Formalizan a plana mayor de Alto Río: … Y el hilo se cortó en la parte gruesa

Audiencia será el 25 de marzo por los delitos de cuasidelito de homicidio de las 8 personas que fallecieron y por el cuasidelito de lesiones graves de todos quienes resultaron heridos al desplomarse el edificio en pleno terremoto del 27/F. Estaba ubicado en Padre Hurtado n° 776, en Concepción, y el Estado se encargará de demolerlo.

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Fuerte y claro hablan los vecinos damnificados de Alto Río -“en marzo deberán dar cuenta pública de qué es lo qué pasó”- como anticipa Marcelo Bravo, el vocero.
En voz baja, en cambio, hablan los amigos y conocidos de José Ignacio Ortigosa Ampuero, Felipe Parra Zanetti y Ricardo Baeza Martínez, los socios de Inmobiliaria Río Huequén y Constructora Socovil. De ellos, y en off, dicen que son “gallos buenos”. O que llevaban el negocio de manera ética. Que es gente de clase media, media -recalcan- y que se fueron abriendo paso desde abajo. Nada de grandes lujos ni ostentaciones ni clubes privados.
Pero admiten que lo ocurrido con Alto Río -el desplome del edificio con un saldo de 8 muertos, 8 heridos graves y varios lesionados en proceso de certificación ante el SML de sus lesiones en pleno remezón, en febrero de 2010- “es un pillo insacable, y con toda la barra en contra ni a cañón…” podrían deslindar responsabilidades.
Por lo pronto, la privación de libertad podría ir desde 71 días hasta tres años, sin considerar las circunstancias agravantes, reiteración y otros elementos que en su oportunidad se tienen que determinar.
Y es que la resolución del fiscal Nelson Vigueras Caamaño ya está dicha: formalizarlos por los delitos de cuasi delito de homicidio por quienes fallecieron y de cuasidelito de lesiones graves por los heridos tras el colapso del edificio. A ellos y a cinco personas más: René Petinelli Loayza, Pedro Ortigosa de Pablo, Mario Valeria Leal, José Luis Paredes Villa y Héctor Torres Reyes.
“El ánimo no varía, es de mucha congoja y preocupación. Fue una tragedia para ellos. Mucha gente que vivía allí eran trabajadores de Socovil, amigos de ellos. Ha sido devastador”, expresó de sus clientes, a su vez, el abogado y defensor particular, Alejandro Espinoza Bustos. Llegó al Ministerio Público el último día de 2010, citado por el fiscal Vigueras tal como éste hiciera momentos antes con el abogado Fernando Saenger, querellante en la causa RUC N° 100022267-4, RIT Nº 1604-2010 y solitario e intimidante con quien osara vincularlo como asesor externo de la Municipalidad de Concepción en el pasado, Espinoza advirtió que la Fundación Amparo y Justicia, la organización sin fines de lucro que nació por iniciativa del empresario Andrónico Luksic Craig para prestar asesoría a víctimas de violaciones, como ocurrió con la niña Elena Yáñez Roa, de 6 años, en 1996, no tiene nada que ver con la Municipalidad ni con la ex alcaldesa van Rysselberghe. “Son mitos urbanos”, precisó.
El mismo día, más canchero y solícito junto a su equipo de jóvenes colegas, Fernando Saenger se dirigía a las cámaras de TV y preguntaba:
-Díganme ¿dónde nos instalamos…?
Pero ¿quién es quién en Alto Río el grupo que forma parte de ese mundo inmobiliario de Concepción que se lamenta en privado por los daños en sus edificios, pero que pocos-reconocen- están en el ojo del huracán como Juan Ignacio Ortigosa y sus dos socios por “el grosero” desplome del edificio que, como descarta el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, Idiem, en Alberto Hurtado 776, no hubo falla geológica?
La falla -como ratifica el peritaje solicitado por la Fiscalía- se generó “a nivel del primer piso” y antes de alcanzar su posición final -desplomado- el edificio impactó a nivel del piso 9 contra el muro perimetral que divide los estacionamientos del edificio Alto Río con el edificio contiguo en construcción denominado Paseo.
Ochenta y seis departamentos estaban vendidos y ocupados (faltaban 34 por vender), y el impacto de cuerpos quedaron patentes en sus paredes ensangrentadas como vieron los motoristas Alan Ferrada Garcés y Mauricio Contreras Godoy. A las 4.10 del 27/F estos policías de la Primera Comisaría de Concepción fueron los primeros en trepar al edificio para salvar vidas, valiéndose de cortinas para amarrarse y brincar entre escombros y fierros retorcidos.
De acuerdo con la investigación geotécnica realizada por el Idiem y la norma chilena 433-96, el subsuelo existente en el sitio del edificio clasifica como C3 -el menos sólido y sustentable de construir- pero Pedro Ortigosa de Pablo, ex director del Idiem y contratado por la empresa para el estudio de suelos, lo identificó como C2. “Considerando las características de este edificio, el registro sísmico del terremoto del 27 de febrero de 2010 para la zona cercana al edificio y el espectro de la norma Nch433.Of96 se puede establecer que la solicitación sísmica y clasificación sísmica del suelo no constituyen factores que incidan por sí solos en el colapso del edificio”, consigna el informe.
Condecoración del MOP
Pedro Ortigosa de Pablo (70)- sin parentesco con Juan Ignacio Ortigosa- y quien encabeza la nómina de imputados, recibió de manos del ex ministro Sergio Bitar la condecoración Presidente Balmaceda en grado Gran Oficial del Ministerio de Obras Públicas por su aporte a la Ingeniería Geotécnica y Estructural año 2010.
