¡Aquí, por favor! La cárcel que Los Ángeles quiere a toda costa

Es el propio gobernador Luis Barceló quien ha liderado una campaña para que Los Ángeles sea sede de la nueva cárcel. Sí, una cárcel. Diez posibles terrenos de la provincia de Biobío y otros dos de Ñuble se juegan la decisión final que será tomada “ojalá dentro de este año”, dicen las autoridades de Gobierno, por los equipos técnicos del Ministerio de Justicia y Gendarmería.
Por Nicolás Durante Parra
Parece raro que una autoridad de gobierno defienda de forma tan vehemente que se instale una cárcel en la provincia donde es el gobernador. Luis Barceló lo hace y repite hasta el cansancio los porqué. “Primero, porque la que existía se destruyó para el terremoto. Segundo, porque la que se destruyó no puede ser repuesta en el mismo lugar, porque es urbano, y hay que sacarla de ahí. En tercer lugar, porque estamos con una alta tasa de cesantía en la provincia y necesitamos obras públicas, de infraestructura, que contribuyan a dar mayor empleo”, recalca el máximo representante del Ejecutivo en la provincia de Biobío.

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Y sus gestiones han dado frutos, porque aunque Chillán venía pidiendo sacar su recinto penal del centro de la ciudad, incluso desde el 2005, la solicitud de Los Ángeles tuvo eco y hoy ya se habla de una cárcel “biprovincial”. Si bien en los números la provincia que comanda Barceló presenta menos población penal que Ñuble (323 internos versus 1.041), la jugada del independiente ha sido decisiva. Bastó con que el Ministerio de Justicia abriera la posibilidad de construir un edificio penitenciario de alto nivel y que pidiera que las provincias postularan terrenos donde instalarse, para que desde la casa de gobierno de Los Ángeles enviaran diez propuestas, “y siguen llegando”, adelanta el gobernador. Mientras que desde Ñuble, sólo se presentaron 2. Punto para Barceló.
A pesar de que ha sido el propio Gobierno el que ha pedido la mayor reserva sobre las ubicaciones específicas, “para no causar revuelo”, han dicho, ya se sabe que los terrenos de Biobío se ubican al norte de Los Ángeles, e incluso al norponiente. De esta forma, con mapa en mano, quedan las posibilidades de que sea en los límites con comunas como Yumbel, Cabrero o San Rosendo y Laja.
Y polémicas anticipadas, aunque las han tratado de evitar a toda costa, ya han ocurrido. Cuando el gobernador dijo que la cárcel se ubicaría al norte de Los Ángeles, las miradas fueron inmediatamente al Salto del Laja. Operadores turísticos pusieron el grito en el cielo y el Gobierno lo descartó de plano. “Pero eso fue sólo fantasía, porque un terreno allí nunca estuvo en los planes”, comenta el secretario regional ministerial (seremi) de Justicia, Jorge Cáceres.

Luis Barceló, gobernador.
Luis Barceló, gobernador.
“Quien decide el tema no es el gobernador, es el Ministerio de Justicia y Gendarmería. A la fecha, hay diez terrenos y han llegado otros más en la zona de Los Ángeles”, vuelve a decir Barceló. Todos, detalla, son terrenos particulares porque eso es lo que pidieron. Sobre los terrenos fiscales responde que “eso lo ve la seremi de Justicia. A mí lo que me pidieron fue que buscara terrenos particulares y eso es lo que hice. Bienes Nacionales podría tener la otra respuesta”.

Pisar sobre huevos

Flanqueado por un conjunto de profundas reformas (tributaria, educacional y las laborales y constitucionales, que se vienen), el Ejecutivo lo que menos quiere es fabricarse un nuevo dolor de cabeza, menos si para volver al poder se autodefinieron como los representantes de movimientos ciudadanos. Los mismos que alegaban contra HidroAysén, Punta de Choros o Freirina. Por lo mismo, las decisiones sobre la locación que finalmente califique serán tomadas con criterios técnicos, pero también políticos, adelantan conocedores del proceso.
Quizás por ello ni la presidenta Michelle Bachelet ni el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, se refirieron al tema durante sus últimas visitas a la zona. La orden a nivel central es clara: que se vea como la toma de una decisión por los técnicos sectoriales del Gobierno para que no haya cuestionamientos políticos de ningún lado.
“Los gobiernos tienen que tomar en consideración la opinión de la gente y para eso estamos. La idea es que el Ministerio de Justicia socialice las propuestas y que sean terrenos que afecten lo menos posible actividades humanas, tanto residenciales como comerciales”, compromete Luis Barceló.

