En materia de política pública para la educación superior tenemos grandes desafíos que abordar, pero para que esta discusión sea fecunda debe integrar a actores públicos y privados, de Gobierno y oposición, legisladores y legislados a que se comprometan a profundizar algunas de las reformas implementadas y a impulsar políticas que mejoren falencias estructurales que afectan a la educación terciaria.
Es necesario fortalecer las regulaciones que garanticen la calidad de las casas de estudio y de las carreras que imparten. Se han logrado avances desde la promulgación de la Ley 20.129 sobre Acreditación, pero es fundamental revisar los artículos relacionados con la apelación a los acuerdos de acreditación. Mediante este mecanismo surgieron dudas sobre las reales posibilidades de la orgánica actual para “filtrar” a las instituciones con calidad verificable, respecto de las que no la poseen.
Desde la perspectiva de la cobertura, el desafío es fusionar los dos sistemas de crédito que hoy coexisten: el Fondo Solidario y el Crédito con Aval del Estado (CAE). Los alumnos del Consejo de Rectores de los cuatro primeros quintiles acceden al Fondo Solidario a una tasa de interés subsidiada del 2% anual, con pagos contingentes al ingreso. Los demás optan al CAE y mientras estudian, es la propia institución la que avala su educación, con un interés de orden del 7% anual. Claramente esta situación genera diferencias en tasas de interés y mecanismos de pago, discriminando principalmente a los quintiles de ingresos más bajos y de paso, desincentiva el ingreso a carreras técnico-profesionales tan necesarias para el país.
Por otra parte, surgió una polémica respecto a la gravitación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), en circunstancias que lo relevante es resolver cómo avanzamos hacia el desarrollo y fortalecimiento de nuestra educación superior, distinguiendo y apoyando a las instituciones por sus reales aportes y calidad, y no hacerlo sólo por su condición jurídica. Recientemente el CRUCH realizó una importante invitación a los planteles privados para sumarse a un proceso único de selección y admisión de los estudiantes para los procesos de postulación futuros.
Finalmente, si queremos acercarnos al primer mundo, es primordial potenciar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), ámbito en que nuestro país ha perdido competitividad global. Actualmente Chile invierte un 0,7% del PIB en esta área, cifra alejada a los países de la OCDE que lo hacen a tasas 3 ó 4 veces más altas. Urge también modernizar el modelo de asignación de recursos vigente, instalado en agencias que dependen de distintos ministerios. Sólo como ejemplo, Conicyt depende del Ministerio de Educación y Corfo del Ministerio de Economía. Esto revela una mala coordinación y ausencia de visión de largo plazo.
Roger Sepúlveda Carrasco
Rector Universidad Santo Tomás
Concepción