Caso Bilbao: ex funcionarios del Serviu se ponen de pie

Durante 16 años vivieron las de Quico y Caco peleándole a la vida y hoy se aprestan a dejar en manos de sus abogados el estudio de acciones legales pertinentes luego de que la Corte Suprema los absolviera penal y civilmente de todo delito. Unos perdieron casa, familia y trabajo; otros consiguieron a duras penas sortear la mala racha de un episodio que tuvo aristas políticas y del que hoy, desenredada la madeja, la asistente social Herminda Tapia, dice: “Hubo presiones superiores que obligaron a que fuéramos destituidos y un fallo de Contraloría que así lo recomendaba”, pese a que en sus informes semestrales el organismo contralor los felicitaba por el buen manejo de los recursos públicos y privados destinados a la construcción de viviendas sociales en la Región.

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A estas alturas del bullado Caso Bilbao sobrecoge la tristeza inmensa de Herminda Tapia Villegas; la entereza de Carlos Briceño Méndez, la fuerza de Paulina Bückle Ibáñez y el mea culpa de Ignacio Soler Viada. Dieciséis años después -y recién absueltos por la justicia penal y civil- estos cuatro ex funcionarios del  SERVIU abren sus mentes y sus corazones para dar cuenta del episodio más trágico de sus vidas a sabiendas que, cada uno en lo suyo, puso todo su empeño en hacer un buen trabajo en el departamento de Operaciones Habitacionales y en la Dirección Regional del  SERVIU Región del Bío Bío para que cientos de familias pudieran tener su casa propia.
Condenados por fraude al Fisco y en el caso del ex director del  SERVIU por malversación de caudales públicos, el largo caso judicial que se inició en mayo de 1997 concluyó en noviembre de 2013 con un solo responsable: el abogado y empresario Carlos Wörner Tapia, quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel y al pago de mil millones de pesos. Tal monto, sin embargo, en la práctica sería letra muerta y sólo tendría sentido para el Consorcio de Seguros (hoy Liberty Seguros Generales S.A), pues evita así tener que devolver más de 500 millones de pesos con sus respectivos intereses a Wörner, monto que la jueza Flora Sepúlveda en su momento incautó de la constructora Bilbao y le entregó equívocamente a la aseguradora, antes de que se obtuviera sentencia final. “Están bien pagados, pero debió hacerse ahora y no hace 15 años”, precisaron fuentes ligadas al empresario.
Pero volvamos a la real tragedia de estos cuatro funcionarios: Ninguno tuvo algo que ver, finalmente, en el llamado “escándalo Bilbao” según fueron dejando en claro los sucesivos fallos de los ministros en visita María Eugenia González (2006); Irma Bavestrello, César Panes y la Corte de Apelaciones de Chillán (2013) que -por inhabilidad de los ministros de Concepción- terminó ratificando lo obrado por Panes y así lo confirmó también la Corte Suprema (2013).
Aquel día del fallo, histórico para ellos y sus familias, cada uno lo vivió de manera intensa: “Me sentí limpio”, dice Briceño; “lloré, lloré, pero de felicidad y di gracias a Dios”, cuenta Herminda Tapia; “le agradecí a la Virgen”, acota Paulina Bückle, y desde la capital, Ignacio Soler aporta lo suyo: “El daño fue muy grande y, aunque lo digan ahora, no significa lo mismo porque toda mi vida se afectó”.
Aristas políticas tuvo este caso y hoy, con la madeja ya desenredada, trasciende que tres o cuatro hechos coexistieron para pedir la cabeza de estos funcionarios: el caso de las casas Copeva y la decisión a alto nivel de la Concertación de desviar la atención pública hacia el Caso Bilbao para dar señales desde aquí que no tolerarían “actos de corrupción”; un sumario administrativo por la Contraloría del Bío Bío que habría ido en la misma dirección so pena de develar que algunos funcionarios excedían las nueve horas administrativas permitidas para hacer docencia (algunos años después la Contraloría Regional del Bío Bío fue descabezada por esta falta), la resistencia del Consorcio de Seguros para no pagar la póliza contratada por Wörner y las elecciones parlamentarias de ese año, 1997, que facilitó a uno de los conglomerados políticos su propósito de romper el doblaje de la Concertación en la Cámara Baja.
“Hubo presiones superiores que obligaron a que fuéramos destituidos; había un fallo de la Contraloría que así lo recomendaba. (Curiosamente, cada seis meses, cuando la misma Contraloría nos fiscalizaba por los recursos procedentes de Alemania (GTZ) para la construcción de los programas privados de viviendas progresivas, colectivas, primera y segunda etapa, decía en el último de sus informes, tres meses antes de ser procesados y posteriormente destituidos, lo siguiente: “Se verificó que los respaldos de los distintos proyectos, tales como contratos, comprobantes de egresos, facturas, estados de pagos y garantías, así como cupón financiero contable de los mismos, se mantienen en forma ordenada y su aplicación de los recursos se efectuó conforme a la normativa que rige la materia y se ajustan a las finalidades previstas”; sin dejar de lado que tanto los programas antes descritos como los de fondo sectorial de viviendas progresivas, primera y segunda etapa y básicas de libre elección, colectiva, eran programas habitacionales de modalidad privada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde los propios beneficiarios de subsidio ubicaban y contrataban directamente con las empresas constructoras, y entre ellas se encontró la empresa Inversiones Bilbao”, informa con dolor la asistente social Herminda Tapia.

