Se encuentra en trámite la reforma constitucional introducida por el Gobierno (Mensaje de S.E N° 509-358) relativa al derecho de sufragio de los chilenos residentes en el extranjero.
El Gobierno exige una residencia en el país de al menos nueves meses en los últimos diez años, la Concertación plantea que sólo procede exigir dos meses.
Cabe examinar la experiencia en el derecho comparado. Hay países que no imponen mayores restricciones a sus nacionales con residencia en el extranjero para sufragar, como es el caso de Francia, a otros más restrictivos, donde el derecho a voto se extingue para quienes se han ausentado por un determinado lapso de tiempo de su país de origen.
En general, se coincide que los nacionales con residencia en el extranjero están más distantes de las consecuencias de las políticas que impulsan aquellos por quienes votan. Esto justificaría, en principio, que se les exija acreditar un mínimo vínculo o proximidad con el país para participar en la generación de las autoridades nacionales.
La Carta Fundamental, en el artículo 5°, preceptúa dos formas de ejercicio de la soberanía: directa por el cuerpo electoral e indirecta por las autoridades democráticamente establecidas y en dos instancias: elecciones y plebiscitos.
Desde una perspectiva histórica, el concepto de cuerpo electoral se ha extendido, incorporando el derecho de sufragio a las mujeres a partir de 1949 (Ley N° 9.292), a los ciudadanos no videntes (1969), analfabetos (1970) y la Constitución de 1980 permitió a los suboficiales y a las tropas de las Fuerzas Armadas y Carabineros participar plenamente del cuerpo electoral. Considerando los antecedentes constitucionales, de establecer una democracia de auténtica participación social, concluyo que la reforma constitucional en trámite de autorizar la participación en las elecciones de los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero y que mantenga un vínculo de pertenencia con el país representa un modo de perfeccionar la democracia y el sistema político.
Mariela Rubano Lapasta
Académico Facultad de Derecho
Universidad San Sebastián