Uno de los líderes de los ex pingüinos, Daniel Carrillo del Liceo “acuático” de Lota, donde nació ese movimiento en 2006, y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC) Guillermo Petersen, considerado uno de los “duros” de la Confech, cuentan sus experiencias y su visión de un conflicto que a seis meses de estallar está aún lejos de una solución y tensiona a toda la sociedad chilena.
Daniel Carrillo: “Sin los pingüinos la educación no sería prioridad para Chile”
Lideró la toma del Liceo “acuático” de Lota, punto de partida del primer gran movimiento encabezado por los secundarios, que lo catapultó para estar entre los que negociaron en La Moneda. Hoy, este estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad San Sebastián, habla de los logros y frustraciones de esa cruzada.
Nunca imaginó que “la toma” que encabezó como presidente del centro de alumnos del Liceo “acuático” de Lota en 2006 – así bautizado porque se llovía por dentro- sería el inicio de la revolución pingüina que puso en jaque al gobierno de la Presidenta Bachelet. Ni tampoco que él, un joven de 17 años, hijo de un cartero y de una trabajadora de programas de Proempleo, sería parte de las negociaciones de “este primer levantamiento” de los estudiantes chilenos que puso el tema de la educación en el centro del debate.
Hoy, Daniel Carrillo Sepúlveda (23, PS), estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad San Sebastián, devela su experiencia de la “Primavera de mayo a la chilena”: “Queríamos cambiarlo todo, pero no tuvimos la fuerza para ello, porque los únicos movilizados éramos los secundarios”, sentencia.
Un año estuvo becado en el internado en el Instituto Nacional Barros Arana de Santiago (INBA), experiencia que lo marcó, pues se trataba de “un colegio nuevo, con 100 años de historia, con tradición republicana y un nivel de exigencia y enseñanza de calidad”. Al volver a Lota, el contraste fue dramático. Las condiciones que tenía su liceo eran deplorables. “Ahí tomé la determinación de luchar por cambiar esa realidad, para tener la misma educación de calidad que había recibido en Santiago”.
Carrillo, primera generación de su familia que va a la universidad, admite que después de 2006, la aspiración de la gente que cree representar ya no es sólo la casa propia, sino que también que sus hijos lleguen a la educación superior y sean profesionales.
Y siente aquello como el “avance” más importante de quienes viven con escasos recursos.
“Partimos con una agenda corta con los temas del pase escolar y del mejoramiento de la infraestructura. Luego definimos una agenda larga que apuntaba a derogar la Loce y a terminar con la desigualdad entre la educación pública y privada. Dar pasos concretos hacia una educación de calidad por sobre la cobertura -que se privilegiaba hasta ese momento- porque se pensaba que cualquier solución se centraban en más recursos. Pedíamos una nueva ley donde se garantizara la entrega de una educación pública de calidad y la creación de una Superintendencia de Educación que fiscalizara su cumplimiento. Tengo que ser honesto; en nuestras demandas no estuvo el tema de la gratuidad para la educación superior”, recuerda.
-¿Fue un error sumarse al diálogo con una representación marginal (seis secundarios e igual número de universitarios) en una comisión de 50 miembros?
“No supimos imponer un nivel de representatividad como estudiantes, una que permitiera que nuestras demandas fueran plenamente acogidas en los documentos que sirvieron de base para la nueva Ley General de Educación (Lege). Además, muchas de las personalidades, académicos y actores políticos convocados en esa comisión por el Gobierno, con quienes teníamos que negociar, eran los mismos responsables en gran medida del lucro y de la falta de una educación de calidad que rechazábamos”.
-¿Por qué no exigieron una mayor representación, cuando el gobierno de Bachelet aparecía como acorralado por el movimiento pingüino?
