Chaitén: El lado b de la tragedia

Cerca de 25 mil millones de pesos ha destinado el Gobierno para la gente de Chaitén. Esto sin cuantificar los subsidios habitacionales que recibirá cada familia desplazada, lo que engrosa todavía más esta ayuda que destaca por ser el más importante aporte del Estado para una catástrofe natural. Esta es otra arista de esta diáspora en el que intereses políticos y personales estarían entrabando el proceso llevado a cabo por el Gobierno para terminar con la ayuda de emergencia y definir la nueva ubicación de la ciudad.
Dispersos mayoritariamente en 3 regiones, casi 5 mil chaiteninos no tiene certeza dónde vivirá el resto de sus vidas. Algunos -menos de 500 personas- desafiando la decisión del Gobierno de no reconstruir la ciudad en el mismo lugar, quieren volver  a la tierra de sus raíces, a su historia y al sitio donde quieren morir. Y por eso iniciaron una campaña de protestas provocando al Ejecutivo al decir que tendrían más ayuda de Argentina que la que hasta ahora han recibido del Estado chileno para proteger el resto de la ciudad que queda en pie. La Moneda rechazó las manifestaciones y les advirtió que no se destinará dineros para nuevos trabajos en la ciudad.
Resolver el problema no es fácil, sobre todo cuando el futuro de lo que pase con el repoblamiento será una decisión de otro mandato presidencial, porque los dineros para la construcción de un nuevo Chaitén no están incluidos en las partidas presupuestarias de 2009. Y como la cifra es millonaria no puede quedar “amarrada” por el gobierno que termina su mandato. Para determinar dónde será el nuevo emplazamiento, además de pensar en lo que quiere la gente, se debe analizar las responsabilidades del Estado en la seguridad de quienes habitarán este territorio y la importancia geoestratégica del mismo, en la conectividad terrestre de Chile.
Por expreso mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, la Delegada Presidencial Paula Narváez inició los primeros días de febrero un recorrido por cada  una de las comunas donde están los desplazados, desde Valdivia, en la Región de Los Ríos, hasta Coyhaique, en la Región de Aysén. El motivo, explicar por qué no es seguro volver a habitar sus hogares, como lo fundamentaron los informes técnicos de la Universidad Austral de Chile y de la Pontificia Universidad Católica. Y recordarles que el volcán Chaitén sigue activo.
La gira de Narváez no ha estado exenta de conflictos, aunque las autoridades estaban advertidas que la decisión de no permitir habitar la ciudad sería muy resistida por un porcentaje importante de la población. Por eso la protesta de casi 200 personas, en Chaitén, el domingo 9 de febrero, no fue una sorpresa para la delegada. Lo que sí la impresionó fue la osadía de los manifestantes quienes enarbolando banderas argentinas pedían su renuncia por no haber defendido su derecho a quedarse en la ciudad. El punto cúlmine de la movilización se produjo cuando uno de los chaiteninos, que vestía un atuendo de gaucho, en medio de la reunión alzó la voz y le espetó con acento argentino: “si su gobierno no quiere poner plata acá, nosotros se la pasamos”. La irónica imitación hizo que la Narváez diera por terminada la reunión y se retirara del encuentro escoltada por Carabineros.
Los chaiteninos quieren que el Gobierno proteja adecuadamente las riberas del río Blanco y así evitar que durante el invierno se siga destruyendo la ciudad como ya ocurrió con los aluviones de mayo y junio pasado, que arrasaron con más de 400 casas del sector sur de Chaitén. Su idea, que es compartida por el actual alcalde Pedro Vásquez, es reacondicionar la ciudad en el sector norte, habilitando los servicios básicos para propiciar el regreso de sus habitantes. Ellos sostienen que esa zona no sería peligrosa porque si se produjera un aluvión o se registrara escurrimiento de lava, ésta bajaría por el río hacia al sur, lo que les permitiría arrancar hacia el norte si la situación fuera más grave

