¿El Estado de Chile apoya al pueblo venezolano?

Para bien o para mal, Chile tiene prácticamente los mejores indicadores macroeconómicos de Latinoamérica. No es que nos hayamos convertido en un país desarrollado ni mucho menos, sino que simplemente tenemos menos inflación y más crecimiento que otros, más sensación de seguridad que la mayoría de nuestros vecinos, el más alto Índice de Desarrollo Humano, PIB per cápita PPA, entre otras variables, lo que nos convierte en la niña bonita del baile.

Álvaro Fernández Ferlissi
Abogado

Lo anterior explica en buena medida la llegada a nuestro país de más de un millón quinientos mil inmigrantes. Todos ellos un aporte por el solo hecho de venir, a excepción -claro está- de los que han ingresado a Chile para delinquir.
Por otro lado, el Ejecutivo ha expresado con pitos y flautas que apoya al pueblo venezolano frente a su crisis humanitaria, llegando incluso a entregar ayuda humanitaria en la frontera de Venezuela tras encendidas palabras de nuestro Presidente.
Con todo, hace unas semanas, ahora en nuestra frontera, específicamente en el norte, se están comenzando a ver las graves contradicciones entre ese discurso y la realidad: familias enteras de venezolanos varados en territorio nacional antes del control, con grave afectación a sus derechos humanos.
Un panorama nefasto para el que comienza a aparecer una luz de esperanza. Una luz que viene de un órgano autónomo de derecho público, me refiero al Instituto de Derechos Humanos, entidad de reciente creación que no merece sino loas, pues mientras uno y otro funcionario de Gobierno se esfuerza en explicar lo inexplicable citando circulares de cuarto orden, el referido Instituto emplaza al Ejecutivo a actuar, de acuerdo con sus propias palabras de Cúcuta. Actitud inédita para un órgano público, pero que, no obstante, resulta indispensable para la defensa de los derechos humanos.
El jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, les ha contestado empatando la situación: “…no hicieron nada cuando llegaban los haitianos, y hoy están vendiendo Súper 8 en las esquinas”. Palabras que en lo genérico son efectivas, pero que, a la postre, están mal dirigidas. Es decir, no es el Instituto de Derechos Humanos el que ha traído a los haitianos ni, menos, el llamado a fijar reglas claras y racionales en esta materia, pues su función se limita, como su nombre lo dice: a defender los derechos humanos, y no a otra cosa.
Lo que nos lleva a lo obvio: a esta altura resulta indispensable que el Congreso dicte con urgencia la nueva ley de Migración. Y si por cuestiones políticas, alguien se tienta a vociferar que desea dar un trato especial a los venezolanos en el ingreso a nuestro país, sugiero actuar en consecuencia, o mejor, no hablar. El resto es crueldad.

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