“No creo que tuviéramos acorralado al Gobierno, porque a diferencia de lo que ocurre ahora, los únicos que de verdad estábamos en la calle éramos los secundarios. Los universitarios y los profesores sólo solidarizaban con nosotros. Si bien había mucha simpatía en la sociedad hacia los pingüinos, no había un movimiento social activo y tan transversal como ahora está respaldándolo. Además, en contra nuestra jugaba el Mundial de Fútbol 2006 que se avecinaba para junio y julio y sabíamos que no podríamos mantener el movimiento con la misma fuerza.
En ese momento fue inteligente la decisión de negociar -para tener algo en la mano- y con la esperanza de que, terminada esa competencia deportiva que monopolizaba la atención del país, volveríamos a la calle. En esas condiciones, haber depuesto la movilización fue nuestra carta de triunfo que nos permitió salir por la puerta ancha, enarbolando la bandera de la victoria. Le dimos vuelta la mano a la clase política y a quienes no querían ningún cambio en el modelo educativo heredado del régimen militar. La frustración se produjo en las negociaciones que hubo en el segundo semestre para afinar los proyectos de ley que recogerían nuestras demandas; ahí salimos para atrás. Y tampoco tuvimos la fuerza para continuar con las movilizaciones, porque el movimiento se había debilitado”.
-¿Pero sus principales demandas sólo eran modificaciones al sistema educacional existente y no su cambio radical, como acontece ahora?
“Efectivamente, y esa puede ser una autocrítica válida para algunos. Pero éramos pendejos de 17 años que si bien teníamos las ideas claras nos faltaba mucho fundamento técnico y nuestros interlocutores nos tapaban con cifras y estudios para señalar que lo que pedíamos no era posible. Eso no ocurre ahora. Teníamos conciencia que el problema educacional en Chile era de fondo y en línea con la calidad y equidad que no garantizaba la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza o Loce y discutíamos con tipos de 60 años que, además, habían estado toda su vida vinculados al tema de la educación”.
-¿Siente que su revolución fue traicionada, considerando que la Lege que se promulgó dista mucho de las peticiones más sentidas por ustedes?
“No fue una traición; sabíamos que no teníamos la fuerza ni el apoyo de la sociedad para hacer el cambio radical que buscábamos. No cuestionábamos el sistema educativo en su globalidad, sino que parte de éste y pedíamos modificaciones específicas”.
-¿Cuáles fueron los mayores logros de la revolución pingüina?
“Poner el tema educacional como la prioridad del país y que se derogara la Loce, porque desde la revolución pingüina está en el centro del debate nacional. También, disponer de la Tarjeta Nacional Estudiantil para desplazarnos en transporte público por todo el país y que nos reconocieran la calidad de estudiantes durante los 365 días. Lo tercero, que el gobierno de Bachelet, a partir del 2006, destinara grandes cifras para el mejoramiento de la infraestructura educacional.
– ¿Y las frustraciones?
“Que la Lege no cumpliera plenamente con las expectativas que teníamos: nos pasaron muchos goles porque, por ejemplo, todavía se puede seguir creando colegios con afanes de lucro, pero empleando otra figura legal”.
– En las frustraciones de los pingüinos ¿qué responsabilidad tiene la clase política de la época?
“Hay responsabilidades compartidas de la Concertación y la Derecha. La primera se equivocó en no querer avanzar más por temor a no contar con los votos de la Derecha en el Parlamento para aprobar los proyectos educativos. Y la Derecha usó su cuota de poder para que los cambios fueran los mínimos, porque ideológicamente no creen en una educación pública. Además, este último sector tenía un claro interés en que los pingüinos estuviéramos movilizados para sacarle la cresta al Gobierno, con el afán de capitalizar electoralmente esa situación”.
-¿Hubo ofrecimientos de beneficios por parte del gobierno para bajar el movimiento?
“Nunca recibí una propuesta en ese sentido. Además, yo era bastante intransigente y fui calificado entre los “duros”. Si conocí de versiones que decían que había personeros de la Derecha y del Gobierno que hablaban de manera más especial con algunos dirigentes estudiantiles. Pero no tengo ningún antecedente objetivo que se intentará comprar a algún dirigente y tampoco si ocurrió”.
