Martínez Sánchez pasó varias horas, lapso en que no le comentó del caso Matute, pero sí se mostró desolado por estar detenido tras dar cuenta a sus superiores de “oficiales ligados al tráfico de drogas en Coronel”. Desconsolado, el prisionero se preguntaba por qué los buenos carabineros que dicen la verdad “tienen que pasar por esto”. Al funcionario (casado y padre de Alexa que el 20 de noviembre de 1999 cumplía 9 años), que vivía como allegado donde sus suegros, le preocupaba ser deshonradamente dado de baja por su denuncia.
¿Pero, qué más dicen las declaraciones de los funcionarios de Carabineros?
- Uno, que pidió reserva de identidad, asegura haber entregado con vida a su compañero de armas -el cabo Martínez- al teniente Jaime Guzmán Pons, quien prácticamente se lo quitó el 3 de julio de 2000, alrededor de las 23 horas. Tanto Martínez como el carabinero testigo y el teniente Guzmán se hallaban en dependencias del casino de la Prefectura de Concepción. Pero su cuerpo apareció en Coronel, en su lugar de trabajo. La hora mencionada, 23 horas, según el SML y Labocar aparece como el probable horario de deceso de Martínez. A él (carabinero testigo) le ordenaron “¡tú te vas!”, y sólo al día siguiente se enteró del deceso. “Si me preguntan, a Marco lo mataron, a mí nunca me llamaron a declarar”, dice.
-En dependencias del OS-7, siempre en Concepción, escucha al teniente Jaime Guzmán Pons agitar una lista donde aparecen nombres, contactos, fechas de entrega de drogas y teléfonos. Se trataría del ex Ministro del Interior, José Miguel Insulza, el ex Director de la PDI, Nelson Mery, y el fallecido Diputado por el distrito 46, Haroldo Fosa. Guzmán hizo llegar los antecedentes a Santiago y declaró ante la PDI.
-El 20 de noviembre de 1999, a las 4 de la mañana, el teniente Patricio Ramírez Cádiz llega muy nervioso y embarrado al cuartel del OS-7 en Concepción. Se ducha, cambia de ropa, mete la ropa sucia en una bolsa y la bota. Enseguida parte a San Carlos a vender su auto a la mitad de precio. Otro oficial lo acompaña. Al regreso, dice haber estado en una comisión de servicio. Ramírez es sumariado por no reconocer que estuvo en La Cucaracha el 20 de noviembre de 1999 y lo trasladan a Santiago. “Esta arista del caso nunca fue investigada”.
- Jefes del OS-7 anularon operativo de drogas a un cabaret de propiedad de Manuel Hernández (Mañungo) en Coronel. Cuando llegan al lugar sin avisarle a nadie, salvo a su jefe minutos antes, el dueño los esperaba en la puerta. “¡Putas que demoraron!”, les dice burlón.
-Marco Martínez corrió la misma suerte del cabo primero Sergio Muñoz por denunciar a oficiales ligados al tráfico de drogas en Coronel en 1995, momento en que habría empezado a organizarse el cártel de drogas en la zona. “Él fue al OS-7, llenó un formulario donde se identificó con nombre y apellido y denunció a sus superiores. Le dispararon por la espalda”.
-Su unidad fue la primera en realizar diligencias durante dos semanas, algunas de ellas en La Cucaracha, después del desaparecimiento de JMJ. En castigo, los siete investigadores quedaron inactivos en dependencias del cuartel hasta que varias semanas después a cada uno los trasladaron a distintos puntos, sin saber la causa.

