Los proyectos entregarán una completa base de datos sobre la realidad del sector en temas como integración vial y seguridad ciudadana, redundando en la implementación de cambios cualitativos en la entrega del servicio de transporte público en el Gran Concepción.
Miguel Mendoza Sáez.
Por estos días, la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses de Concepción, en conjunto con el Gobierno Regional y la Universidad de Concepción, están realizando un catastro del transporte en la provincia y un estudio sobre los índices de victimización de los usuarios del transporte público de pasajeros, con el propósito de mejorar la eficiencia y seguridad de sus servicios.
Miguel Mendoza Sáez, presidente de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses de Concepción A.G, y Carlos Essman Rojas, asesor de la entidad, explican que su participación en estos proyectos apunta a la necesidad del gremio de mejorar sus servicios, meta que podrán alcanzar al obtener datos concretos y reales de su sector, lo que evidentemente también traerá beneficios para los usuarios de este medio de transporte.
El primer proyecto, en funcionamiento desde el 2012, se refiere a la creación de una Plataforma Tecnológica para la Gestión Integral del Sistema de Transporte en la Región del Biobío, iniciativa financiada por Innova Bio Bio, de CORFO, y que se realiza en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Transportes. “La idea de este plan es levantar información sobre distintos aspectos de la realidad del transporte y sobre la infraestructura asociada, y está siendo ejecutado por la Universidad de Concepción, a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía en conjunto con su Facultad de Ingeniería”, informa Miguel Mendoza, agregando que el proyecto, cuyo costo asciende a los 250 millones de pesos, busca mejorar el bienestar social de los penquistas a través dela puesta en práctica de un sistema que encuentre soluciones a las problemáticas del transporte y la vialidad. “Este estudio permitirá construir una gran base de datos, integrada a un Sistema de Información Geográfica (SIG), en una plataforma computacional que incorporará información sobre accidentes de trànsito, flujos vehiculares, infraestructura, cantidad de máquinas de la flota, líneas, recorridos, tiempo y frecuencia de ellos, entre otros factores”, afirma Essman.
Pedro Badilla.
El objetivo final de este estudio, cuya duración ha sido proyectada en tres años, es que establezca las bases para la instalación de un Observatorio Técnico de Transporte, con cobertura regional. “Se convertiría en un verdadero insumo, de gran relevancia para el futuro desarrollo de las políticas públicas que guíen al sector. Para nosotros es importante poder participar de este proyecto que involucra a la Universidad de Concepción, pues creemos que los investigadores tienen mucho que decir respecto al tema del transporte en la zona, y nosotros podemos aportar información extra que puede ser de mucha ayuda para complementar los datos recogidos por ellos, como por ejemplo los datos que captan los equipos de posicionamiento satelital con que están equipados nuestros buses”, dice.
Mendoza destaca el alto valor social que tienen este tipo de iniciativas, que muestran un cambio de actitud en el gremio que preside, “se siente que cada vez están más dispuestos a contribuir con datos, pues entienden que contar con la información que entregará este estudio favorecerá futuras conversaciones con las autoridades que regulan el sector del transporte. Sabemos que somos un actor relevante y queremos contribuir, para mejorar nuestro servicio a la ciudadanía”, apunta.
Alejandro Riquelme.
Transporte y seguridad
El segundo proyecto dice relación con la elaboración del estudio denominado Transporte Público y Seguridad Ciudadana cuyo costo, que asciende a 13 millones de pesos, es financiado por el Fondo de Subvención de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional del Biobío.
Esta iniciativa busca establecer los puntos de mayor ocurrencia de delitos sufridos por los usuarios del transporte público de pasajeros, y definir acciones destinadas a reducir esos índices. Para ello, se realizarán focus group y otras instancias de recopilación de datos relacionados con delitos cometidos en el transporte público del Gran Concepción, respondiendo a interrogantes como: qué tipo de delitos, lugares y horarios de ocurrencia, cómo combatirlos utilizando la tecnología y la asistencia o no a las víctimas.
“Nuestro objetivo es poder fijar un mapa de riesgos y tener claridad sobre los índices de victimización, para poder enfrentar de manera multisectorial y coordinada este problema”, detalla Essman. Añade que uno de las primeras falencias que ha detectado el estudio en sus primeros meses, es la falta de registros estadísticos de los delitos y el desconocimiento de los usuarios respecto de la existencia de cámaras que registran toda la actividad al interior de las máquinas, cuyas grabaciones se guardan por treinta días.
En cuanto a sus expectativas respecto a estos proyectos, Mendoza y Essman señalan que esperan que con ellos puedan contar con un perído más largo de concesión, que permita la realización de mejoras en el sistema, que no sólo los beneficiarán a ellos, sino también a los usuarios. En esta línea, añaden que los sistemas de integración modal son necesarios y manifiestan su conformidad con la realización de convenios que favorezcan la incorporación de distintos tipos de transporte público.