$ 55 millones para familia sobreviviente al tsunami en Santa Clara. El remezón 8.8 de los supremos

destacado-santa-clara-Sra-María--1María del Carmen Valenzuela, viuda de Carlos Ovando, quien murió producto de las graves lesiones que le ocasionó el tsunami.

 

A cuatro años del 27/F y dos intentos fallidos de los tribunales locales, la Corte Suprema pone fin a cuatro años de dolor de los Ovando-Valenzuela, cuyo jefe de hogar, un huachipatino jubilado, escuchó al ex intendente Tohá en la radio; confió en su palabra e hizo quedarse a los suyos en su casa. “Si lo dice la autoridad, así debe ser”, le dijo a su hoy viuda.  Tragaron y vomitaron barro y medio muerto en vida los rescató del techo de su casa uno de los mocetones de Santa Clara en un bote.  Un tirón de orejas a las autoridades de la época a quienes le recuerdan su responsabilidad en los hechos que derivaron en  el deceso de 77 personas en el país y ocho en Santa Clara, en Talcahuano, donde vivían los Ovando.  Para el abogado Adolfo Ortega Aichele la palabra del máximo tribunal constituye un “remezón espiritual”; ya presentó una segunda demanda indemnizatoria, pero dice que cada caso amerita ser estudiado, porque las olas no llegaron a la misma hora. No obstante,  el ex gobernador Eric Aedo precisa que algunos marinos “con toda la delicadeza del caso” le confiaron que la primera ola entró a las 4 de la mañana,  poco antes que el ex intendente asegurara en la radio Bío Bío que no había alerta de tsunami.

 

Por Sonnia Mendoza.