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El hilo de la madeja

Los datos entregados a los ministros presidentes Araya y Marín hacen especial referencia también al “suicidado” cabo primero Sergio Muñoz, ocurrida el 9 de septiembre de 1995, por denunciar formalmente a oficiales ligados al tráfico de drogas, y quien en rigor muere asesinado por la espalda en Coronel.
De aquella muerte, en versiones de prensa de la época, Sergio Muñoz, el padre del carabinero, del mismo nombre, dice: “él sabía muchas cosas porque trabajó en la comisión civil. Él sabía de gente de alto nivel metida en la mafia del narcotráfico”.
La viuda de Muñoz, Magaly Pedreros, halló el cuerpo de su marido con un disparo en la cabeza entre el primer y segundo piso del edificio colectivo donde vivían en Coronel. Poco antes, un sargento lo había ido a buscar al departamento y bajaron juntos. Eran las 9 de la mañana y Sergio Muñoz se había retrasado una hora en presentarse al trabajo. En la víspera, había estado celebrando su onomástico en “la casona de Mirla”, hermana del narcotraficante Manuel Hernández Delgado, el Mañungo, y a su casa regresó bastante bebido.
“Yo creo que mi hijo descubrió algo grande y hubo gente interesada en silenciarlo. El informe de Carabineros acredita una herida de entrada de bala por la parte derecha de la cabeza y una de salida por la izquierda, el SML dictaminó que era a la inversa. Si fuera suicidio, debería haberse disparado con la mano izquierda y mi hijo era diestro”.
Al cuerpo no se le hizo prueba de pólvora a las manos y el Lacrim de la PDI en Santiago no halló ni siquiera huellas del propietario en el arma empleada (Crónica, 19.10.2000).

Murió a manos de sus camaradas de armas

“Siempre supimos que lo mataron. Peor aún, que lo mataron sus colegas”, dice Marta Martínez (45), la hermana del carabinero Marco Martínez.
El pasado 1 de noviembre, la familia halló un ramo de flores y una tarjeta anónima sobre su tumba en el Cementerio Municipal de Coronel: “Dios te bendiga, te llevamos en nuestro corazón”. No les sorprende, cuenta Marta, porque el cabo era querido y respetado por su trato humano incluso con los delincuentes. A 10 días del deceso, uno de ellos, Carlos Herrera, (el Caltrán) se le acercó: “a su hermano lo mataron porque sabía donde estaba Matute, y ese está (en presente) camino a Santa Juana en un búnker (container)”.
En vísperas de su muerte, estando retenido en la Primera Comisaría de Concepción, Martínez logra ponerse en contacto con el abogado David Sverlij, quien acompañaba a Mirla Hernández a visitar a Mañungo, su hermano detenido. Martínez le cuenta que están tendiendo una cortina de humo destinada a terminar irregularmente el caso Matute, y le pide ayuda profesional. Ofreció pruebas y se las entregaría al día siguiente. No alcanzó.
Leticia, su mujer, las halló. En una libreta roja que Martínez logró deslizar por el forro de su chaqueta antes de morir, figura el nombre de Rogelio Iginio Jaramillo Rojas, cuidador de una parcela en el camino a Santa Juana. A Zunilda, su madre, el carabinero le comentó que fue con el sargento Pedro Martínez (el zapatilla) al camino a Santa Juana a hablar con un viejito; volvió una segunda vez solo y “ese viejito Jaramillo le dice que JMJ está ahí, abajo o debajo de un cerrito. Marco también dibuja (en su agenda) un camping en construcción de propiedad de Juan León y un cuerpo dentro de un container que, suponemos es el búnker del que habla Caltrán”, recuerda Marta. Cuatro años después, a unos cientos metros al frente del lugar indicado a Martínez encuentran los restos de JMJ.
Jaramillo Rojas muere a manos de su yerno en un episodio de violencia intrafamiliar. El mapa y las coordenadas de donde se hallaba JMJ estaban en una segunda agenda del carabinero (que alguien entregó a la familia) y conducía a la parcela que resultó ser de un amigo de Bruno Betanzo, el dueño de La Cucaracha, como comprobó la familia Martínez fingiendo buscar un sitio apropiado para un paseo de curso de fin de año.
El plano se mostró incluso en TV (Canal 9 Regional), pero nadie buscó ¿o no quiso buscar?

