El destino que no queremos

La caída del proyecto del Puente sobre el canal de Chacao en Chiloé dio para todo: bloqueos de carreteras, enojos de parlamentarios, acusaciones contra ex Presidentes, ministros e incluso sembró el germen de la discordia entre dos de los más importantes partidos de la Concertación, el PPD y la DC. Se habló de promesas incumplidas, de la importancia de los proyectos socialmente rentables, de las culpas de la concesionaria por hacer una propuesta que estaba fuera bases y hasta se sacó cuentas de todo lo que se podía construir con parte de los 930 millones de dólares que costaría el viaducto. Hubo debate, como se estila en democracia, el que fue atizado con la amplia difusión de los medios. Si somos positivos podemos pensar que, por último, todo esto sirvió para trasparentar la intrincada metodología de los sistemas de concesiones usados en la era concertacionista. Hasta ahí todo bien, al menos por la trasparencia. Pero lo que resulta incomprensible, sobre todo para quienes miramos desde regiones, es la manera cómo en Santiago y a miles de kilómetros de Chiloé, se hacen todavía acalorados debates con infundadas propuestas para dar con la solución de los “verdaderos” problemas de los chiloenses, como se les dice ahora. Como un déjà vu, estos comentarios traen a nuestra mente las innumerables decisiones centralistas que no consideran los requerimientos del resto de Chile y que ponen en entredicho el proceso de regionalización. Los consejeros regionales ya lo han repetido millones de veces. No basta con incrementar el presupuesto del FNDR, sino que en forma paralela también es necesario aumentar la decisión de inversión regional, que si bien no es destinada al financiamiento de megaproyectos como el puente Chiloé, sí es muy necesaria para materializar pequeñas obras viales y sociales de las unidades regionales. De ahí la imperiosa urgencia para que ésta apunte hacia donde realmente se necesita y no se reparta teniendo en cuenta otros intereses.
Si bien para el caso de Chiloé el Ejecutivo anunció un programa alternativo para mejorar su conectividad con el resto de Chile, lo importante es que esta vez se tengan en cuenta las prioridades de su gente y que en base a ellas se propongan alternativas de inversiones para mejorar su calidad de vida y su integración. Quizás la lección sirva de algo y haga entender a quienes detentan el poder sobre la importancia de escuchar a la gente y de no decidir en base a efectos populistas. Ya lo demostró este caso, el costo es demasiado alto.

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