Las declaraciones gremiales sobre la necesidad de mayor diálogo sobre los proyectos, la acción de retroceder en el procedimiento administrativo de evaluación del impacto ambiental del proyecto Terminal GNL Penco Lirquén, el anuncio de consejeros regionales que adelantan rechazo a proyectos acuícolas en sus costas, entre otras, ponen otra vez el foco en la necesidad de explorar mecanismos que den certidumbre a los emprendimientos en los plazos razonables para mantener la competitividad de las inversiones, en las que Chile es una opción más entre muchos otros países.
Para fortalecer la acción de los juzgados ambientales deben crearse otros que se sumen a la acción del que opera en Valdivia, como en Concepción, por ejemplo, con jurisdicción sobre los territorios de las Regiones del Maule y Biobío. Otro elemento que incide positivamente es aplicar el Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que propondría mejoramientos a la institucionalidad. No se explica que este informe haya sido entregado hace varios meses y que permanezcan los conflictos sin que se cuente con los resultados.
Asimismo, los municipios deben involucrarse en la aprobación de la iniciativa, aportando a la solución de las preocupaciones de la comunidad y no simplemente dando opinión sobre su implementación. Ellos conocen el lenguaje comunitario y tienen la confianza de los vecinos. La Certificación Ambiental los habilita y obliga para que desarrollen eficazmente este papel.
La experiencia sugiere, por ejemplo, que antes de la evaluación las instituciones del Estado capaciten a las comunidades sobre proyectos de inversión potenciales en el territorio que ocupan. También, que los inversionistas evalúen los instrumentos de planificación territorial, como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y la Estrategia Regional de Desarrollo, para verificar que el proyecto sea compatible. Además, deben esforzarse por conocer, acabada y directamente, el contexto social del territorio, evitando reducirlo sólo a antecedentes de oficina, cartográficos o de estudios.
Privilegiar información en terreno y de quienes viven en el entorno permitirá un diagnóstico real para desplegar un cronograma exitoso que defina con claridad la estrategia de contactos directos y el involucramiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entre otros.
En tanto, durante la evaluación se debería insertar el proyecto en el desarrollo de la zona, de forma transparente para la comunidad, permitiendo que ésta exprese sus inquietudes, más allá de las consecuencias ambientales del emprendimiento.
Finalmente, un trabajo posterior a este proceso debería focalizarse en mantener la vinculación con las autoridades cuyos sectores se “asocian” con la iniciativa, y también con la comunidad, con la finalidad de corregir impredecibles y fortalecer ventajas, en beneficio de todos.
Se requiere avanzar en un cambio de paradigma que visualice los proyectos de inversión como una oportunidad y no como una amenaza.