Fiscalización del trabajo infantil

En 1996 se constituyó por Decreto Presidencial el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador (hoy Comité para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil).
Su objetivo era sentar las bases para un trabajo programado con el fin último de erradicar definitivamente de Chile esta insana costumbre a la que aún que están sometidos más de 200 millones de niños en el mundo.
Hasta poco antes de esa fecha, nuestro país todavía cargaba con una cultura que desde el tiempo de la Colonia legitimaba el trabajo de los menores de edad -sobre todo de escasos recursos- como una conducta positiva y como un medio de integración social y de adquisición de hábitos, situación que permitió que hasta bien avanzado el siglo XX, el trabajo de los niños no estuviera regulado ni menos prohibido por ley alguna.
A comienzos de los 90 se produjo un cambio radical motivado por la suscripción de convenios internacionales y la promulgación de leyes para la protección de la infancia. En el 2000 se elaboró un  Plan de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Adolescente en Chile que busca  que hacia el 2010 se erradique toda forma de trabajo inaceptable y se protejan las condiciones laborales de los que por ley están autorizados para realizar alguna actividad laboral. En el camino, una encuesta nacional aplicada en 2003 para dimensionar y caracterizar el trabajo infantil y adolescente entregó resultados poco alentadores: 200 mil niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajaban al menos una hora durante la semana. De ellos, más de 100 mil lo hacían en condiciones inaceptables. No asistían a la escuela, trabajaban en la calle y lo hacían en jornadas extenuantes. Un dato no menor fue que de esta cifra total, 42 mil estaban sometidos a extensas jornadas de trabajo en sus hogares.
Relevante también es que a nivel nacional la mayor incidencia de trabajo infantil, en menores de 15 años, se encontraba en las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, concentrándose mayoritariamente en los sectores agropecuarios y forestales. Como respuesta, los gobiernos impulsaron programas y políticas para erradicar la pobreza, para establecer la obligatoriedad escolar por 12 años, para promover programas de alfabetización y para modificar el Código del Trabajo que estableció las condiciones en que los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 años pueden integrarse  a la vida laboral. Sin embargo, hay un aspecto todavía pendiente, que dice relación con qué tan efectiva es la fiscalización que hoy se realiza para evitar que los niños sigan siendo sometidos a este tipo de explotación. Cualquier persona puede hacer una denuncia a la Inspección del Trabajo o a los Tribunales de  Familia. Lo que no está claro es si luego de este paso se sigue con el proceso pertinente para decidir la situación futura de ese menor que está voluntaria u obligadamente vulnerando la ley.
Así lo comprobamos en nuestro reportaje que abordó el trabajo callejero que todavía cientos de menores realiza impunemente en la vía pública sin que ningún organismo haya podido hacerse cargo efectivamente de su situación. De esta manera, de poco sirve contar con una de las legislaciones protectoras de la infancia más avanzadas del mundo, si el aparataje institucional para cautelarla todavía cojea. De no solucionarse este tema será muy poco probable que el Estado pueda cumplir con su objetivo de erradicar el trabajo inaceptable antes de la celebración del Bicentenario y así poder decir que a 200 años de su creación, Chile sí pudo construir una sociedad realmente justa y democrática para todos sus habitantes.

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