 
Aferrada al retrato de su marido, María del Carmen Valenzuela Flores vivió otro Día de San Valentín sin la serenata ni las flores que, en cada ocasión, bien tempranito, le ofrecía Mario Ovando Cáceres, su fallecido esposo. Se conocieron en un baile en 1967, en San Pedro de la Paz. Ella tenía entonces 18 años y siguieron juntos hasta el fatídico 27/F, cuando la segunda ola que asoló a Talcahuano, en el sector de Santa Clara donde vivían con sus cuatro hijos, lo dejó medio muerto en vida. Debajo del agua intentaron seguir de la mano, aunque la fuerza de la misma que los revolcó, como si hubiesen estado en una centrífuga, terminó por separarlos.
A tientas, trepando por una reja inclinada, ella logró la primera bocanada de aire y lanzó el primer grito desesperado llamando a Álvaro, el nieto de 11 años que vivía con ellos; Mario Ovando ganó la superficie un poco más tarde y “antes que llegara la tercera ola, mis hijos encontraron una escalera para subirnos al techo de la casa y sacaron una cama para tender a mi esposo. Vomitábamos barro y el frío nos calaba hasta los huesos. Si no llega el bote, habríamos muerto los dos”, dice de los rescatistas, jóvenes de la población en su mayoría, que entre las 6 y las 8 de esa mañana a bordo de botes artesanales e inflables (zodiac) se dedicaron a rescatar a los sobrevivientes desde los techos y a las víctimas que perecieron en las aguas lodosas. Un par de ellos cuenta también, en esta edición, lo que fue esa experiencia.
En dos cuadras de esta población de 800 familias, próxima a Isla Rocuant, que nació y creció junto al Matadero y luego con las plantas de harina de las pesqueras Vásquez, Torres Basaur y San Miguel en la década del 90, murieron Rosa Azócar (76), María Hidalgo (73), Arturo Arancibia (3), Alfredo Ramírez (81), Clemira Berríos (53), Bernardita Hormazábal y Eduardo Suárez (64), además del mismo Mario Ovando que agonizó tres días en el Hospital Las Higueras donde finalmente pereció por asfixia por inmersión el 2 de marzo de 2010 a las 4.10 horas.
En una camilla María aguardó su turno; una enfermera le quitó sus ropas embarradas y empapadas hasta los calzones y le pidió al hijo que rezaran: “Todos creían que yo me iba a morir y del fallecimiento de mi esposo me enteré en el hospital de Los Ángeles donde estuve 13 días. Allá me llevó mi hijo Claudio algunos días después cuando hubo otro sacudón y ordenaron evacuar. Ni supe cómo llegué a lo alto del cerro la U con la botella de suero a cuestas y una frazada. Yo miraba y en mi imaginación veía el agua pisándome los talones… Al lado mío había una niña que estaba a punto de dar a luz. Estaba mal ella y no recuerdo en qué momento tuvo la guagua. Después, mis hijos me contaron que habían dejado a mi marido con llave en la iglesia, donde lo estaban velando y salieron a buscarme”.
En un fallo histórico y que aún sorprende al abogado Adolfo Ortega Aichele (42, divorciado, dos hijos), después de dos intentos fallidos en primera y segunda instancia, la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó que el Fisco indemnizara a la familia Ovando Valenzuela con $55 millones. De este monto, $20 millones serán para María; $10 millones para Roberto, Mario Esteban y Paulina, tres de sus cuatro hijos, y $5 millones para Álvaro Muñoz Ovando, el nieto. “Yo tengo una pensión de $165 mil y todo lo pago en un préstamo que pedí posterremoto y que he repactado varias veces. Estoy encalillada hasta las orejas”, cuenta de las vicisitudes que ha tenido que pasar, pese a que durante los primeros nueve meses su cuñada, Laura Ovando, los acogió en su casa, en Chiguayante. Pero ella no quería molestar y al mes regresó a Manuel Bayón 275, donde no quedó nada. Hoy, en el sitio de 240m2 que el esposo huachipatino compró con gran esfuerzo en 1977 –“él trabajaba duro para que estuviéramos todos cómodos”- el Gobierno le construyó una casa (52m2, dos pisos) a su hija Paulina y a ella le dieron un departamento en Hualpén.
“Estoy conforme con lo que me han ayudado, pero yo me moví para que se hiciera justicia y (durante el proceso de la demanda) todo era plata: que un timbre, que una firma, que un papel de notaría, que los pasajes. Dejé los pies en la calle. Papel que me pedía el abogado, yo lo entregaba, porque si mi marido no hubiera escuchado al intendente Tohá en la radio, nos habríamos salvado. Pero él confió en la palabra de la autoridad; eso es lo que más me ha dolido siempre y pasó mucho tiempo para que lo pudieran reconocer”, dice.
-¿Usted podría aclarar en qué momento escucharon hablar al intendente Tohá?
Mi esposo siempre manejaba su radio portátil y su linterna en el velador; prendió la radio y ahí lo escuchó. En el living nos tenía a todos sentados y bien abrigados; por la obscuridad no se podía salir. Incluso llamó a mis hijos diciéndoles que no pasaba nada. Si estaba hablando la autoridad y diciendo que no había riesgo de tsunami, así debía ser. En eso escuchamos gritar a la hija de la señora María: “¡Se viene el agua!”, dijo. Salimos y vimos cómo se venía un bulto negro por ambas bocacalles. El ruido era tremendo. Los siete nos tomamos de la mano, pero fue como caer adentro de una juguera y no podíamos salir. A mi nieto lo tiraron arriba de un sillón que estaba flotando y mi hija se tomó del parachoques de un auto que quedó encaramado sobre otro. Cuando logramos salir, yo ya no tenía fuerzas y ahí nos vieron los hijos y nos ayudaron. Ellos quedaron bien magullados también.
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Un fallo de corazón

