Alcalde Rivera sigue en El Manzano Ni el “colilargo” pudo con el Ministerio Público

Tras dos intentos fallidos por recuperar su libertad, en el último de los cuales la defensa invocó riesgo para su vida por el virus hanta en el penal, el alcalde Marcelo Rivera Arancibia deberá seguir en El Manzano al menos hasta marzo. La autoridad está imputada por cuatro delitos; el más grave es la acusación por lavado de activos que le posibilitó comprar una decena de bienes inmuebles y vehículos a nombre de su mujer e hijo y a nombre propio por 134 millones de pesos. Además de 7 asesores municipales, también está imputado por cohecho reiterado el empresario Rubén Moraga Rojel, quien le pagó 105 millones de pesos por dejarlo operar con su arenera sin ningún control.

Justo en el Día de los enamorados, el alcalde Rivera volvió a comparecer ante el tribunal. Esta vez ante el juez del Cuarto Juzgado de Garantía, José Burgos Flores, quien terminó denegando la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domicilio en Bristol 3159, Hualpén, resuelta el 27 de enero pasado por la jueza Humilde Silva Gaete y ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 31 de ese mismo mes.
Enfundado en jeans, camisa abierta y casaca azul, custodiado por gendarmes, llegó esta vez al tribunal por la puerta de los imputados y se instaló entre sus abogados Marcelo Villena y Marcelo Llanos. Salvo su nombre a viva voz, no dijo palabra alguna; tampoco cuando el juez lo envió de nuevo a la cárcel. Minutos antes y expectantes ante la resolución del magistrado, familiares y cercanos al alcalde, entre ellos la concejal Fabiola Lagos, con los ojos cerrados y las manos entrecruzadas, oraban en silencio. Algunas mujeres sollozaban y su hijo Miguel fustigaría más tarde “ensañamiento” contra su padre. Estaba molesto.
El brote de hanta virus que causó en febrero la muerte de dos internos en El Manzano II, cárcel concesionada vecina a la que se halla el alcalde, fue propicia el 14 de febrero para que su defensa Marcelo Villena insistiera en la revisión de la prisión preventiva como medida cautelar en la causa RIT 3.493-2010 con nueve imputados. Apenas pudo, el fiscal José Aravena López demolió tal argumento con la lectura de dos informes de Gendarmería. No hay riesgo para el alcalde en particular ni para la población penal en general que el ratón colilargo siga haciendo de las suyas en El Manzano. Todo está bajo control, dijo. Remarcó sí el fiscal que lo que el Ministerio Público cuestiona en esta causa “es la probidad infringida por el alcalde”, y ni manos alzadas de pobladores ni de autoridades afines al imputado podrían con la cautelar en discusión.
Al inicio de la audiencia de revocación de la prisión preventiva para el alcalde Rivera, el abogado Villena citó la profusa publicación de prensa y declaraciones incluso del ministro de Salud en la zona, Jaime Mañalich, respecto de la emergencia sanitaria, pero además, para avalar que el alcalde no es un “peligro para la seguridad de la sociedad”, como decidió la jueza Silva Gaete en su momento, invocó cartas de reconocimiento a la gestión alcaldicia que le permitió ser reelecto con un 76% de votos; certificados de honorabilidad de sus pares de Chillán Viejo, Felipe Aylwin Lagos; de San Fabián de Alico, Cristian Fernández Gómez y de Coihueco, Arnoldo Jiménez Venegas, de algunos concejales y del consejero regional (jefe de gabinete de la Municipalidad de Hualpén) Bernardo Daroch Avendaño, de obispos y pastores de la Iglesia Evangélica y más de 600 firmas de dirigentes deportivos, culturales, de clubes de adultos mayores y vecinales.
“Nuestra petición de arresto domiciliario total o parcial está ajustada a derecho (artículo 155 del Código de Procedimiento Penal) y se puede establecer para garantizar el éxito de la investigación y resguardar la seguridad de la población, y al mismo tiempo, para evitar poner en riesgo un bien más importante: la salud de nuestro representado. Aquí, no hay peligro de fuga”, argumentó el abogado Villena.
A su turno, incluido el momento de derecho a réplica de las partes, el alegato del fiscal José Aravena López, fue simplemente demoledor. Precisó que los antecedentes aportados por la defensa carecían de “calidad” para revocar la medida cautelar; recordó los cuatro delitos perpetrados por el imputado y que la defensa “no puede caricaturizar (por ello) el concepto de peligro para la sociedad”, además de hacer presente que la emergencia sanitaria está controlada según informes oficiales de Gendarmería: “El módulo 9 y el dormitorio 4 (que ocupa el alcalde junto a otros 50 internos de baja peligrosidad) reúnen las condiciones sanitarias básicas que minimizan el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas”, precisó.
En cuanto a los delitos que retienen al alcalde Rivera en la cárcel, el fiscal Aravena recordó que se trata de delitos funcionarios o derivados de aquel -–cohecho, exacción ilegal, fraude al Fisco y lavado de activos- cometidos en su condición de autoridad: “Lo que está en juego es la probidad. La probidad como valor es la que habría –y hay presupuestos para aquello-infringido el alcalde Rivera en el ejercicio de sus funciones, de modo que los ocho certificados de buena conducta, 27 cartas de apoyo, reconocimientos y agradecimientos y cuatro libros con firmas de vecinos, desde el punto de vista procesal no modifica lo que el tribunal tuvo a la vista cuando decretó que la libertad del imputado es peligrosa para la sociedad”.
Y remató el fiscal Aravena su alegato al precisar que los antecedentes exhibidos por la defensa no eran ni suficientes ni atingentes ni alteraban las condiciones de gravedad, pena y delito que se le atribuyen a Marcelo Rivera para mantenerlo privado de libertad. “El reconocimiento del electorado o parte de aquellos y de autoridades a su gestión, al menos desde el punto de vista procesal no tiene influencia; sí la puede tener en otras esferas, pero la condición de peligro para la sociedad no se va a resolver a mano alzada entre los pobladores ni entre las autoridades”, fustigó, al solicitar al juez Burgos –y éste confirmar “por ahora”- la cautelar de prisión preventiva.
 