Las primeras etapas de la crisis

El 12 de mayo de 2008, un decreto del Ministerio del Interior estableció que toda la Provincia de Palena estaba afectada por la catástrofe. Emergencia que se inició cuando la madrugada del 2 de mayo comenzó a caer una lluvia de cenizas sobre Chaitén y otras comunas -Futaleufú y Alto Palena- que obligaron a la evacuación de la zona, porque además existía el peligro de una explosión piroclástica que eventualmente podría destruir la capital provincial.
José Miguel Fritis, ex alcalde y quien estaba a cargo de la comuna al momento de la emergencia, recuerda que en sus conversaciones con el intendente Sergio Galilea, le pidió hacer todo lo necesario para evitar que se repitiera una situación como la que ocurrió en  Aysén. El 6 de mayo, ante una violenta explosión del volcán y una columna de gases y cenizas que sobrepasaba los 15 kilómetros, se ordenó la evacuación total.  Así comenzó el peregrinar de los chaiteninos y su angustia por el futuro.
Antes de terminar ese mes se entegaba la primera ayuda económica para cada una de las familias desplazadas (más de 1.800). Un bono para subsistir mientras se evaluaba la crisis y el Gobierno resolvía qué hacer.

La catástrofe en números

“Hasta ahora se han destinado más de 25 mil millones de pesos para ayudar a la población, que en plata directa de bonos para la gente, supera los mil millones de pesos  mensuales”, señala Paula Narváez.
Una cifra que, como el mismo Gobierno ha reconocido, es muy superior a las ayudas destinadas para la población afectada por otras catástrofes naturales ocurridas en el país  como la de Aysén o el terremoto en Tocopilla.
En el caso de los desplazados de Chaitén cada grupo familiar recibe 510 mil pesos mensualmente; si hay hijos hasta 24 años estudiando reciben además 20 mil pesos por carga. Y si en esa familia había un hijo mayor de edad que al momento de la erupción trabajaba, pero vivía bajo el mismo techo de sus padres,  recibe otros 300 mil pesos.
A esto hay que sumar un subsidio habitacional especial, que los favorece con 670 UF, poco más de 14 millones de pesos, para que adquieran un nuevo inmueble en cualquier ciudad del país.
El Serviu está revisando las postulaciones para este beneficio porque habría personas -las menos reconocen Fritis y Narváez- que se estarían aprovechando de la situación porque estaban de paso en la zona, realizando trabajos y viviendo en pensiones, que luego aparecieron con certificados de residencia para obtener esta ayuda. Incluso hubo denuncias de casos de chaiteninos que llevaban varios años fuera y que regresaron para recibir los bonos.
La Delegada Presidencial recuerda que aparecieron  2 mil 400 certificados de residencia, pese a que sólo se pagan cerca de 1.900 bonos, lo que concuerda con el número de familias desplazadas.
El actual alcalde de Chaitén, el independiente y ex coronel de Ejército, Pedro Vásquez, ha criticado la forma en que el Gobierno está entregando la ayuda, porque con ello, sostiene, se estaría desincentivando el regreso de los desplazados a la ciudad.  Les ha pedido a los afectados que quieren volver “mantenerse unidos para que el Gobierno reconstruya al menos el sector norte de la comuna y realice los trabajos de protección del río”. El edil basa su postura en los informes de la Corporación de Desarrollo Austral, que encabeza el senador de RN Antonio Horvath, que sostienen que la zona norte de la ciudad de Chaitén puede ser usada como un lugar que entregue conectividad y sirva de apoyo en materias de servicios, negocios, turismo y de residencia no permanente.
Adicionalmente se ha entregado otro tipo de ayuda a quienes tributaban en primera categoría. A ellos se les pagó en función del informe de 2007, desde 500 mil pesos hasta 25 millones. Además de los bonos agrícolas del  SAG e Indap.
Entre los gastos de la emergencia también se cuentan las remuneraciones para quienes trabajan en la Delegación Presidencial, incluyendo a Paula Narváez. En total se destinan 10 millones de pesos mensuales en las remuneraciones de 8 personas. Con los profesionales de otros servicios públicos son casi 80 los que están dedicados a resolver los problemas de los chaiteninos.