Carlos Briceño
Carlos Briceño

 Carlos Briceño Méndez:

“La vida me ha enseñado a no tener rencor”
Durante cinco años y hasta que pudo jubilar de manera anticipada, Carlos Briceño Méndez se refugió en los cafés Haití y Copacabana para revisar la prensa. Le costaba juntar los 500 pesos para acompañar la lectura con un cafecito, pero hoy saca cuentas que se leía tres o cuatro diarios y se bebía a lo menos diez tazas de manos de los dos José -como llama a los empleados- quienes solícitos le decían: ¡Présteme su café, don Carlitos; se lo voy a calentar!, pero en realidad le llenaban la taza de nuevo.
Calcula que a cada uno le debe unos 100 mil pesos y se pondrá al día apenas logre una reparación indemnizatoria que ya está preparando con su abogado Abelardo Landeros, a quien, recalca, le debe la vida porque muchas veces -acorralado por la prensa durante el largo juicio del Caso Bilbao- pensó en el suicidio.
-¿Y cómo sabe que eso es lo que debe en café?
-Tuve la precaución de ir anotándolo como también los mil o dos mil pesos que mis ex compañeros, auxiliares, incluso, me prestaban para comprarme un cigarrito…
Cuatro paquetes de cigarrillos al día fumó durante el juicio del Caso Bilbao este bisnieto de uno de los fundadores de la Universidad de Concepción y ex intendente de Concepción y quien, por línea materna, está emparentado con los Matte. Lo ha pasado mal estos 16 años: perdió la pega, experimentó el desprecio de ex compañeros, amigos y familiares; su mujer se divorció de él, perdió a sus padres y a un hermano, sobrevive con una pensión de 160 mil pesos a un infarto retinal, y una artrosis en ambas caderas le dificulta caminar. Pero, a nada ni a nadie le guarda rencor.
Hay nobleza en este hombre, que se casó a los 19 años, cuando dice que ha instruido a sus hijas para que -si él muere antes- el 50 por ciento de lo que se obtenga por la acción indemnizatoria que emprenda contra el Estado sea para su ex esposa y la diferencia, en partes iguales para las hijas y nietos. Quiere reconocerle así a su ex mujer el aporte a la crianza y educación de Paola, cirujano dentista, y Jocelyn, abogada, ex alumnas del British School de Antofagasta. “Siempre, a fin de mes, me entregó su cheque y eso lo valoro”, dice, aunque hoy, antes de visitar a una u otra hija, se cerciora que no esté presente Lenda Ardiles, su esposa durante 35 años.
Hasta 1992, Carlos Briceño Méndez trabajó en la sección de Títulos del  SERVIU, en Antofagasta, y aquí, en Concepción, hasta el día en que lo destituyeron por resolución de la Contraloría que llevó adelante el sumario administrativo, el 26 de diciembre de 1998, en el departamento de Subsidio Habitacional.
“Fue un dolor muy grande. Yo redactaba los documentos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica del Ministerio de la Vivienda (Ditec). Uno de los artículos del documento establecía que para el pago anticipado de los subsidios habitacionales se requería solamente los certificados de subsidios endosados a nombre de una empresa y la carta de solicitud de la directiva del grupo habitacional. De mi oficina, la resolución pasaba a la de Herminda Tapia, luego se derivaba a Paulina Bückle, jefa del departamento de Operaciones; seguía su camino al departamento jurídico, al de finanzas y a la firma del señor director. De ahí pasaba a la oficina de partes. El departamento de Finanzas le exigía a la constructora la póliza de garantía. Una vez presentada, los funcionarios de ese departamento iban al respectivo emisor de la póliza para comprobar que era una boleta original. Previa certificación -en este caso del Consorcio de Seguros- el  SERVIU procedía a pagar. Todo se hizo en regla, todo se hizo ajustado a derecho”, dice.
-¿Qué sintió cuando se enteró de la resolución de la Corte Suprema que puso fin al largo juicio?
Un poco de miedo. Tres años atrás había ocurrido lo mismo, habíamos sido declarados inocentes, pero como un señor no había sido notificado, la Corte ordenó hacer todo de nuevo. Ahora, uno de mis yernos, que es abogado, me abrazó y me dijo: “don Carlos, la Corte Suprema ha fallado en forma definitiva que usted es inocente. Por tanto, puede estar tranquilo”. Sentí que toda esa mugre que me habían tirado, que las miradas de tanta gente que me sindicaba como culpable se caían. Sentí como una cáscara que cayó de mi cuerpo, me sentí más liviano, alegre y sano. Me siento limpio y puedo mirar a mis hijas y a quien sea con altura de miras. A mis nietos más grandecitos les he comentado lo que me ocurrió para que vayan comprendiendo de a poco, porque la vida enseña -al menos a mí- que uno debe limpiar su nombre.
-En el  SERVIU ¿sintió rechazo?
Ellos cubrieron parte de la fianza que, en un principio fue de $300 mil (cómplice) y que se elevó a $ 500 mil por fraude al Fisco. Tuve la ayuda de ellos y de mi familia, así evité la cárcel, pero percibí cierto desprecio a nivel de empleados y de profesionales; también en los amigos y familiares que pensaban que uno había hecho algo: tuve críticas de algunos de mis hermanos incluso y yo les decía: “Están nuestros padres vivos ¿cómo pueden pensar que haría algo de esa naturaleza”; “Es que a ti te gusta ayudar a la gente”, me respondían. Es triste decirlo, pero yo sentí tanto en Antofagasta como aquí y entre mis hermanos incluso, que despertaba alguna envidia y rabia por mis niñitas que fueron habilosas, inteligentes y supieron salir adelante.
-Y el día que lo despidieron ¿qué hizo?
Tomé mi paquete de cigarrillos y me fui con una mano en el bolsillo. Sabía que me iban a despedir en algún momento y me fui preparando, pero no falté ni un solo día a trabajar.

Ignacio Soler
Ignacio Soler

Ignacio Soler, ex director del  SERVIU:

“No he podido dar vuelta la página”
Desde Santiago, donde sigue trabajando y tratando de “reinventarse”, el arquitecto Ignacio Soler Viada declara que cuando analiza el Caso Bilbao en retrospectiva, piensa que podría haber evitado a lo menos parcialmente lo sucedido, pero “las cosas se dieron -lamentablemente- de otra manera y no siempre dependen de uno”.
El cargo de director significaba administrar muchos recursos, dice, y recuerda que un año los subsidios para los programas privados (chileno y del GTZ alemán) llegaron a 100 millones de dólares. Aclara que el  SERVIU concurría básicamente con el financiamiento y que la gestión de la construcción la realizaban privados. “Nosotros confiamos que con el sistema de garantías, así como había pasado con otros programas de vivienda -el programa especial de trabajadores (PET)-no tendríamos problemas. La justicia, en sus conclusiones, determinó que la aseguradora no cumplió el contrato de seguros a favor del  SERVIU y por otro lado (estableció) el incumplimiento de la empresa constructora”.
Agrega que desde el inicio de la investigación hasta el fallo absolutorio pasó tanto tiempo,  “que el daño fue muy grande y aunque lo digan ahora no significa lo mismo, porque aquí hay vidas de por medio y todo se afectó. Tratando de levantar cabeza, se anulaba un fallo por una causa agregada; después surgía otra cosa y así pasaron los años. Lo que viví fue una especie de vida en guerra, de supervivencia y eso tiene consecuencias familiares, económicas y emocionales. ¿Quién repone los períodos sin trabajo o con bajos ingresos, los estados de ánimo y muchas cosas más?”.
Ignacio Soler dice que no se arrepiente de haber servido en el  SERVIU, donde aprendió mucho y tuvo una gran experiencia junto al ex ministro Alberto Etchegaray; al seremi del MINVU Sergio Moffat, al fallecido ex intendente Adolfo Veloso y tantos otros funcionarios honestos y entregados: “Me quedo con las buenas experiencias, con la solidaridad recibida, con las personas incondicionales que conocí”.
-¿Está conforme con lo obrado por la justicia?
Con los resultados finales sí, pero los tiempos, lamentablemente, aparecen como una condena por las secuelas que dejan.
– Después de lo ocurrido, ¿ya dio vuelta la página?
La página no la he podido dar vuelta aún, porque quedan temas pendientes que resolver. Más que perdonar o estar resentido, creo que descubrí muchas facetas de las personas, de lo que son capaces (de hacer) bajo ciertas circunstancias. Así como hay personas que son valientes y arriesgan (todo) por sus principios, a otros los lleva la marea y algunos, simplemente, no tienen la capacidad de hacer lo correcto.

Paulina Buckle
Paulina Buckle

 Paulina Bückle:

“Si Dios perdona, ¿quién soy yo para no perdonar?
Su hija menor, Antonia (15), nacida cuando ya la habían desvinculado de su cargo como jefa del departamento de Operaciones Habitacionales, la ayudó a sobrellevar mejor su pena y su desesperación, cuenta esta asistente social a quien el Caso Bilbao le cambió la vida por completo: tuvo que cambiar a uno de sus hijos de colegio y muchas veces debió recurrir a préstamos familiares para comprarles lo básico. Hoy, los dos mayores, Viviana y Ricardo, ya son profesionales.