El 27/E

Entre sollozos y oraciones de sus familiares y amigos, el alcalde Rivera fue enviado de vuelta a la cárcel. Esta vez, sin embargo, el número de partidarios fue muy reducido a diferencia del 27 de enero cuando hubo desbordes histéricos y un terremoto emocional en Hualpén. Ese día, de poco y nada sirvieron tampoco los vistosos letreros –“Estamos contigo Marcelo”- o la presencia de dirigentes sociales de Hualpén en las afueras del Juzgado de Garantía, en Talcahuano, mapuches incluidos, para “darle ánimo y fortaleza al señor alcalde”, porque Marcelo Rivera Arancibia terminó yéndose a prisión preventiva celosamente guardado en el carro de Gendarmería BY RD 42 rumbo al módulo 9 de El Manzano, de imputados y condenados mayores de 50 años.
Ni una imagen suya ingresando al carro de los presos, ordenó la jueza de Garantía Humilde Silva Gaete al concluir la jornada de más de ocho horas en el tribunal de Talcahuano, y dónde se develaron los cargos contra los ocho imputados en la investigación secreta de seis meses que llevó adelante el Ministerio Público. Carabineros, gendarmes y funcionarios cumplieron al pie de la letra la resolución de la magistrada y la cincuentena de adherentes a Rivera, mujeres en su mayoría que se mantuvieron conversando y saludando en particular a la madre del alcalde Rivera durante todo el día, estallaron en llanto, maldiciones y en un griterío ensordecedor.
No les gustó a sus partidarios que enviaran al alcalde a la cárcel, pero “esté donde esté, va a ser nuestro líder”, se escuchaba decir mientras otras voces culpaban a la prensa de la desgracia del señor alcalde, desgracia que para el Ministerio Público no es más ni menos que la comisión –comprobable- de cuatro delitos graves en un funcionario público: cohecho – recibió dádivas y privilegios del empresario Rubén Moraga Rojel-; fraude al Fisco, porque este mismo empresario extrajo gran cantidad de arena, autorizado por el alcalde, y pagó derechos muy menores a la Municipalidad de Hualpén; exacción ilegal, por solicitar recompensas ajenas a los derechos legales y lavado de activos, porque con los dineros recibidos por medio del fraude fiscal y cohecho, el jefe comunal habría adquirido un total de 10 bienes inmuebles y vehículos, tres inscritos a nombre de terceros y siete a nombre propio en distintos registros públicos por un total de 134 millones de pesos.
Desde temprano hubo agitación en el tribunal de Talcahuano. A las 8.15 horas del viernes 27 de enero, siete de los 8 imputados ya hacían antesala para entrar a la sala de audiencias 3 en el cuarto piso. El último en llegar fue el secretario municipal Nelson Cuevas Muñoz, imputado por fraude al Fisco, y quien como los restantes funcionarios de Hualpén, Mario Gutiérrez Pastorini, jefe del departamento de personal (fraude al Fisco); Patricio Garrido Valenzuela, director de aseo, ornato y medio ambiente (fraude), Eduard Jara Nova, periodista (fraude), José Miguel Peña Virgili, secretario de planificación (fraude), Gastón Sanhueza Muñoz, director de obras municipales (cohecho) y el concejal Miguel Rivera Morales (cohecho) deberán firmar mensualmente en la Fiscalía de Talcahuano y no podrán salir del país (arraigo nacional).
A pesar de los rostros preocupados que se advirtieron por momentos en el curso de la audiencia de formulación de cargos, y emulando la operación de rescate de los 33 mineros de la mina San José, en Copiapó- a poco de conocerse de manera oficial la penalidad impuesta, los imputados tuitiaban al impaciente jefe de gabinete de la Municipalidad de Hualpén, Bernardo Daroch Avendaño: “Estamos bien en el hoyo los 8”.
Unos más que otros, por cierto, pues siete imputados pudieron volver a su trabajo en la Municipalidad. No así el alcalde Rivera, quien, mientras dure su prisión preventiva, deberá ser subrogado por el administrador municipal, César Arriagada, y reemplazado en el cargo si en el Tribunal electoral – en la línea política administrativa- prosperara una solicitud de destitución por notable abandono de deberes, escrito presentado por el concejal de Renovación Nacional, Gabriel Torres, y su par del PPD, Luis Isla, el que ya fue acogido a trámite.