Plazos y reconstrucción

Cuatro son las etapas que delineó el Gobierno y el comité de crisis que se formó para superar la emergencia. Primero, dice Narváez, fue “cuando de una manera ejemplar” se coordinó con las Fuerzas Armadas la evacuación marítima de casi 5 mil personas y se les brindó techo y comida. La segunda,  la entrega de subsidios para propiciar ciertos grados de autonomía de los desplazados. Ahora, precisa la delegada, “estamos resolviendo la reconstrucción y, por último, el nuevo desarrollo de Chaitén, que es una etapa más compleja y que durará muchos años”.
El ex alcalde Fritis sostiene que a raíz de esta situación se podría reorganizar la Provincia de Palena, cuyo desarrollo no tiene nada que ver con lo que pasa en Puerto Montt o en las comunas de las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé.
“El proyecto de un Chaitén como el que existía no se puede replicar y entre todos, con una mirada de desarrollo regional y de los territorios, se debe resolver el nuevo emplazamiento de la ciudad. El crecimiento natural de toda la zona está hacia el sur y por lo mismo debiera pasar a ser parte de la Undécima Región”, señala el ex edil.
Las alternativas para la reubicación se conocerán durante marzo, cuando la Presidenta Michelle Bachelet, basada en el último informe técnico,  anuncie en qué lugares se podría construir. Se habla del sector norte de la comuna, en Santa Bárbara,  Chana o la bahía Pumalín. Todo dependerá del tercer informe técnico de las universidades  que recomendarán los sectores más seguros.
La Delegación Presidencial, precisa Paula Narváez, sólo dejará delineado un plan de repoblamiento. “El Estado generará las condiciones para eso, entendiendo que  se tomará en cuenta la opinión de la comunidad, como ya ha ocurrido en los cabildos abiertos, y teniendo presente que serán otros gobiernos los que deberán aprobar la inversión y cómo se ejecutará este proyecto”.
Pedro Vásquez y la mayoría del Concejo Municipal no son partidarios de dejar abandonada la zona, porque están convencidos que el volcán no causará más daños e insisten en  que los perjuicios continuarán, “sólo si el Gobierno se niega, como lo ha hecho hasta ahora, a destinar los recursos para encauzar el río, y  permitir que se realicen los trabajos para tener agua potable y luz, antes que comience el invierno”.
El alcalde insiste en que debe haber otro pronunciamiento del Ejecutivo y por lo mismo, indicó, están viendo la posibilidad de entregar una contrapropuesta sobre la relocalización, donde uno de los puntos centrales será mantener la conectividad, “para lo cual se debe proteger el puerto, el puente sobre el río Blanco y el puente El Amarillo”.
Mientras todo se resuelva las familias desplazadas continuarán radicadas temporalmente, mayoritariamente, entre las provincias de Llanquihue y Chiloé El resto seguirán dispersas en distintas regiones del país.
Para todas ellas marzo será un mes clave al igual que para el Gobierno. En este mes La Moneda, una vez que se tenga el último informe técnico de las universidades, dará a conocer su decisión para la construcción del nuevo Chaitén. También informará del Proyecto de Ley para ampliar las atribuciones del Ministerio de Bienes Nacionales para expropiar. A todos los que tenían casas y terrenos se les pagará una indemnización por el valor comercial de sus propiedades al 30 de abril de 2008. Y aunque oficialmente nadie lo quiere decir, se ha considerado destruir las casas que aún están en pie en la  ciudad para que nadie intente volver a vivir ahí.
El Ministerio del Interior por su parte ya anunció que no tolerará que el único camino que permite la conectividad terrestre con el sur del país vuelva a obstaculizarse por las protestas de quienes no aceptan la realidad que hay un volcán en erupción. Carabineros debió reforzar su personal en el área  para proteger la posición geoestratégica de la zona.
Pese a que  ya se les dijo  que también se les pagará una indemnización por la pérdida de sus enseres, que está por definirse, los que se niegan a abandonar la ciudad ya señalaron que interpondrán acciones legales contra el Estado, para impedir que los saquen por la fuerza e  incluso reclamarán daño patrimonial y, eventualmente, psicológico por la falta de resolución y asistencia del Gobierno, por un monto de casi 300 mil millones de pesos.
Dispersos mayoritariamente en 3 regiones, casi 5 mil chaiteninos no tiene certeza dónde vivirá el resto de sus vidas. Algunos -menos de 500 personas- desafiando la decisión del Gobierno de no reconstruir la ciudad en el mismo lugar, quieren volver  a la tierra de sus raíces, a su historia y al sitio donde quieren morir. Y por eso iniciaron una campaña de protestas provocando al Ejecutivo al decir que tendrían más ayuda de Argentina que la que hasta ahora han recibido del Estado chileno para proteger el resto de la ciudad que queda en pie. La Moneda rechazó las manifestaciones y les advirtió que no se destinará dineros para nuevos trabajos en la ciudad.
Resolver el problema no es fácil, sobre todo cuando el futuro de lo que pase con el repoblamiento será una decisión de otro mandato presidencial, porque los dineros para la construcción de un nuevo Chaitén no están incluidos en las partidas presupuestarias de 2009. Y como la cifra es millonaria no puede quedar “amarrada” por el gobierno que termina su mandato. Para determinar dónde será el nuevo emplazamiento, además de pensar en lo que quiere la gente, se debe analizar las responsabilidades del Estado en la seguridad de quienes habitarán este territorio y la importancia geoestratégica del mismo, en la conectividad terrestre de Chile.
Por expreso mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, la Delegada Presidencial Paula Narváez inició los primeros días de febrero un recorrido por cada  una de las comunas donde están los desplazados, desde Valdivia, en la Región de Los Ríos, hasta Coyhaique, en la Región de Aysén. El motivo, explicar por qué no es seguro volver a habitar sus hogares, como lo fundamentaron los informes técnicos de la Universidad Austral de Chile y de la Pontificia Universidad Católica. Y recordarles que el volcán Chaitén sigue activo.
La gira de Narváez no ha estado exenta de conflictos, aunque las autoridades estaban advertidas que la decisión de no permitir habitar la ciudad sería muy resistida por un porcentaje importante de la población. Por eso la protesta de casi 200 personas, en Chaitén, el domingo 9 de febrero, no fue una sorpresa para la delegada. Lo que sí la impresionó fue la osadía de los manifestantes quienes enarbolando banderas argentinas pedían su renuncia por no haber defendido su derecho a quedarse en la ciudad. El punto cúlmine de la movilización se produjo cuando uno de los chaiteninos, que vestía un atuendo de gaucho, en medio de la reunión alzó la voz y le espetó con acento argentino: “si su gobierno no quiere poner plata acá, nosotros se la pasamos”. La irónica imitación hizo que la Narváez diera por terminada la reunión y se retirara del encuentro escoltada por Carabineros.
Los chaiteninos quieren que el Gobierno proteja adecuadamente las riberas del río Blanco y así evitar que durante el invierno se siga destruyendo la ciudad como ya ocurrió con los aluviones de mayo y junio pasado, que arrasaron con más de 400 casas del sector sur de Chaitén. Su idea, que es compartida por el actual alcalde Pedro Vásquez, es reacondicionar la ciudad en el sector norte, habilitando los servicios básicos para propiciar el regreso de sus habitantes. Ellos sostienen que esa zona no sería peligrosa porque si se produjera un aluvión o se registrara escurrimiento de lava, ésta bajaría por el río hacia al sur, lo que les permitiría arrancar hacia el norte si la situación fuera más grave