Se le cayó una herramienta

Con el paso de los años, los Martínez se convencieron que el cabo marcó su sentencia de muerte cuando empezó a investigar el homicidio del bombero Hugo Díaz Aguilar, quien falleció el 21 de mayo de 2000 a manos de tres sicarios, menores de edad, que lo esperaron a la salida de una discoteca: 28 puñaladas le propinaron.
Los apodos de quienes mataron a Díaz (19) que recién regresaba de su servicio militar obligatorio en Punta Arenas, también fueron anotados por el funcionario de la comisión civil en su libreta roja: el comadreja, el guarén y el araña.
Eran los primeros días de mayo de 2000. Díaz y su abuelo estaban reparando el baño del comisario Helmuth Schulbach, en la comisaría de Coronel. En un momento, el muchacho se queda solo y escucha una conversación al teléfono: “cuídate, huachito. No vayas mucho a la tienda, te andan siguiendo la pista, no saques el auto”. El jefe policial cuelga el aparato, entra una segunda persona a su oficina y le dice: “andan cerca de Omar en la parcela Santa Juana, donde está Matute”.
En el peor momento, a Díaz se le cae una herramienta. “¿Y vos, escuchaste algo…?”, le preguntaron. El muchacho fingió no haber escuchado nada. Contó la historia al abuelo y a sus amigos e intentó extorsionar. “Le costó la vida”, refirió su madre, Marisol Aguilar, a la familia Martínez cuando fue a darles el pésame por la muerte del carabinero Martínez el 10 de julio de 2000.
¿Tiene Helmuth Schulbach la llave maestra para aclarar la muerte de Jorge Matute Johns?

Más muertes

María Teresa Johns, Zunilda Sánchez, Isabel Pedreros o Marisol Aguilar no son las únicas que lloran a sus hijos. Hasta el final de sus días, en 2005, Rosa Cancino Causa creyó que el teniente Fernando Matamala Cancino (24) fue asesinado y que no murió a consecuencia de un accidente de tránsito en el camino a Chiguayante, el 9 de marzo de 1996. El oficial  jefe de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Temuco, en calidad de lo cual viajó al menos dos veces a su ciudad natal, Coronel, como agente encubierto, había estado investigando la mafia de la droga (Crónica, 20.10.2000).
El día del accidente, frente a la discoteca Búfalo, el joven carabinero conducía su Peugeot 505 recién comprado, lo acompañaba su hermana y estaba saliendo de la vereda, donde se había estacionado para proseguir viaje. Murió varias horas después a causa de una negligencia médica en el Hospital Regional de Concepción. Un informe del SML de Santiago avala que hubo “aplicación inadecuada” de procedimientos médicos.
“La Siat acreditó velocidad excesiva, que el teniente Fernando Matamala se cambió de pista y volcó, no se determinó intervención de terceros”, precisó el abogado de la causa, Adolfo Montiel.
En el expediente del caso Matute (fojas 10.815), sin embargo, hallamos una amplia declaración del teniente ® Jaime Guzmán Pons sobre el vínculo entre Carabineros y Cártel del Carbón que como OS-7 investigó durante 6 años, a partir de 1993, cuando fue destinado a Concepción.
Ante la PDI, el 13 de abril de 2001, entre otras materias, el retirado oficial (“me hicieron una investigación secreta y pasé de lista 1 a 4 de eliminación”) cita el caso de Chiguayante y al oficial Darwin Illanes, quien le atribuye responsabilidad al ex prefecto de Concepción, coronel Acuña Alorza. El ex jefe policial -declara Guzmán- “habría chocado el vehículo del teniente Matamala Cancino por atrás y producto de eso se habría producido el accidente”.