 Risas y sonrisas

Impecable en su traje oscuro y corbata roja lucía esa mañana del 27 de enero el alcalde. Estaba sentado junto a los demás funcionarios –de su confianza todos ellos- en la estrecha sala del tribunal y la prensa, apretujada y de pie, podía observar tras suyo su incipiente calvicie mientras una impertérrita jueza, escuchaba los cargos del fiscal de Temuco –y cabeza de la investigación secreta que expiró para los intervinientes el 5 de febrero – Francisco Ljuibetic.
El grupo intercambiaba miraditas y sonrisas de vez en cuando mientras el fiscal detallaba cómo, con préstamos en Coopeuch, diez funcionarios del círculo del alcalde, incluidos cinco de los ocho imputados, lograron reunir un fondo de $20 millones correspondiente al precio pactado en la escritura pública (4 de noviembre de 2008) de compraventa del inmueble de calle Finlandia Nº 1404, en la Población Armando Alarcón del Canto, destinado a “Casa ciudadana” y de cómo, también, se estructuró el pago de esos préstamos, entre un $1.065.188 y $5.300.000, con el pago de horas extraordinarias que se efectuaron con recargos calculados al 25 % y/o al 50%, dependiendo del caso, por un monto total de 35 millones 469 mil 142 pesos entre octubre de 2008 y diciembre de 2010.
“Los imputados Rivera y Gutiérrez, en sus calidades de alcalde y jefe de personal de la Municipalidad de Hualpén en el período que va entre los meses de octubre de 2008 a diciembre de 2010, consintieron en que se defraudara al municipio, causando un perjuicio de a lo menos $35.469.142. El primero, autorizando las horas extraordinarias expresamente respecto de cada uno de los funcionarios y directivos mencionados, independiente de que si eran o no necesarias para el servicio, o de si estaban o no autorizadas oportunamente, y a sabiendas de que no habían sido trabajadas, y el segundo, solicitando el pago de las mismas al Departamento de Finanzas de la Municipalidad, sabiendo que correspondían a horas extraordinarias no trabajadas, desde donde finalmente se pagaban mensualmente dichas horas”.
Por horas extraordinarias, en definitiva, Rivera y su jefe de personal Mario Gutiérrez Pastorini, autorizaron el pago de 57 millones 108 mil 474 pesos para el pago de los créditos Coopeuch obtenidos por cinco directivos, cuatro funcionarios y un amigo de la Municipalidad por 38 millones 849 mil 306 pesos. Las cuotas variaban entre 60 mil 683 pesos y 280 mil 535 pesos.
Pero el alcalde Rivera congeló su sonrisa cuando, casi al final de la audiencia, se leyeron sus cargos como único imputado en los hechos 4 y 5 descritos en detalle por Ljuibetic, esto es, la recepción de un maletín con 100 millones de pesos del empresario Moraga Rojel (delito de exacción ilegal) y la inversión de esos dineros (lavado de activos, el delito más grave que enfrenta) que decidieron a la jueza Humilde Silva enviarlo a El Manzano y otorgar al Ministerio Público un plazo de tres meses para proseguir con la investigación. Otorgarle la libertad, según lo resuelto por la jueza, constituía “un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Lo que dijo Ljuibetic a la jueza Silva sobre los $ 100 millones