El abogado Adolfo Ortega no aventura si obtendrá un nuevo fallo favorable para sus representados Silvia Gutiérrez Sanzana y otros en la demanda por indemnización de perjuicios ($160 millones) que acaba de interponer en contra del Fisco por la muerte de Juan de Dios Gutiérrez Rioseco (70) en Talcahuano, a causa de una asfixia por inmersión el mismo 27/F mientras cumplía funciones de vigilante en la Aduana de Talcahuano, en avenida Blanco 475.
En su escrito, los demandantes exponen que producido el terremoto, el oficial de guardia del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), teniente primero e ingeniero en Hidrografía y Oceanografía, Mario Andina Medina, expidió un alerta de tsunami a la Onemi minutos antes de las cuatro de la mañana. La Onemi pidió confirmación vía fax, la que el Shoa despachó a las 04.07 horas. No obstante tal alerta, el organismo de emergencia nacional, “inexplicablemente no informó a los desamparados ciudadanos que había un alerta de tsunami en curso (…) que finalmente terminó arrasando parte significativa de Talcahuano, donde se encontraba la Aduana. Pasadas las horas, salimos en busca de nuestro padre cuyo cuerpo fue encontrado después del mediodía en las intersecciones de San Martín y Aníbal Pinto de Talcahuano”.
“Cuando uno lee sentencias que son tan claras en distinguir lo que corresponde –dice Ortega en relación al fallo indemnizatorio para los Ovando-Valenzuela-, se conmueve. Es como si los ministros se hubieran transportado, el día que les tocó fallar, a la misma hora del 27/F y que hubieran estado junto con esta familia viviéndolo. La manera en que comprenden el terremoto y tsunami es de una claridad total. Uno dice hay ministros que aplican todo su conocimiento y razonamiento, pero otros se ponen en el corazón de las personas afectadas para avalar y evaluar el dolor que sufrió. La emoción va por el lado de la redacción de la sentencia que hace que uno sufra un remezón: Tenemos jueces que son capaces de entender a las víctimas”.
-¿No es usual entre nuestros jueces o sí?
Yo diría que sí; he visto que los tribunales se han acercado a las personas. Hay mayor difusión de los fallos; la gente está ansiosa de justicia y la quiere por distintas cosas, desde un choque hasta situaciones como éstas y los tribunales dan una respuesta; antes, como no había una página web, había la percepción que los tribunales no hacían justicia, pero ahora es distinto, uno se puede enterar de lo que está pasando.
-Después de esta sentencia ¿cada víctima puede querellarse en contra del Estado o tiene que haber una convergencia de situaciones específicas para obtener un resultado favorable?
Cada caso tiene sus propias particularidades. Hay familias afectadas por el tsunami o expuestas a las aguas lodosas, como dice la Corte Suprema, y se quedaron en sus viviendas o lugares de trabajo porque oyeron al intendente. Evidentemente ello constituye un principio de responsabilidad del Estado que amerita una demanda y una indemnización. Cada caso es distinto. Hay un montón de situaciones que se conjugan aquí. Todo tiene que ver con el arribo de las olas a los distintos lugares.
Hay casos en que ni aún con un aviso oportuno habrían alcanzado a arrancar. Las olas fueron muy rápidas, algunas llegaron pasadas las 4 de la madrugada. La verdad que es poco lo que la autoridad podía hacer. Pero aquí hubo una diferencia de casi tres horas en el caso de Gutiérrez y en el de Ovando también, porque la primera ola entró a las 6.05 horas y el intendente habló… Yo tengo entendido, yo lo escuché y otra gente lo escuchó hablar a las 4.18 horas, pero se ha asentado que él habló a las 5.17 horas. Hay una hora que está perdida.
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Adolfo Ortega, abogado de los Ovando-Valenzuela.