En una entrevista a El Mercurio, el 27 de marzo de 2010, el ingeniero civil de la Universidad de Chile, máster en mecánica de suelos del MIT, y socio de Petrus Ingenieros, la firma que hizo el estudio de mecánica de suelos del edificio Alto Río, declaró: “A fines de enero recibí una condecoración de manos del ministro de Obras Públicas, junto con otros tres colegas, y andaba pisando las nubes. Y a fines de febrero vino esto del edificio, que me pegó un mazazo y me demostró que en la vida se puede pasar del blanco al negro”.
El premio otorgado por el MOP destaca el quehacer de funcionarios y trabajadores del ministerio, así como el de ciudadanos destacados por su contribución a las obras públicas y al manejo de los recursos hídricos tanto en el país como en el extranjero.
En la misma entrevista, el especialista en suelos dijo no tener ninguna teoría que explicara el colapso, y el fiscal Vigueras, en el curso de la investigación, como trascendió, no comprende “por qué este señor con su experiencia calificó el suelo en forma distinta al que tenía, y condujo a que todos los cálculos se sustentaran en un informe que no correspondía”.
En la pirámide de responsabilidades, en segundo lugar aparece el ingeniero civil René Pettinelli Loaysa (60) por las deficiencias en los cálculos de estructuras y armaduras, y que, como dice el informe del Idiem “el revisor de proyecto de cálculo (Patricio Bonelli, quien ni está imputado) emite un certificado de revisión del proyecto de cálculo con fecha diciembre de 2006, considerando los planos del proyecto estructural de noviembre de 2006. Sin embargo, los planos con los que se construyó el edificio tienen fecha septiembre 2007. Se ha constatado en este peritaje que los planos de 2006 y 2007 tienen modificaciones estructurales significativas. De acuerdo con las declaraciones del revisor y del calculista, estas modificaciones no fueron presentadas al revisor”.
En otras palabras, según se conoció, Alto Río pasa de ser “un cuadrado a un edificio escalonado, como se construyó, y ese cambio en el diseño estructural produjo, en gran parte la inestabilidad del edificio”, aunque los materiales que se usaron corresponden a la especificación técnica de una obra de esta envergadura.
A Las Últimas Noticias, Pettinelli, con más de 30 años de ejercicio profesional, contó que sus primeros cinco años los dedicó sólo a la ingeniería básica y de cálculo en industrias, “que es mucho más simple, porque allí no hay inmobiliarias ni arquitectos pidiendo imposibles. Sólo se requiere conocimiento, habilidad y rapidez, pero en 1985 empecé a incursionar en el área inmobiliaria, que nunca me gustó mucho porque a veces se le exige demasiado al ingeniero y uno no es mago ni científico. Sólo una persona que usa la ciencia conocida para estructurar edificios al servicio de humanos”.
Felipe Parra Zanetti, Ricardo Baeza Martínez y Juan Ignacio Ortigosa Ampuero son los constituyentes y representantes legales de la Inmobiliaria Río Huequén y de la Constructora Socovil. Son propietarios del proyecto, del edificio y, al mismo tiempo, de la empresa que ejecutó la obra. Desde hace 15 años son socios y se iniciaron con Socovil (Sociedad Constructora de Viviendas Limitadas). Tienen varios edificios a su haber: en Vicuña Mackenna esquina Rengo; en Rengo esquina Cruz, Torre Murano e innumerables conjuntos de casas, como el denominado Valle San Eugenio y, a diferencia de otros casos, se está imponiendo la jurisprudencia de la responsabilidad de quienes son los representantes de una empresa. O como habría expresado el fiscal a los abogados querellantes: “El hilo ya no se corta por lo más delgado…”
Como gerente técnico del proyecto, Ricardo Baeza aparece con la mayor responsabilidad en la pirámide de las investigaciones, como hizo ver el abogado Fernando Saenger a la prensa, y que Alejandro Espinoza, el defensor particular retrucó: “Sus opiniones tendrá que probarlas en el juicio, pero el fiscal no ha dicho aquello”.
Pero de los socios de Socovil, sus amigos y conocidos hablan justamente de este constructor civil de la UBB, de 43 años, compañero de curso de Juan Ignacio Ortigosa, un “gallo muy generoso que sale de los parámetros normales de generosidad y solidaridad. Independiente de que los puedan hasta condenar, es súper triste lo que les pasó. En Concepción nunca se ha escuchado que sean sinvergüenzas, malos empleadores o que hayan dejado de pagar una cuenta. De Felipe Parra, socio minoritario con no más de un 20% de participación, quién no podría decir que es un tipo bien nacido, profesor universitario, Premio Universidad y el mejor de su promoción, en Ingeniería Civil en la U. de Concepción, carrera a la que entraron como 700. Ninguno está vinculado al mundo aristocrático y empezaron de abajo”, dicen, aunque el concejal Patricio Lynch, llame a desconfiar: “De fortunas que se hacen muy rápidamente, uno tiende a pensar que es como la champaña. Yo creo en la seriedad de las cosas, hay edificios -a metros del Alto Río- que no cayeron. Tenemos que ver por qué algunos edificios colapsan y por qué algunas empresas crecen como la espuma de champaña. En esto de las construcciones ha habido mucha ambigüedad”, precisó.

