En el año 2004 se conocieron los primeros resultados de acreditación institucional, proceso que revolucionó la educación superior chilena y que, en mi opinión, le ha hecho mucho bien. Hasta la fecha, este ejercicio se ha realizado 75 veces, lo que implica que al año 2007 el 77% de los alumnos estaban matriculados en alguna institución acreditada. Quienes han participado exitosamente han comenzado a ser parte de un sistema de educación superior que mira hacia la excelencia. Pero existen limitaciones de información que nos impiden avanzar.
La Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior N° 20.129 cubre dos aspectos: las relaciones de calidad intra-institucional y entre las instituciones.
Respecto a la calidad intra-institucional, las instituciones de educación superior que han participado voluntariamente han avanzado hacia un sistema de mejora continua desde la autoevaluación. Las instituciones deben recopilar y ordenar una inmensa cantidad de datos que sirve para este fin.
Este autoconocimiento las ha ayudado a desarrollar políticas que aseguren dos áreas pilares: gestión institucional y docencia de pregrado o conducente a título. Sin duda que el objetivo mayor es instalar una cultura de la calidad. Sin embargo, todo este esfuerzo no tiene sentido si las instituciones no tienen la capacidad de compararse entre sí.
Respecto de la información entre las instituciones, la ley establece que le corresponde al Ministerio de Educación desarrollar y mantener un sistema nacional de información de la educación superior que contenga antecedentes de la aplicación de las políticas públicas para la gestión institucional y para la información pública, de manera de lograr una amplia y completa transparencia académica, administrativa y contable de las instituciones de educación superior.
No obstante, en la actualidad ¿Qué información poseemos? ¿Cuáles son las fuentes válidas y fidedignas?, ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son aquellos indicadores que permitirán la comparación entre las instituciones?.
El objetivo de este proyecto debiera ser generar una plataforma digital que provea de información referencial de cada una de las instituciones para que pueda existir una conveniente comparación entre la realidad particular de cada una de ellas respecto de sus pares.
Para ello, es fundamental definir indicadores que sean comparables, medibles, confiables, relevantes y actualizados periódicamente, y que se obtengan de una base de datos consistente, representativa y sobre todo validada. Indicadores como número de alumnos matriculados desglosados en programas y años, perfil de los alumnos matriculados, tasas de retención, tiempo promedio de titulación por programa, cuerpo docente vigente, tasa de egreso por programa, realidad de los titulados al cabo de seis meses de egreso, entre otros, requieren, antes que nada, la definición de un criterio común y que todos lo interpreten de igual forma.
La realidad en los países desarrollados dista de la nuestra, los esfuerzos por la transparencia y la accountability han generado una cultura que favorece el desarrollo, no sólo al interior de los países sino que también en comparación con el resto del mundo, permitiendo la movilidad a través del mutuo conocimiento.
Parece de perogrullo señalar que cada una de las instituciones de educación superior de nuestro país busca aportar al desarrollo y mejoramiento de las oportunidades de nuestros alumnos y sus familias, entonces qué mejor que ofrecerles un sistema transparente de información.
Esto requiere como factor esencial, el compromiso y el aporte de cada una de las instituciones. Al mismo tiempo, sería necesario establecer tres componentes esenciales: definición de la información relevante y de los servicios a proveer, creación de una plataforma electrónica adecuada para satisfacer los servicios de información referidos, y divulgación y promoción de los resultados para que su uso se traduzca en los beneficios esperados.
Hoy no se cuenta con un sistema de información sobre el mercado de la educación superior, un input privilegiado al servicio del desarrollo del país. Sin un mercado de educación robusto, competitivo y de calidad no podremos participar adecuadamente en la economía del conocimiento. La asimetría de información detectada no se justifica en un escenario de 190 instituciones de educación superior, que suponemos, quieren demostrar que hacen las cosas bien.