A poco de cumplir 52 años, feliz con el fallo de la Corte Suprema y su nuevo trabajo en la Municipalidad de Talcahuano, la ex jefa de Herminda Tapia y de Carlos Briceño aclara que las funciones de esa unidad -a la que accedió por méritos profesionales- estaban debidamente precisadas en la ley, y “nada tenían que ver con la fiscalización de la construcción de viviendas y asignación de estas construcciones a empresas, que fue el marco en que se dio el problema del Caso Bilbao”.
Llegó al cargo por la necesidad de resolver una debida interacción con los actores sociales en la compleja solución de los problemas habitacionales, experiencia que logró al alero de un proyecto de las iglesias Católica y Luterana: “Me formé para trabajar con la problemática de la pobreza en circunstancias que el Estado no asumía esta importante función con la comunidad y en el  SERVIU, trabajé en estrecha colaboración con los funcionarios, dirigentes sociales, pobladores y personas necesitadas, ya que en ese tiempo nadie les prestaba asesoría para organizarse, postular a subsidios habitacionales y asesorarlos en la construcción de sus viviendas. Esta labor ahora es asumida por empresas privadas que actúan de intermediarios entre la comunidad y el  SERVIU”, dice.
A 16 años del episodio, le complace que ninguno de los siete comités de vivienda con obras contratadas por Inversiones Bilbao los involucrara en el conflicto judicial puesto que tenían muy claro -dice- que el problema era externo al  SERVIU y el responsable del incumplimiento en la construcción de las soluciones habitacionales, la empresa Bilbao, que “no dio el uso debido a los dineros que correspondían a los subsidios entregados para la construcción de las viviendas, y el Consorcio General de Seguros que vio -como única excusa posible para no pagar las pólizas- que se estableciera la responsabilidad del  SERVIU en la entrega de los dineros provenientes de los subsidios”.
-¿Cuál es el balance que hace hoy? 
Hoy puedo asegurar que las dificultades y adversidades en la vida fortalecen a las personas; confirman las convicciones y valores, desarrollan la capacidad de empatía y de entender al otro con acciones solidarias, lo que humaniza las relaciones entre las personas y deja de lado el individualismo, egoísmo y personalismo que suele tener la mayoría de las personas que tienen un buen pasar en la vida, con acceso a un trabajo digno bien remunerado y con condiciones laborales básicas. La verdad es que en la adversidad, salvo por la familia, una siente la soledad; por eso hago un reconocimiento a mis padres, hermanos, hijos y esposo.
– ¿Está conforme con lo obrado por la justicia?
Sí, a pesar de que el tiempo transcurrido fue muy largo. Yo tenía 36 años y en esa etapa uno se está consolidando en lo laboral, familiar y personal.
– Después de lo ocurrido, ¿cuál es su sentimiento más íntimo?
La convicción y certeza de las capacidades que tenemos las personas para enfrentar la adversidad desarrollando la resiliencia y cómo un ser superior -que para mí es Dios- nos acompaña siempre y nos abre puertas que el hombre cierra. Conocí personas con sentido de humanidad, de solidaridad y verdaderamente profesionales cuyos valores guían su actuar y sus decisiones y no cálculos políticos ni intereses personales.
-¿A quién nunca podría perdonar?
El perdón es uno de los actos que ennoblece al ser humano y que nos acerca a la maravillosa experiencia de sentir el amor de Dios. Si Dios perdona a la humanidad por la muerte de su hijo, quién soy yo para no perdonar.