Guillermo Petersen, presidente de la FEC: “Exigiremos más aportes para “Ues” regionales”
En regiones, las universidades reciben a los quintiles más bajos y por eso deben -dice este dirigente- tener prioridad en los aportes estatales que se consigan como solución al conflicto. Las acciones de violencia “sólo le sirven y le convienen” al Gobierno que las usa para desnaturalizar la fuerza del movimiento estudiantil y social, asegura Petersen, para quien estos centros de estudios son un bastión del crecimiento político, social, cultural, académico e industrial de sus respectivas zonas.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC) Guillermo Petersen Sepúlveda (22) advierte que seguirán movilizados hasta tener compromisos concretos del Gobierno, porque no permitirán que les “cierren la puerta en la cara”, como lo hicieron con los pingüinos.
Dice sentirse orgulloso de ser primera generación en su familia que ingresa a la universidad gracias el esfuerzo de su madre, peluquera, y de su padre, un técnico que trabaja en faenas. Su carrera de Sociología, en la Universidad de Concepción, la financia con el 100% del crédito solidario que le otorgaron.
“El Peter”, como es conocido entre los estudiantes, está en cuarto año. Políticamente, se define como de izquierda extrapartidaria, admirador de Miguel Enríquez, Salvador Allende y de la figura señera del PC: Luis Emilio Recabarren.
Aunque muy crítico de la representatividad de los centros de alumnos y de la FEC, cuenta que, finalmente, optó por postularse a esta última por la marginación que sufrían los colectivos de estudiantes en que participaba activamente por ambos organismos. Desde el 7 de abril de este año, su gestión tiene, más bien, un carácter colectivo.
A seis meses desde que estallara el conflicto, mientras las redes sociales se fagocitan con algunas declaraciones de La Moneda y muchos chilenos se ponen rojos de rabia y susto ante tanta indolencia y desmanes, Petersen asegura que la solución del conflicto puede alcanzarse a través de la entrega de becas en una primera etapa, pero paralelamente y con plazos concretos tiene que haber un compromiso para que la educación sea gratuita por la vía del aumento progresivo del aporte directo hasta terminar con el autofinanciamiento que se les exige a las universidades estatales.
“Tenemos claro -agrega- que no es una demanda que se resuelve de la noche para mañana y que el Gobierno ha tratado de caricaturizar esa exigencia. Vemos que no hay un cambio de visión de la educación, y que la sigue entendiendo como un bien de consumo y no como un derecho social tal como lo demanda hoy la mayoría del país. La calidad o excelencia de la educación, como yo la llamo, va de la mano del término del autofinanciamiento de las universidades para que éstas puedan dedicarse de lleno a la docencia e investigación y no preocuparse de cómo sobrevivir en un campo mercantilista y de competencia empresarial”.
-¿No temen que las universidades de regiones – y su crítica realidad, por cierto- no sea considerada en la solución del conflicto?
“El centralismo es lamentable y despreciable, porque todo se resuelve en Santiago y eso también lo hemos vivido en la Confech. Los dirigentes de regiones hemos dicho que los recursos no pueden ser destinados mayoritariamente a las universidades de Chile y Católica que concentran a una elite y a los sectores más acomodados del país. En los aportes del Estado tiene que haber parámetros claros de equidad hacia las universidades regionales que son las que reciben a los sectores más vulnerables de la sociedad y las que presentan la mayor precariedad en términos de su financiamiento. Las universidades de regiones son un bastión importante del crecimiento político, social, cultural, académico e industrial de sus zonas y deben ser potenciadas”.
-¿Hasta dónde esperan llegar con esa demanda específica al interior de la Confech?
“Los compañeros de Santiago tienen claro, y se los hemos reiterado, que las universidades de regiones deben tener prioridad en los recursos que el Estado destine. En eso no vamos a transar y es un elemento fundamental para nosotros. No aceptaremos que las mayores partidas se destinen a la U. de Chile y a la Católica”.
