Abogados ¿calidad o cantidad?

En los días recientes, motivados por las palabras del Presidente de la Corte Suprema, en cuanto a la supuesta sobreabundancia de profesionales abogados, se ha abierto un interesante debate. Se ha dicho que se titulan muchos y que la calidad es desigual; se propone un examen nacional y algún control sobre las instituciones que imparten la carrera. Sobre estos temas, quienes nos dedicamos profesionalmente a la enseñanza del Derecho tenemos algo que decir.
En primer término, en cuanto a la supuesta relación entre calidad y cantidad, es una afirmación que no puede aceptarse sin reflexión. Hasta los años ochenta, menos de diez universidades impartían la carrera en el país. En razón del competitivo proceso de selección (la antigua PAA), los alumnos eran en general muy competentes ¿lo eran también sus educadores? Veamos. La “calidad”, en los actuales parámetros de la educación superior, tiene un contenido muy concreto: número de profesores de planta, profesores con grado académico de magister o doctor, infraestructura, biblioteca y recursos de apoyo a la docencia; productividad académica en términos de investigación o extensión, actualización de los planes curriculares y, en general, calidad del servicio que se presta a los estudiantes ¿Basta que exista un corto número de instituciones para asumir calidad en todas ellas? A lo mejor todas la proporcionaban, pero ¿en qué actividad alguna vez el monopolio per se ha producido calidad?
Si realmente queremos asegurar calidad en la formación, necesitamos transparencia en la información y criterios claros, a fin de que los futuros estudiantes hagan la mejor elección. Creemos que la acreditación de las carreras, con todas sus imperfecciones, apunta en la dirección correcta, en cuanto permite a los alumnos tomar decisiones más informadas y favorece el mejoramiento continuo.
Actualización
Esto nos lleva a la propuesta de un examen nacional para los futuros abogados, que se reflota de tiempo en tiempo. De esa forma podría asegurarse, se sostiene, la calidad de la formación. En verdad, valoramos la preocupación de jueces y dirigentes gremiales sobre la calidad de la enseñanza, pero creo que el foco debe ser más amplio. Lo que interesa es la calidad de los abogados que ejercen la profesión, para quienes la formación es sólo el primer paso. Así, ¿quién vela por la actualización y competencia de los abogados? Hoy, con las frecuentes reformas legales (en el proceso penal, en familia, en derecho laboral) quién asegura la competencia de los colegas? En Estados Unidos son obligatorias 12 horas anuales mínimas de formación continua para poder ejercer. Estos son los temas que deberían ocupar al Colegio de la Orden. De la misma forma, hoy por fortuna las personas que ejercen la delicada tarea de administrar justicia deben pasar por la Academia Judicial, pero ¿son suficientes seis meses de formación? De manera que el debate por fuerza debe ser más amplio, si nos interesa la calidad de la profesión jurídica. El examen nacional no es una mala idea, pero tiene riesgos. Puede deformar la educación jurídica, transformándola en una larga preparación para el examen nacional, castigando la innovación curricular y creando sesgos indeseables; así ocurre con la PSU en los últimos años de educación secundaria. Tal examen, además, puede no favorecer ni medir competencias prácticas, tan necesarias en los nuevos sistemas procesales.
¿Hay muchos abogados en Chile? Para responder seriamente la pregunta no bastan los números absolutos ni referencias a los titulados en el pasado. Sobre todo si es evidente que en el sistema antiguo el acceso a la educación superior era elitista y restringido. Más evidente todavía era la consecuencia: muy pocos chilenos tenían verdadero acceso a la justicia. Ni siquiera hoy, con un Estado más robusto y mejor financiado ha sido posible asegurar un acceso mínimo. Por falta de espacio no daremos cifras, pero sí un simple ejemplo. En enero acompañamos a los alumnos a los trabajos de verano, que la universidad impulsó en la zona de Recinto, en la precordillera de Chillán. ¿Con qué nos encontramos? No hay un abogado a ochenta kilómetros a la redonda; apenas uno en Pinto, una vez por semana; para encontrar un Notario o Conservador debe la gente viajar a Chillán ¿es eso justo? Esta situación se repite en muchas localidades de Chile. En las ciudades, el problema mayor es el financiamiento, al punto de que el Estado ha tenido que hacerse cargo de proporcionar defensores laborales y penales.
La conclusión es que el debate no debe centrarse en la formación, sino en la calidad de la profesión jurídica; y su foco debe estar, más que en el exceso de profesionales, en el verdadero problema de Chile, si aspira a una verdadera igualdad de oportunidades: el acceso a la justicia.
Armando Cartes Montory
Abogado
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Master of Laws
Diplomado en Comercio Exterior
Decano Facultad de Derecho
Universidad San Sebastián

O’Higgins 680, 4° piso, Oficina 401, Concepción, Región del Biobío, Chile.
Teléfono: (41) 2861577.

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