Las primeras etapas de la crisis

El 12 de mayo de 2008, un decreto del Ministerio del Interior estableció que toda la Provincia de Palena estaba afectada por la catástrofe. Emergencia que se inició cuando la madrugada del 2 de mayo comenzó a caer una lluvia de cenizas sobre Chaitén y otras comunas -Futaleufú y Alto Palena- que obligaron a la evacuación de la zona, porque además existía el peligro de una explosión piroclástica que eventualmente podría destruir la capital provincial.
José Miguel Fritis, ex alcalde y quien estaba a cargo de la comuna al momento de la emergencia, recuerda que en sus conversaciones con el intendente Sergio Galilea, le pidió hacer todo lo necesario para evitar que se repitiera una situación como la que ocurrió en  Aysén. El 6 de mayo, ante una violenta explosión del volcán y una columna de gases y cenizas que sobrepasaba los 15 kilómetros, se ordenó la evacuación total.  Así comenzó el peregrinar de los chaiteninos y su angustia por el futuro.
Antes de terminar ese mes se entegaba la primera ayuda económica para cada una de las familias desplazadas (más de 1.800). Un bono para subsistir mientras se evaluaba la crisis y el Gobierno resolvía qué hacer.

La catástrofe en números

“Hasta ahora se han destinado más de 25 mil millones de pesos para ayudar a la población, que en plata directa de bonos para la gente, supera los mil millones de pesos  mensuales”, señala Paula Narváez.
Una cifra que, como el mismo Gobierno ha reconocido, es muy superior a las ayudas destinadas para la población afectada por otras catástrofes naturales ocurridas en el país  como la de Aysén o el terremoto en Tocopilla.
En el caso de los desplazados de Chaitén cada grupo familiar recibe 510 mil pesos mensualmente; si hay hijos hasta 24 años estudiando reciben además 20 mil pesos por carga. Y si en esa familia había un hijo mayor de edad que al momento de la erupción trabajaba, pero vivía bajo el mismo techo de sus padres,  recibe otros 300 mil pesos.
A esto hay que sumar un subsidio habitacional especial, que los favorece con 670 UF, poco más de 14 millones de pesos, para que adquieran un nuevo inmueble en cualquier ciudad del país.
El Serviu está revisando las postulaciones para este beneficio porque habría personas -las menos reconocen Fritis y Narváez- que se estarían aprovechando de la situación porque estaban de paso en la zona, realizando trabajos y viviendo en pensiones, que luego aparecieron con certificados de residencia para obtener esta ayuda. Incluso hubo denuncias de casos de chaiteninos que llevaban varios años fuera y que regresaron para recibir los bonos.
La Delegada Presidencial recuerda que aparecieron  2 mil 400 certificados de residencia, pese a que sólo se pagan cerca de 1.900 bonos, lo que concuerda con el número de familias desplazadas.
El actual alcalde de Chaitén, el independiente y ex coronel de Ejército, Pedro Vásquez, ha criticado la forma en que el Gobierno está entregando la ayuda, porque con ello, sostiene, se estaría desincentivando el regreso de los desplazados a la ciudad.  Les ha pedido a los afectados que quieren volver “mantenerse unidos para que el Gobierno reconstruya al menos el sector norte de la comuna y realice los trabajos de protección del río”. El edil basa su postura en los informes de la Corporación de Desarrollo Austral, que encabeza el senador de RN Antonio Horvath, que sostienen que la zona norte de la ciudad de Chaitén puede ser usada como un lugar que entregue conectividad y sirva de apoyo en materias de servicios, negocios, turismo y de residencia no permanente.
Adicionalmente se ha entregado otro tipo de ayuda a quienes tributaban en primera categoría. A ellos se les pagó en función del informe de 2007, desde 500 mil pesos hasta 25 millones. Además de los bonos agrícolas del  SAG e Indap.
Entre los gastos de la emergencia también se cuentan las remuneraciones para quienes trabajan en la Delegación Presidencial, incluyendo a Paula Narváez. En total se destinan 10 millones de pesos mensuales en las remuneraciones de 8 personas. Con los profesionales de otros servicios públicos son casi 80 los que están dedicados a resolver los problemas de los chaiteninos. Plazos y reconstrucción