FBI protestó por rompimiento de la cadena de custodia

La causa madre “secuestro y obstrucción a la justicia” que comenzó a instruir en 1999 la jueza Flora Sepúlveda y prosiguió el juez instructor Juan Rubilar “no se encuentra sobreseída” aclaró desde Zurich, Europa, el abogado Fernando Saenger Gianoni, quien pidió más de 20 diligencias al tribunal tendiente a esclarecer el caso de JMJ.
Una de ellas corresponde a si hubo o no interrupción de la cadena de custodia de las muestras de fluidos de la “ruta de sangre” levantadas por la bioquímico Shirley Villouta en dos oportunidades en La Cucaracha, que pasaron por cuatro manos distintas antes de llegar al FBI, según consigna un documento con el timbre de “secreto” en poder del mayor ® Andrés Ovalle.
De acuerdo con el informe, por sugerencia del jefe de gabinete del Ministerio de Justicia (administración Frei Ruiz Tagle), el procedimiento fue: subsecretaría de Justicia, subsecretaría de RR.EE, embajador de Chile en Estados Unidos y agregado policial, coronel Marcos Pacheco Kurtz, quien en definitiva llevaría las muestras al FBI. El documento lo firma el general Juan Antonio Cid Ortega, director de investigaciones delictuales y drogas subrogante. Más tarde asumió el cargo el general Juan Donati Pino.
Tal irregularidad en el protocolo fue representada incluso a las autoridades por el agente legal del FBI en Chile, Kevin W. Currier. “Pidió que se le diera a conocer mediante un documento el sistema del envío para informarlo a sus pares en Estados Unidos. Era una situación anormal. No se puede asegurar la inviolabilidad de muestras si pasa por cuatro manos distintas y no una, como comisionó la autoridad judicial ante la autoridad administrativa, diplomática y política. A mí, el general Donati me dijo que no me hiciera la idea que iría a Washington”, dijo Ovalle.
-¿De dónde saca Alex Matute que estas muestras eran de pintura?
-Eso denota desconocimiento total, lo que se empleó para el levantamiento de esas muestras fue Luminol y ese químico sólo detecta sangre; ninguna otra cosa.
Antes de enero próximo, la Corte de Apelaciones de Concepción no revisaría esta causa tras la apelación de la familia Matute en contra de la decisión del juez Rubilar de abrir y cerrar la causa tras las declaraciones de Cristian Araos Díaz a Revista NOS. En su edición de agosto de 2009, el psicólogo jurídico forense y perito delitológico dijo: “en los nexos de los protagonistas que hicieron suya la investigación del caso para su encubrimiento están las respuestas de quién mató a JMJ”.
El ex intendente Martin Zilic, aludido por el profesional, reaccionó interponiendo una querella por injurias en contra de Araos ante el Ministerio Público. Está en trámite.
En su momento también, (2001), siete jóvenes fueron encausados por obstrucción a la justicia, pero el 25 de abril de 2006 la Corte Suprema confirmó una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción que desestimó el auto de procesamiento en contra de dos de los inculpados -Oscar Araos Díaz y Jaime Rojas López- en calidad de autores del delito de homicidio de JMJ, como pretendía el Consejo de Defensa del Estado.
“Tampoco existe en autos ningún antecedente ni elementos de los que emanen presunciones fundadas en orden a que OAD y JRL han tenido alguna vinculación con la muerte de JMJ cualquiera que hayan sido las circunstancias en que ella se hubiera producido”, concluye la resolución.
“Estamos frente a un tipo de crimen organizado que surge en plenitud, con bastante anterioridad al desenlace de Jorge Matute Johns y que al parecer sigue vigente en Coronel”, plantea Cristián Araos Díaz. Hoy, datos provenientes de funcionarios en servicio activo que, incluso hacen notar un eventual enriquecimiento ilícito de superiores vinculados a tráfico de drogas (usarían costosos vehículos BMW serie 700 y Hyundai Santa Fe del año) permitirían reafirmar que una misma mano estaría detrás del secuestro de JMJ, en la muerte de tres civiles y tres uniformados, ocurridas entre el 9 de septiembre de 1995 y el 18 de noviembre de 2002, y en la “lista política” de consumidores de alto rango.