El fiscal expresó que en 2009, 2010 y 2011, el alcalde de Hualpén aceptó recibir distintas cantidades de dinero del empresario José Rubén Moraga Rojel, representante legal de Inmobiliaria Las Tejas Limitada, tanto en dependencias municipales como en otros lugares, a cambio de otorgarle autorización para la extracción de áridos en Hualpén sin tener toda la documentación habilitante para tal actividad y ordenando inclusive paralizar un procedimiento de clausura (decreto alcaldicio n° 0245, de 5 de febrero de 2007, clausura que se verificaría el día 7 del mismo mes). El primer permiso municipal concedido fue mediante decreto alcaldicio n° 540 de 18 de febrero de 2008, y luego dispuso que inspectores municipales no fiscalizaran a Las Tejas, a diferencia de otras extractoras de áridos de la comuna, “aceptando que dicha empresa informara los volúmenes de extracción de arenas a su arbitrio, sin ningún tipo de control, no pudiendo determinarse los derechos municipales a los que la empresa se encontraba afecta por dicha actividad en forma fidedigna, resultando de ello el cobro de menores derechos que los correspondientes, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales”.
Ljuibetic expuso que por hacer vista gorda con Las Tejas, el alcalde Rivera aceptó recibir y recibió para sí la cantidad de $100 millones de pesos en efectivo (7.10. 2009) en dependencias de la sucursal Catedral de Concepción, del Banco Santander de parte de José Rubén Moraga Rojel.  Un mes después (26.11. 2009) recibió para sí el cheque Serie 1CO Nº 0005262 417, de la cuenta corriente Nº 074-00-56728-4, del Banco Santander, de Inmobiliaria Las Tejas Limitada, girado por José Rubén Moraga Rojel, por un millón de pesos, el que cobró por caja en el mal Plaza del Trébol, Víctor Castro. Al año siguiente (22. 02. 2011), Moraga le giró un segundo cheque por $2 millones, el que cobró Mario Gutiérrez Pastorini y el 8 de marzo de 2011, cobró un tercer cheque por $2 millones, lo que equivale a un total de $105 millones de pesos.
En relación al delito de lavado de activos, el más serio de los cargos a Rivera, el fiscal de La Araucanía, nombrado tras el impasse surgido entre el ex fiscal Andrés Cruz –que concluyó en su alejamiento del Ministerio Público- y el actual fiscal regional Julio Contardo, dijo que éste “a sabiendas que las utilidades percibidas tenían un origen ilícito, realizó acciones con el objeto de ocultar o disimular tal origen, dándoles apariencia de legitimidad; y adquirió, poseyó y utilizó diversos bienes, igualmente con el mismo origen, con ánimo de lucro, conociendo de su espuria génesis”.
Por esta vía, lo cual representa un patrimonio total por $134 millones según detalló al tribunal, compró una casa en Finlandia n° 1404, en la Población Armando Alarcón del Canto, Hualpén ($20 millones); un station wagon Ford explorer, año 2009 ($18 millones), un auto Suzuki Swift, 2006 ($3,5 millones), departamento en Condominio de Triana ($30 millones), lotes 3 y 4 de la Quinta Las Helitas, Yumbel, dos hectáreas de superficie ($20 millones); lote C, Parcela San José, 0,77 hectáreas, Yumbel (un millón de pesos), Casa ciudadana ($4 millones), camioneta Nissan, año 2010 ($17 millones); inmueble en Malaquías Concha n°834-836, San Vicente ($7,5 millones), inmueble pasaje Bristol n°363, Población Armando Alarcón del Canto ($6,5 millones) y un inmueble en avenida Finlandia n°1416, en la misma población, en 6 millones de pesos.
-¿Pero qué pasó, en definitiva, con los 80 millones de pesos que le fueron sustraídos post terremoto al alcalde desde su departamento de los Conquistadores n° 8695, departamento 903, Condominio Rodrigo de Triana?, le preguntamos al fiscal Ljuibetic al concluir la jornada de fuego cruzado en el tribunal.
“Se han indagado todas las aristas y lo cierto es que, a partir de la propia denuncia que formuló, él ha sostenido que fue parte de lo que le fue entregado en octubre de 2009 y que eran $100 millones en total. Eso se indagó y tenemos antecedentes adicionales que nos han permitido sustentar lo que hoy pedimos y comunicamos a los imputados”.
-Al comienzo de la investigación se habló de delitos por mil millones de pesos y en un cálculo a vuelo de pájaro la verdad es que hay mucha distancia entre lo primero que se dijo y lo que se ha conocido esta mañana…
Lo cierto es que jamás señalamos un monto sobre el particular. Son elucubraciones que salieron durante la etapa investigativa. La Fiscalía jamás ha informado sobre montos y tampoco ahora lo puedo realizar. Lo que sí es importante precisar es que en los delitos de corrupción pública, la pena a aplicar no importa -y eso es lo relevante- o no conlleva (no se aplica en relación con) la cantidad de dinero que ha sido afectada en las arcas municipales, en este caso de la Municipalidad de Hualpén.
-En una entrevista a NOS y a propósito de este misma investigación secreta que usted dirige, el alcalde Rivera aseguró que de “Hueón no tengo ni un pelo” para indicar que todo lo suyo estaba en regla. Hoy ¿se han cambiado los papeles, diría usted?
“(Jajaja..) Él tiene que ver dónde le aprieta su zapato, no más…”.