Marzo: primer condenado

El 31 de marzo de 2014, a cuatro años del tsunami que afectó las costas del centro y sur del país, se dictará la primera condena en contra de uno de los siete acusados del denominado caso Tsunami . Según lo acordado, la pena será de 541 días remitidos en el juicio abreviado que la Fiscalía Occidente ofreció para el imputado Osvaldo Malfanti Torres, ex jefe de turno de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), a quien se le atribuye responsabilidad en el cuasidelito de homicidio de 77 personas.
Según fuentes que conocieron de las conversaciones entre el Ministerio Público y la defensa de Malfanti (El Mercurio) se acordó pedir en el juicio abreviado una condena en libertad de 541 días. Esto a cambio de que el imputado reconozca “expresamente” su responsabilidad en la alerta fallida de maremoto que investiga la fiscal regional Solange Huerta.
-¿Cuán importante es el fallo Ovando para el juicio que se lleva adelante en contra de algunas autoridades políticas del primer gobierno de Michelle Bachelet?
Para las autoridades políticas de la época hay un reproche importante porque, en el fondo, aquí se actuó en base a una probabilidad: que el tsunami no se iba a producir. En una circunstancia así, lo que la justicia dice es que “es una falta de servicio”, porque se actuó en base a una probabilidad no obstante que la naturaleza daba certezas contrarias con un mega terremoto grado 8.8 en la escala de Richter y vivimos al lado de la costa. La prudencia aconsejaba decirle a la gente: arranque. Las razones de por qué esta calma, no lo sé; incluso uno ve videos en que ciertas autoridades aconsejan mal a las autoridades políticas; de alguna manera prefirieron evitar el pánico en circunstancias que lo había por todos lados. Pedirle a la gente que arrancara habría sido lo mejor.
-¿Y así se lo representan los jueces?
A lo que llaman los jueces es a cumplir con lo que está en la Ley Base de Administración del Estado: responsabilidad. Un cargo político es un cargo importante, de elección popular o de designación, todos llevan envuelta la responsabilidad. Cuando está en las manos de las autoridades el resguardo de las vidas o de los bienes, lo que se les exige es el máximo celo en el cumplimiento de sus funciones. Aquí no lo hubo y en el caso del señor Gutiérrez, tampoco. La realidad es que nunca se dio la alerta de tsunami. A las 9 de la mañana todavía no había certeza en circunstancias que las costas ya estaban totalmente arrasadas por el tsunami. Nunca se dio la alerta, desinformaron a la ciudadanía.
-Y eso quedó acreditado en la sentencia. Por lo mismo ¿tiene o no valor esta sentencia para las responsabilidades que persigue la fiscal Huerta?
No, son carriles distintos. El civil tiene que ver con la responsabilidad del órgano mismo; del Estado por el actuar de sus funcionarios, pero no culpamos a nadie salvo el caso de la familia Ovando en que sí responsabilizamos al intendente Tohá por la manera en la que él abordó la situación. Su forma de actuar fue muy elusiva. La gente estaba indignada con este señor que dio la orden de quedarse en las casas.
-¿Y el senador Navarro para quien usted presta servicios no tiene pensado iniciar acciones en contra de Tohá?
No, no, porque las acciones penales…
-De los antecedentes por ustedes recabados, muchos testigos presentados por el caso Ovando precisan al tribunal que se quedaron en sus casas luego de escuchar al ex intendente Tohá…
Nosotros estamos representando penalmente a siete familias en este juicio que lleva la fiscal Huerta. Tohá no está formalizado, pero presentamos una querella criminal por estos hechos, no acusándolo directamente porque la verdad, lo que él dijo no sabemos si fue porque se le ocurrió o alguien se lo dijo. Él sostiene que el contraalmirante (r) Roberto Macchiavello le dio la información y el otro lo niega; preferimos que la fiscal determine los hechos. Generalmente se generan dos acciones: una penal, que busca determinar culpables penales, y una civil que busca tener justicia, reparación.
-Navarro se caracteriza por ir a la yugular de su víctima y no es un hombre que suelte tan fácilmente la presa. Aquí, ¿estaría incidiendo de algún modo que es políticamente afín con el ex intendente para no perseverar en la búsqueda de la verdadera responsabilidad?
No, no, no. El tema de las afinidades políticas no tiene nada que ver. Lo que se busca es justicia y reparación. Es decir si aquí hay alguien que cometió una infracción penal, la querella criminal se va a presentar de todas maneras. En este caso, a través de su equipo de abogados – o sea yo- me lo plantea y si hay mérito para querellarse, se hace. Hemos presentado siete querellas en contra quienes resulten responsables. En el caso de Tohá sabemos que habló y lo que dijo, pero no podemos decir que él es culpable penalmente hasta que no sepamos o no se esclarezca que a él se le ocurrió esto o se lo planteó otra persona. El Fisco (Consejo de Defensa del Estado), por ejemplo, en la contestación de la demanda, dice que el intendente cuando habló cometió un error derivado de la “falsa información que los técnicos le entregaron”. Estamos investigando qué técnicos son: si la recibió del Shoa, de la Onemi, de la Armada, quién fue.