Herminda Tapia

Herminda Tapia Villegas:

“Hubo muchas presiones políticas de por medio”
Un quiste en el cerebro, de nombre científico impronunciable e imposible de remover, pues está alojado en la silla turca, le presiona un ojo y la tiene con varios kilos de más, pero no la amilana en su propósito de que, por fin, dice, podrá limpiar su papel de antecedentes y, quizás, volver a ejercer su profesión.
Los médicos se lo descubrieron cuando llegó al hospital tras un asalto a la casa de huéspedes del MINVU, en Santiago, mientras se preparaba para una entrevista con el ex ministro Enrique Hermosilla, en pleno apogeo del Caso Bilbao, audiencia en la que ella intentaba demostrar que no tenía nada que ver, que la estaban involucrando en algo que no había hecho. Sus calificaciones en el Ministerio siempre habían sido excelentes.
“Ese año (1997) vino como un remolino, un tsunami a nuestras vidas. Mi hijo no pudo seguir estudiando en la “U” y yo caí en un estado depresivo; perdí mi trabajo y mi esposo ya había perdido su barco pesquero en el sur y su taller de tornería y fundición que armó cuando nos vinimos de Iquique, entró en quiebra por tratar de reflotar dicha embarcación en Quellón, isla de Chiloé. Fue un año negro y nos costó salir”, dice esta egresada de la U. de Concepción que hizo (en el Taller Laboral Encuentro, de San Pedro de la Paz) cuanto curso de manualidades pudo para sobrevivir, pero que en la Iglesia Evangélica -Una luz en tu vida, de Coronel y Arauco- donde realiza distintas labores sociales, halló sosiego.
“Yo era una persona perfeccionista e inmediatista; eran mis debilidades, pero aprendí que el único perfecto es Dios y que todo es a su tiempo. Me hizo esperar 16 años y lo acepto”, dice esta mujer, natural de Schwager, y quien ingresó por concurso publico al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 1984, en Iquique. Cuando fallecieron sus padres, Juan y Herminda, y su esposo quiso independizarse, pidió el traslado a Concepción. Tiene dos hijos: Juan José (27), ingeniero en ejecución mecánica, y Alberto (36), técnico en diseño gráfico y dueño de un Ciber donde ella trabajó. Es, además, abuela chocha de Catalina Isidora, de un año.
Sorprende la cantidad de papeles bien ordenados y archivados que Herminda Tapia Villegas (57) exhibe a la hora de la entrevista para dar cuenta de su paso por la jefatura en la Unidad de Programas Privados del  SERVIU, donde atendía a los postulantes propietarios de terrenos: si cumplían con los requisitos reglamentarios eran inscritos en los registros del servicio y seleccionados en Santiago. Y aunque postulaban por comités, las adjudicaciones eran individuales: un subsidio de 132 UF para las viviendas progresivas primera etapa y otro de 25 UF para las de segunda etapa (se construían en dos etapas) y de 140 UF para las viviendas básicas de libre elección, de modalidad privada. Eran escasas las empresas constructoras que se interesaban por construir con esos valores y entre ellas estaba la de Carlos Wörner.