El noveno imputado

El mismo día que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción -presidida por la ministra Sara Herrera e integrada por magistrados Jaime Solís e Irene Godoy- ratificó en decisión unánime la prisión preventiva para el alcalde Marcelo Rivera, cinco días después de ser formalizado por los delitos de cohecho; fraude al Fisco, exacción ilegal y lavado de activos por un total de 134 millones de pesos, el juez Raúl Martínez Henríquez, del Primer Juzgado de Garantía de Talcahuano, decretaba arraigo nacional y firma mensual en la PDI de Concepción al empresario Rubén Moraga Rojel, por cohecho reiterado y quien se expone a una condena de 541 días a 3 años y un día por el ilícito.
Moraga pagó 105 millones de pesos al alcalde Rivera para dejarlo operar de manera libre con su empresa arenera en Hualpén y su defensa pidió, días después, revisión de la cautelar por un viaje a Alemania programado por el empresario con anterioridad a su formalización. El tribunal denegó tal solicitud.
Firme en su posición y sin ceder al delito de exacción ilegal se mantuvo en cambio el también empresario Gastón Sanhueza Muñoz, quien –en el relato del fiscal Francisco Ljuibetic acerca del modus operandi de ocho de los nueve imputados-, el 27 de enero de 2012, dijera que en febrero de 2010, el alcalde le pidió en dos oportunidades 5 millones de pesos “como condición para otorgarle el permiso municipal de extracción de áridos que éste había solicitado a la Municipalidad, para empezar el trámite, sin perjuicio de arreglar otro acuerdo más adelante”. En un tercer intento, por el alcalde actuó su hijo y concejal Miguel Rivera, quien se reunió con Sanhueza en el Mall Plaza Trébol, pero éste no cedió a las exigencias.
El propietario de CGNAmbiental ha denunciado por estos días amenazas, y que no obstante contar con los permisos de la dirección de Obras Hidráulicas y un certificado de factibilidad otorgado por la Municipalidad de Hualpén, le han negado arbitrariamente el decreto municipal para operar, luego de que prestara declaraciones ante la Fiscalía Regional en el marco de la investigación del caso Rivera.

O’Higgins 680, 4° piso, Oficina 401, Concepción, Región del Biobío, Chile.
Teléfono: (41) 2861577.

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