Los rescatistas

De esa madrugada donde, parafraseando a García Lorca todo era muerte y sólo muerte en Talcahuano, Dichato y otras localidades de la zona, los rescatistas Jorge Pacheco Conejeros (34) y Bruno Bermedo (35) hoy trabajando en montajes eléctricos en las mineras del norte, concuerdan en que, frente a una catástrofe como la del 27/F, volverían a salvar vidas.
A Jorge (casado, dos hijos) lo animó su padre cuando le dijo: “¡Ya huevón. Aquí estamos en la guerra, si hay que meterse al agua y nadar, lo hacemos!” Así en dos botes que hallaron varados comenzaron a recorrer las calles de Santa Clara bajo dos metros de agua ayudándose con palos. Todo el día, hasta las 18 horas, estuvieron socorriendo gente que se había encaramado en los techos y sacando cadáveres bajo toneladas de barro nauseabundo.
“Había mucha gente de la tercera edad que no podía valerse por sí mismos. Los llevábamos hasta la avenida Colón, que era la parte más seca, y ahí los rescataban otros familiares y se los llevaban”, evoca.
Y cuenta que dos días se demoraron en hallar el cuerpo de Eduardo Suárez, el hermano del vecino que estaba de visita en Talcahuano. Era de Santiago. Cuando lo encontraron, el cuerpo estaba hinchado y deforme, pero más impactante fue sacar el cadáver del zapatero Alfredo Ramírez de quien piensa murió de un infarto. Lo encontraron boca abajo junto a su silla de ruedas.
“Yo me di cuenta que algo andaba mal cuando empezó a salir agua desde las alcantarillas; mucha gente había arrancado hacia Colón, pero bomberos y carabineros la hicieron volver a sus casas porque no había riesgo de tsunami. Cuando me vi con el agua en los pies, corrí a sacar a mi señora y a mi hija; después volví a ver a mi papá y nos pusimos a sacar a la gente. Yo no critico a la Presidenta, pero sí al Shoa. Todos los marinos arrancaron, pero fueron incapaces de avisarle a la población. Habría sido mejor prevenir que lamentar”, dice.

88-santa-clara-Bruno-BermedoBruno Bermedo salvó vidas, rescató cadáveres y se transformó en uno de los tantos héroes anónimos del 27/F.
 

Y el pilar de su casa, como se presenta Bruno Bermedo, cuenta que después de haber puesto a salvo a su madre y hermanas en uno de los cerros del puerto, volvió a la población y en un par de botes de la Caleta El Morro que hallaron en Colón, junto con sus hermanos, recorrieron las calles inundadas de Santa Clara.
Todos ellos, cuenta, son nacidos y criados en la población donde jugaban al fútbol, y como su compadre, Jorge Pacheco, recuerda que lo que más les costó fue echar arriba del bote al zapatero Ramírez ya fallecido. “Si volviera a pasar, haría lo mismo. Durante tres o cuatro días, hasta que aparecieron sus dueños, estacionábamos los botes frente a la panadería y a su propietario le ayudamos a repartir pan y harina. Fue la primera en hacer pan y eso es algo que la gente no ha agradecido lo suficiente”, concluye.
 
 

