AGÁRRATE CATALINA

Álvaro Fernández Ferlissi Abogado tributarista.

Hace pocos días tuve la oportunidad de conocer uno de los primeros casos donde el Servicio de Impuestos Internos recalificaba un contrato sin la necesidad de que interviniera la justicia ordinaria. Esto es, habiéndose celebrado un contrato de compraventa, el ente fiscalizador sostenía que lo que se había suscrito era un contrato de donación.

Lo curioso del caso es que el fundamento legal de la recalificación encontraba su origen en la Ley de Donaciones. Vale decir, no se estaban aplicando las nuevas normas anti elusión incorporadas al Código Tributario, sino que una norma de antigua data.

Dicha conducta revela, sin lugar a dudas, que la entidad fiscalizadora está comenzando a emplear todas las herramientas legales destinadas a incrementar la recaudación, de modo que debieran venir más recalificaciones.

Lo recién descrito podría considerarse un hecho aislado. Sin embargo, parece estar en sintonía con lo expresado en la última cuenta pública presidencial, ante la cual el mundo empresarial se mantenía expectante respecto de la anunciada rebaja de la tasa del impuesto de primera categoría del régimen semi integrado, desde un 27 a un 25 %. No obstante, lo anunciado fue muy distinto, las tasas se mantienen por tiempo indefinido y se prometió presentar un proyecto de ley destinado a simplificar los costos y gastos asociados al cumplimiento tributario.

Si bien el referido anuncio resulta plausible como señal económica destinada a asegurar para el Estado ingresos estimados entre los 700 y mil millones de dólares, entra en total contradicción con lo prometido durante la campaña presidencial por el actual gobierno, que era ajustar la tasa del impuesto a las empresas al promedio Ocde.

Las razones esgrimidas se encuentran asociadas al déficit fiscal, hecho que por sí solo constituye una causa necesaria. Sin embargo, pareciera ser que la idea es mantener el actual estado de calma que reina en el Congreso, evitándose crispaciones y discusiones innecesarias que pongan término anticipado a esta nueva versión de “la voluntad de los acuerdos” que, de una u otra manera, tiene como objetivo mayor transformar a Chile en un país desarrollado durante la próxima década.

Dicho lo anterior, y en espera de tales acuerdos, la verdad es que el Fisco se encuentra endeudado y anda en busca de recursos, acentuándose, por tanto, la labor de la Administración Tributaria.

De modo que parece sano poner un mayor énfasis en que las cosas se realicen conforme a la ley, ocupándose de guardar fiel registro y constancia documental de todos los hechos o actos jurídicos realizados, para que no le terminen calificando de donación un contrato de compraventa. 

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