Jorge Cáceres, seremi  de Justicia.
Jorge Cáceres, seremi de Justicia.
Lo que sí juega a favor tanto en Los Ángeles como en Chillán, es que las dos cárceles presentaron graves problemas, incluso derrumbes de muros y fuga de reos para el terremoto de 2010, lo que provocó que la misma gente pidiera el retiro desde el centro de las ciudades. Con ese factor clave argumentaría el Gobierno.
Sea el lugar que sea, quedará lejos de poblaciones o de sectores turísticos y así la oposición debería disminuir. Además, tal como dice el gobernador, la entrega de empleos, justo en un período de desaceleración económica en el sector privado, vendría de maravilla.
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No había nada

El tema de la cárcel no es nuevo para las autoridades políticas locales. Pero parece que sí en la cartera de Justicia.
Según revela el secretario regional, cuando llegó al cargo pidió de inmediato todos los antecedentes de lo que se había avanzando en el asunto o de los trámites, estudios y decisiones que se habían tomado en el período anterior.
La respuesta de los funcionarios de la entidad fue a coro: no había nada. “No había nada, sólo versiones de prensa”, recalca Cáceres.
Lo que se ha hecho hasta ahora es recepcionar los antecedentes y se enviaron todas las fichas de los terrenos a Santiago. Serán los técnicos tanto del Ministerio de Justicia como los de Gendarmería los que decidan en la capital el futuro centro penitenciario en Biobío o en Ñuble.
“No está claro que sea en la provincia de Biobío. A mí me gustaría, pero el Gobierno puede que decida otra cosa y la locación sea en la provincia de Ñuble. A mí puede que no me guste mucho, porque yo quiero tener obras para disminuir los efectos de la cesantía, pero es el ministro de Justicia junto al Presidente de la República el que decide”, asume Barceló. ¿Gestiones en La Moneda? “Sin duda que las estamos haciendo. Están escuchando, lo que no significa que la decisión vaya a ser la que a mí me guste”, responde.
“La lógica indica que uno o dos (terrenos) van a clasificar y luego hay que socializar con las autoridades y con las personas. Siempre una decisión de estas características tiene externalidades negativas, pero son siempre más los beneficios que los perjuicios. El Estado tiene que tomar estas decisiones y son importantes para la comunidad (…) Nosotros pretendemos que no exista una oposición ciudadana. Socializando los proyectos se puede avanzar”, declara el seremi de Justicia.

Sin fechas ni planos

Si no hay definiciones claras sobre dónde se va a emplazar el recinto, menos hay detalles de cómo será. Sí, líneas generales.
“Es un centro de alto estándar. La inversión no está definida, pero costaría entre 35 mil y 45 mil millones de pesos. Se habla de alrededor de mil internos. Puede ser un valor mayor. En gobiernos anteriores se habló de 2.400, nosotros de eso no nos hacemos cargo, porque cuando yo llegué a la seremi consulté los antecedentes que había y no había una carpeta, no había nada”, detalla Cáceres.  En lo que sí hace hincapié el seremi es que quieren que en el nuevo centro sea clave la reinserción. “Realmente queremos cumplir con el mandato legal de reinsertarlos a la sociedad e insertarlos al mundo laboral. Y en eso Gendarmería de Chile ha avanzado mucho. De hecho, donde tenemos las menores tasas de reincidiencia es con la reinserción laboral”. En número, la tasa de reincidencia para población recluida bajo condiciones “normales” alcanza hasta el 60 %, mientras que en aquellos que son parte de planes de reinserción, cae drásticamente al 8 %.
Otra de las características que tendría es que no será concesionado al estilo de El Manzano 2. “Las concesiones ya no van más. Determinado por el Estado, la relación costo-beneficio no es eficaz ni eficiente. Es muy caro respecto del servicio que prestan si se compara con las administradas por Gendarmería”, explica Cáceres.
Eso sí, dice que el penal nuevo de Concepción ha funcionado bien, pero que es excesivamente caro. Según cálculos oficiales, mantener un recluso en un recinto administrado por el Fisco alcanza los $ 300 mil mensuales. En una cárcel concesionada el monto se acerca a los $ 600 mil.  “No es que aseguremos que Gendarmería lo vaya a hacer mejor, pero con los estudios que hay vía costo-beneficio, indican que sale más a cuenta”, revela.
Sobre fechas y plazos para la toma de decisiones, no hay nada claro.
“No hay ningún plazo determinado, pero ojalá podamos tener definida de aquí a fin de año alguna locación”, responde al respecto Barceló. Y Cáceres complementa con que “yo me autoimpuse antes del 31 de julio mandar los terrenos. Y ya se cumplió. Están en el Ministerio. Los equipos técnicos de Santiago tienen que decidir. No me quiero cazar con plazos, porque ustedes después me los cobran a mí”.
Al mismo tiempo, recalca que esta obra no estaba dentro del programa de gobierno, pero que se va a llevar a cabo como un compromiso presidencial.
“Está tomada la decisión de que haya un recinto, no es que exista una competencia con otras regiones. Eso sí, las gestiones realizadas por Los Ángeles han sido muy bien vistas desde Santiago”, concluye Jorge Cáceres.
 