En junio de 2012, el ex gobernador, Eric Aedo Jeldres, relató a NOS que él fue la primera autoridad que se constituyó el día del 27/F en la Prefectura de Concepción, donde se  montó el puesto de mando porque “en ningún otro edificio podríamos tener soporte de energía, comunicacional, despliegue de motoristas y de radiopatrullas para una primera aproximación de lo que estaba pasando”, como dijo en la oportunidad.
Y agregaba que en el comité de emergencia tenía que estar el intendente, gobernador, seremis, autoridades de orden y de seguridad, militares, jefes de servicios y la Onemi, pero no todos llegaron. “Nadie tenía que esperar que lo llamaran por teléfono o lo fueran a buscar. Cuando te nombran autoridad, tienes un buen sueldo, pero hay otras responsabilidades también”, y contaba que antes de las cuatro de la mañana en ese puesto de mando sólo estaban el general  de Carabineros, Eliecer Solar, él y el intendente.
-¿Y en qué momento apareció el contraalmirante con la información de que no habría tsunami?
Lo que aparece es un alto oficial de la Armada y gente de la avanzada presidencial que esa noche estaba en el hotel Diego de Almagro (la noche del sábado 27/F la Presidenta Bachelet  botaría al mar el barco de investigación oceanográfico que después apareció entre un montón de arena en medio de la bahía) y otros oficiales de Carabineros. Cuando llega ese alto oficial de la Armada (4.20 horas), le informa al intendente que el epicentro es en tierra, en Cauquenes, a 35-75 kilómetros de profundidad y que dadas esas condiciones se descarta el tsunami y lo que se iba a producir, seguramente, era una variación de marea.
El intendente recibe esta información y pide que la corrobore. A esa hora la Radio Bío Bío estaba al aire y conversaban con Jacqueline van Rysselberghe. Es ahí cuando se produce la comunicación radial entre el  general Solar con la Base Naval. No sé con quién habló, pero desde allá le ratifican la información que nos habían dado presencial.  El general Solar vuelve a repetir en voz alta lo mismo que había dicho el oficial de la Armada y la transmite a Tohá. Con esa información Tohá dice: “Vamos a la radio. Y fuimos….”.
Eran las 4.40 horas del 27/F y repite en la entrevista que le hacen Piero Mosciatti y Eliana Véjar que el tsunami está descartado y habla de variación de marea; minutos después, el intendente Tohá insiste en que ha recibido un nuevo telefonazo del  contraalmirante Macchiavello en que reitera que no hay alerta de tsunami y eso es a las cinco de la mañana. Luego aparece  el  diputado Ulloa, vestido de bombero y relata lo que le había pasado a la señora de Lucho Fregonara. Cuando nos vamos retirando, ingresa Jaime Arévalo, el director del Serviu y cuando se iba, le pidieron combustible para seguir con la radio al aire. Cuando Tohá empezó a hablar (4.35 horas), la primera ola ya había entrado a Talcahuano.
-¿Y cómo lo corroboró usted?
Porque mi hermano Francisco Javier Aedo Jeldres, que vivía en el edificio frente al puerto de Talcahuano, arrancó por las ventanas del segundo piso de su dormitorio hacia los balcones del edificio donde vivía. Mientras Tohá relataba que no había tsunami, él estaba escuchando en su MP 3 la radio e intentaba comunicarse conmigo. En ese minuto ya había entrado una ola y estaba entrando la segunda (4.35 horas). Todo el mundo me relata que la primera ola de gran envergadura fue a las cuatro de la mañana.  Marinos que se comunicaron conmigo con 20 mil delicadezas para que no los vieran, dicen que a las 4 de la mañana entró la primera ola y a las  4.40 horas la segunda ola. Ambas fueron altamente destructivas en Talcahuano.
-¿La falla siempre estuvo en la Armada, entonces?
– Es que hubo una falla garrafal respecto del punto de vista de la apreciación que dio la Armada a la Región y lo peor es que no se contó con un sistema de comunicaciones. Esto nadie lo quiere decir en el país. Si hubiese sido un acto bélico, nos destruyen. No había comunicaciones; no sabíamos qué pasaba en Chiguayante o en Coronel. Me demoré cinco horas en dar la vuelta para ir a mirar qué es lo que pasaba en San Pedro y en Coronel  y lo único que lográbamos hacer era mirar  y volver al punto de reunión para verbalizar lo que había visto. La última visita a los puentes  la hicimos al mediodía del sábado 27 por una Costanera que era una verdadera montaña rusa. Estuvimos en Alto Río. Me fui manejando el jeep de la gobernación; de copiloto iba el seremi del MOP, Miguel Ángel Carvacho, y atrás Tohá y Jacqueline van Rysselberghe. De lejos el Juan Pablo Segundo se veía bien, pero cuando bajamos a las cepas, estaban todas quebradas y así y todo cruzamos. Allí también llegó el almirante Macchiavello; cruzamos con él el Juan Pablo Segundo y tomamos la decisión de cerrarlo. Cuando volvimos a la Prefectura para una segunda conferencia de prensa, la Armada seguía hablando de “variación de marea” y resulta que yo, a las 7.30 horas, me volví a reunir con Macchiavello en la Prefectura y él me había informado de la destrucción de la Base Naval y de Asmar producto del tsunami.

O’Higgins 680, 4° piso, Oficina 401, Concepción, Región del Biobío, Chile.
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