Abogado.
Hace pocos días tuve la ocasión de ver la tercera temporada de Line of Duty, serie policial de la BBC, altamente recomendable.
Se trata de un thriller electrizante, que atrapa al espectador de principio a fin. En el primer capítulo se puede ver a un condecorado policía, a cargo de un escuadrón policial, cometiendo el homicidio de un sujeto que iba a ser detenido y que se estaba entregando.
Tras este hecho, el policía exige a su escuadrón cerrar filas tras él. Ello lleva a que un ilícito cometido en forma individual dé paso a la comisión de un segundo delito, donde se involucran varios compañeros suyos al obstruir la acción de la justicia. Como en toda película, no sólo hay malos, sino que también buenos y, en este caso, los buenos están representados por el departamento de Asuntos Internos.
Al ver las imágenes y relatos que se han difundido en la prensa a propósito del caso Catrillanca, resulta evidente que algo no anda bien, de modo que serán los tribunales de justicia los que, a la postre, determinarán qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, para que surja tal certeza, pasarán meses y hasta años. Lo que nos lleva a un problema de credibilidad y confianza en el periodo intermedio. Esta incertidumbre no es buena para nadie, en particular, para el Gobierno y para Carabineros de Chile.
Dentro de este desolador panorama, como es la muerte de una persona, con acusaciones de tortura, contradicciones policiales y descrédito de políticas de seguridad gubernamental, afortunada es la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo público autónomo -financiado por el Estado de Chile, creado recientemente por la Ley 20.405- al que se le ha visto bastante activo en este caso, presentando querellas y anunciando otras, en contra de todos los involucrados. Una cuestión que se agradece profusamente.
Si bien dicho organismo no está dotado de facultades de investigación, como las que tienen las policías o el Ministerio Público, creemos y confiamos en que su acción se consolidará en forma benigna para toda la sociedad, pues no hay mejor idea que el que sea el propio Estado, a través de un organismo público, el que genere un contrapeso a la actividad de sus agentes.
Por otro lado, qué bueno sería que la institución policial investigara y esclareciera en forma breve y seria el caso Catrillanca, y que dicha verdad fuera dada a conocer públicamente, haciéndose responsable la autoridad política de dicha verdad, la que luego se podrá comparar con lo que logren establecer los tribunales de justicia.
Bueno también sería que las películas se transformaran en realidad, de modo que existiera un Departamento de Asuntos Internos, autónomo, con recursos y facultades extraordinarias, con dependencia directa de la más alta autoridad política y policial, que alertara sobre casos como el fraude en Carabineros por más de 28 mil millones de pesos, o bien, que generara una respuesta inmediata y seria, de manera que la comunidad fuese informada con veracidad y oportunidad sobre hechos graves como los ocurridos.
Errores y delitos siempre se cometerán, y a nadie debería extrañar. Mas, lo que no puede volver a ocurrir, es que quede esta idea -correcta o no- de desinformación y desautorización tanto de las autoridades políticas como policiales, pues no le hace bien a nadie.