La realidad penal dedos provincias en cifras

Actualmente, en la provincia de Biobío se encuentran los recintos penales de Yumbel (139 internos), Los Ángeles (37 internas), Mulchén (147 reclusos), que absorben población de bajo y mediano compromiso delictual. Los Ángeles sólo mantiene población penal femenina y un sistema de reclusión nocturna, mientras que Yumbel y Mulchén, sólo hombres en calidad de condenados e imputados que pertenecen en su mayoría a la provincia de Biobío.
En el caso de Los Ángeles, la dirección regional de Gendarmería recordó que se perdió gran parte de su infraestructura con el terremoto y hoy mantiene sólo mujeres. Se debe considerar que en algún momento (antes del 27/F) llegó a albergar más de 600 internos.
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Mulchén y Yumbel no presentan plazas de reclusión disponible y están hoy en su capacidad máxima (no al límite). “Sin perjuicio de eso, Gendarmería aplica con periodicidad planes de redistribución ocupando las plazas disponibles para descomprimir o liberar penales circunscritos a comunas que presentan mayor tasa de ingresos, sujetos a órdenes de los tribunales”, indicaron en el organismo.
Mientras que en la provincia de Ñuble existe la cárcel de Chillán (600 internos), Bulnes (128), Quirihue (100), San Carlos (101) y Yungay (141). En estos dos últimos hay que sumar los Centros de Educación y Trabajo (CET) que albergan.
“Todos acogen población de bajo compromiso delictual habiéndose perfilado como unidades de conducta que eliminaron celdas de aislamiento (orientadas ahora a la educación y el trabajo), excepto Chillán, que tiene población de bajo y mediano compromiso delictual”, recalcan en Gendarmería.
De las cárceles de la provincia de Ñuble, sólo Chillán tiene sección femenina y en el caso de los Centros de Educación y Trabajo son preeminentemente masculinos.
Es importante considerar que Gendarmería presenta en la Región un porcentaje muy reducido de sobrepoblación y responde en la mayoría de los casos porque distribuimos a nuestra población penal atendiendo al arraigo familiar, para que ellos no pierdan su vínculo afectivo. Sin embargo, tenemos unidades penales con plazas disponibles de reclusión, como el caso de los penales Concepción Biobío (Manzano 2), Coronel, Arauco, San Carlos y los Centros de Educación y Trabajo (CET) en Concepción, Cañete, San Carlos y Yungay, que poseen plazas disponibles y han crecido en infraestructura”, declaran desde la máxima autoridad regional de la institución.
Consultados sobre la factibilidad de construir una cárcel biprovincial, prefieren no referirse. “Son respuestas que no están en manos de la autoridad de Gendarmería, menos a nivel regional, por tratarse de proyectos que escalan a nivel ministerial. Gendarmería sólo está abocada a la custodia y seguridad penitenciaria, sin perder de vista la dignidad humana e impulsa, además, planes de reinserción social bajo una mirada integradora”.

O’Higgins 680, 4° piso, Oficina 401, Concepción, Región del Biobío, Chile.
Teléfono: (41) 2861577.

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