-¿No es contradictorio pedir televisar el diálogo con el Gobierno y que la Confech haga sus encuentros en “secreto”, sin acceso a la prensa?
“El Confech es cerrado porque en el transcurso de la discusión se van dando ciertas temáticas que no tienen que ser públicas, ya que son parte del legítimo debate interno entre los distintos dirigentes. Si lo hacemos abierto, con prensa, corremos el riesgo que se tergiversen las posiciones, porque hay un sinfín de propuestas que se contradicen entre sí y que son previas a los acuerdos que, finalmente, se toman por mayoría. Esa es la posición que se entrega al concluir el encuentro.
Si hemos pedido televisar los debates con el Gobierno es para que todo país conozca sus publicitadas soluciones y sepa cómo miente. Por ejemplo, dice que va a financiar la educación del 40% de los alumnos más vulnerables, pero con la cantidad de recursos que asigna a las instituciones universitarias sólo alcanza a cubrir el 10%. El Presidente Piñera habla de un presupuesto histórico y revolucionario en educación, pero sólo tiene un incremento del 7%. Y con ese presupuesto claramente estamos saliendo para atrás”.
-¿Han pensando en que los encapuchados y los actos de violencia debiliten el movimiento estudiantil y el apoyo ciudadano que tiene?
“Son hechos graves y aislados que hemos condenado siempre. Nos preocupa sí que el Gobierno y los medios de comunicación centren la atención en la acción de grupos de 100 ó 200 encapuchados y no en los 500 mil manifestantes pacíficos que, con mucha creatividad y transversalidad, marchan por nuestras demandas. Entiendo que a la gente le dé miedo los grados de violencia a los que se está llegando, pero también -como país- tenemos que analizar las razones que motivan a esos grupos minoritarios para asumir esas conductas tan extremas”.
-¿Falta más eficacia policial en el control de los encapuchados?
“Creo que esas acciones les sirven y le convienen al Gobierno. A mí me parece extraño que se queme un bus del Transantiago y a dos cuadras hubiera carabineros que no actuaron de inmediato. Aquí, encapuchados asaltaron una peluquería y efectivos policiales que estaban cerca tampoco hicieron nada por impedirlo. El que el Gobierno atribuya a nuestras manifestaciones pacíficas esos hechos, evidentemente nos perjudica, porque además nunca hemos tenido en la prensa los espacios necesarios para dar a conocer nuestra posición sobre la violencia”.
-El ejecutivo acusa a dirigentes de izquierda de intransigencia extrema…
“Es lamentable que un Gobierno caiga en ese tipo de descalificaciones sin ningún fundamento. Hemos dicho que el problema no es la ultraizquierda, sino su propia incapacidad para asumir las demandas estudiantiles y sociales que hoy tienen los chilenos. Estamos frente a un Gobierno represivo, indolente e incapaz de despojarse de sus intereses y que, además, ha sido errático en sus posiciones durante este conflicto”.
-¿Es válido para ustedes el gesto del senador Guido Guirardi de no desalojar a quienes ocuparon una sede del Parlamento?
“Creo que fue una actitud populista y que responde a la coyuntura de posesionarse sobre el movimiento estudiantil y social para intentar capitalizar votos para las próximas elecciones municipales. Para él fue el momento perfecto para decir que hay una Derecha perversa que reprime y una Izquierda progresista que respeta los Derechos Humanos y a la ciudadanía que se manifiesta. Su actitud, incluso con poner a disposición su cargo de Presidente del Senado, no me parece un acto de consecuencia, sino más bien de cálculo político”.
-¿Qué aprensiones tienen respecto del Congreso como instancia final que tendrá que aprobar los proyectos de Ley en el tema educacional?
“Muchas; los sectores políticos que están representados en el Parlamento no tienen la voluntad de despojarse de sus intereses. Me cuesta creer que quienes reciben gran parte del poder adquisitivo a través del lucro en la educación vayan a querer legislar sólo por una actitud de nobleza para terminar con éste y para garantizar una educación pública de calidad y gratuita”.