Cuatro son las etapas que delineó el Gobierno y el comité de crisis que se formó para superar la emergencia. Primero, dice Narváez, fue “cuando de una manera ejemplar” se coordinó con las Fuerzas Armadas la evacuación marítima de casi 5 mil personas y se les brindó techo y comida. La segunda,  la entrega de subsidios para propiciar ciertos grados de autonomía de los desplazados. Ahora, precisa la delegada, “estamos resolviendo la reconstrucción y, por último, el nuevo desarrollo de Chaitén, que es una etapa más compleja y que durará muchos años”.
El ex alcalde Fritis sostiene que a raíz de esta situación se podría reorganizar la Provincia de Palena, cuyo desarrollo no tiene nada que ver con lo que pasa en Puerto Montt o en las comunas de las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé.
“El proyecto de un Chaitén como el que existía no se puede replicar y entre todos, con una mirada de desarrollo regional y de los territorios, se debe resolver el nuevo emplazamiento de la ciudad. El crecimiento natural de toda la zona está hacia el sur y por lo mismo debiera pasar a ser parte de la Undécima Región”, señala el ex edil.
Las alternativas para la reubicación se conocerán durante marzo, cuando la Presidenta Michelle Bachelet, basada en el último informe técnico,  anuncie en qué lugares se podría construir. Se habla del sector norte de la comuna, en Santa Bárbara,  Chana o la bahía Pumalín. Todo dependerá del tercer informe técnico de las universidades  que recomendarán los sectores más seguros.
La Delegación Presidencial, precisa Paula Narváez, sólo dejará delineado un plan de repoblamiento. “El Estado generará las condiciones para eso, entendiendo que  se tomará en cuenta la opinión de la comunidad, como ya ha ocurrido en los cabildos abiertos, y teniendo presente que serán otros gobiernos los que deberán aprobar la inversión y cómo se ejecutará este proyecto”.
Pedro Vásquez y la mayoría del Concejo Municipal no son partidarios de dejar abandonada la zona, porque están convencidos que el volcán no causará más daños e insisten en  que los perjuicios continuarán, “sólo si el Gobierno se niega, como lo ha hecho hasta ahora, a destinar los recursos para encauzar el río, y  permitir que se realicen los trabajos para tener agua potable y luz, antes que comience el invierno”.
El alcalde insiste en que debe haber otro pronunciamiento del Ejecutivo y por lo mismo, indicó, están viendo la posibilidad de entregar una contrapropuesta sobre la relocalización, donde uno de los puntos centrales será mantener la conectividad, “para lo cual se debe proteger el puerto, el puente sobre el río Blanco y el puente El Amarillo”.
Mientras todo se resuelva las familias desplazadas continuarán radicadas temporalmente, mayoritariamente, entre las provincias de Llanquihue y Chiloé El resto seguirán dispersas en distintas regiones del país.
Para todas ellas marzo será un mes clave al igual que para el Gobierno. En este mes La Moneda, una vez que se tenga el último informe técnico de las universidades, dará a conocer su decisión para la construcción del nuevo Chaitén. También informará del Proyecto de Ley para ampliar las atribuciones del Ministerio de Bienes Nacionales para expropiar. A todos los que tenían casas y terrenos se les pagará una indemnización por el valor comercial de sus propiedades al 30 de abril de 2008. Y aunque oficialmente nadie lo quiere decir, se ha considerado destruir las casas que aún están en pie en la  ciudad para que nadie intente volver a vivir ahí.
El Ministerio del Interior por su parte ya anunció que no tolerará que el único camino que permite la conectividad terrestre con el sur del país vuelva a obstaculizarse por las protestas de quienes no aceptan la realidad que hay un volcán en erupción. Carabineros debió reforzar su personal en el área  para proteger la posición geoestratégica de la zona.
Pese a que  ya se les dijo  que también se les pagará una indemnización por la pérdida de sus enseres, que está por definirse, los que se niegan a abandonar la ciudad ya señalaron que interpondrán acciones legales contra el Estado, para impedir que los saquen por la fuerza e  incluso reclamarán daño patrimonial y, eventualmente, psicológico por la falta de resolución y asistencia del Gobierno, por un monto de casi 300 mil millones de pesos.