“¿Sabe lo que me salvó a mí?: las fotocopias que le saqué a todo lo que tenía en la Unidad del Departamento de Operaciones Habitacionales y no temo decirlo; tengo carpetas y carpetas de todo; eso me favoreció. Cada vez que había algo que hablaba en contra de nosotros -y los documentos se traspapelaban por diversas causas- presentábamos copias de los archivos. En un momento me levantaron una calumnia de que había ido en un vehículo de la empresa constructora (Bilbao) a terreno para atender a los comités, pero yo tenía la solicitud de autorización del servicio (para movilizarse en vehículo fiscal y viático) de respaldo. Eso me ayudó y también a los otros funcionarios”, dice.
A Herminda Tapia se le quiebra la voz cuando evoca sus esfuerzos por demostrarle al mundo, en estos 16 años, que no era una delincuente cuando así el vecindario o los conocidos se lo enrostraban al esposo o a los hijos en plena calle porque “¿sabe usted lo que es estar prontuariada, fichada? Un caos en la familia, en el entorno y sin poder desenvolverse o trabajar pese a haber estudiado una carrera profesional de cinco años. Esto fue como la ley de la selva; muchos empezaron a cambiar su versión también, a ver qué cosas les podrían afectar o perjudicar, a tratar de lanzar la primera piedra”.
-¿Presiones de quién sintió?
-Había elecciones parlamentarias ese año; algunos candidatos estaban con los comités; otros empezaron a presionar al ministro Enrique Hermosilla para que nos destituyera o de lo contrario él iba a ser sancionado. También algunos funcionarios de la aseguradora se hicieron pasar por funcionarios de la Contraloría, iban a los comités y los presionaban para que nos involucraran. Incluso el director Soler se quejó ante el contralor por esto (y muestra el documento pertinente). Eso nos dificultó seguir adelante.
– ¿A quién nunca podría perdonar?
A lo mejor la otra Herminda -antes que entrara a los caminos del Señor- podría tener algo en contra de alguien, porque todo esto fue muy triste para mi vida, una odisea. Confío y creo en un Dios que es justo y que le va a dar la paga a quien corresponda. Ya no tengo rencor en contra de nadie. Sólo digo que si hubiésemos hecho mal el trabajo, el  SERVIU no habría recibido después de ganar el juicio contra la aseguradora, en 2002, las 122.344 U.F. más intereses y costas que posibilitó la construcción de las viviendas de los siete comités afectados en la Región cuando se hicieron efectivas las garantías que habían sido entregadas por la empresa al departamento de finanzas. El anticipo de los subsidios no se pagaba si no eran caucionados, garantizados y, en este caso, se creó una póliza de liquidez inmediata (POL 1.95.032).
-¿Está trabajando hoy?
No he podido ejercer ni en el sector privado ni en el público por mis papeles manchados. Nadie me dio la oportunidad de trabajar; perdí gran parte de mi juventud en esto y espero que se haga justicia en esta larga espera. Han sido 16 años sin trabajar ni imponer aunque desde un comienzo, después que nos procesaron, los ministros en visita dijeron que éramos inocentes.

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