Antes del volcán

Chaitén, como comuna antes de la evacuación, tenía una población de cerca de 9 mil habitantes; hoy casi 4 mil sigue viviendo en ella, pero fuera de la zona de peligro. En su mayoría están distribuidos entre la península del Comao (lo que incluye la isla Desertores, las localidades de Poyo, caleta Buil y Ayacara) y la Villa Santa Lucía.
En total el radio urbano de la ciudad tenía cerca de mil 300 casas. Se necesitaba  construir  más de 150 nuevas viviendas para satisfacer las necesidades de los comités de allegados, y el  crecimiento anual,  promedio, era de  75 nuevos núcleos familiares.
400  millones de pesos mensuales era el dinero que le daba el dinamismo económico a la comuna. Un porcentaje cercano al 90% correspondía a las remuneraciones de los empleos públicos y de la municipalidad. La alcaldía  pagaba más de 200 millones en sueldo a sus trabajadores, de éstos casi 125 millones correspondía a educación.
En toda la comuna al momento de la evacuación había casi mil 900 estudiantes y hoy hay menos de 500.
El Gobierno se comprometió a seguir pagando, al menos durante 2009, a los profesores todos sus derechos, igual como lo ha estado haciendo con los empleados públicos. Estos fueron reubicados laboralmente en sus lugares de residencia actual. A los profesores, que recibieron sus sueldos íntegramente desde la erupción sin trabajar, se los reubicará a contar de marzo en escuelas o liceos de las ciudades en que viven. A todos se les ha seguido pagando las remuneraciones con el beneficio que tienen las zonas aisladas, lo que equivale en el caso de ellos a incrementar en 90% sus sueldos.
En promedio la población, en su mayoría, vivía con menos de 300 mil pesos mensuales.

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