Su primer edificio

El ingeniero mecánico Mario Valeria Leal, contratado por la obra, y quien aparece en el mismo nivel de responsabilidad para el fiscal Vigueras como los jefes de obras José Luis Paredes Villa y Héctor Torres Reyes, no tiene la especialidad de constructor civil ni de arquitecto o de ingeniero civil en construcción como exige la Ley de urbanismo general de construcciones y la ordenanza general de construcciones.
Valeria no tiene la calidad de constructor, y carecía de experiencia en la construcción de edificios de altura, como consigna el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem), mientras que Paredes y Torres, sus subordinados directos, no tenían calificación profesional. Se trata de personas que habían tomado cursos de capacitación en distintas entidades, sin experiencia mayor en edificios de altura aunque uno de ellos ya había construido un edificio, pero no tenían calidad profesional suficiente para la responsabilidad y envergadura de este proyecto.
“Existió otro jefe de obra en la construcción con experiencia en edificaciones en altura. Sin embargo estuvo al inicio de la obra y luego fue destinado a otra por parte de la constructora”, consigna el informe del Idiem que hizo el peritaje estructural del edificio Alto Río, el que será demolido con cargo al Estado una vez que sus propietarios retiren sus pertenencias, tal como lo confirmó la intendenta Jacqueline van Rysselberghe.
La defensa de Valeria, Paredes y Torres la tendrá el abogado Humberto Alarcón Corsi, de la Defensoría Penal, de acuerdo con lo dispuesto por el juez de Garantía Carlos Aguayo Dolmestch.

Y ¿qué pasó con la carpeta?

La sorpresiva inspección que el remezón grado 8.8 hizo en Alto Río abrió otro boquete en la polémica 2010. Y de la arista política por la pérdida del archivo de construcción del colapsado edificio se ha encargado el concejal Patricio Lynch Gaete. Le representa al alcalde Patricio Kuhn su renuencia a hacerse parte como querellante por la caída de la torre de 15 pisos que causó la muerte de 8 personas y de instruir a destiempo y sólo por la presión del Concejo comunal un sumario interno en el Departamento de Obras Municipales. En el sumario -que no estaría listo antes de marzo- actúa desde el 10 de enero de 2011 como fiscal el abogado y profesor de Derecho económico, Mauricio García Larenas. La designación del antecesor quedó nula tras establecerse que tenía un grado inferior en la escala pública al del titular de Obras Municipales, Juan Andreoli.
“Nosotros somos custodios de la fe pública que nos entregó estos documentos y en ese sentido hemos fallado como municipio. Deberá pedírseles cuenta a los que tienen responsabilidades en el control de lo que pasa en la Municipalidad”, declaró el concejal Lynch. Dice haberle pedido en marzo o abril al recién asumido alcalde -que sucedió a Jacqueline van Rysselberghe- el resguardo de los documentos que se hallaban en el siniestrado edificio de los funcionarios de la Universidad de Concepción, Fiuc, donde funcionaba el departamento municipal.
Y agrega que la caída y desorden de carpetas, como constató en dos oportunidades Juan Andreoli, es un hecho objetivo, pero de acuerdo con la propia ley orgánica municipal y a la ley de base de la administración del Estado le corresponde al superior jerárquico ejercer la autoridad y control sobre los subordinados que, para efectos de la ley, están a su cargo. “No se pueden diluir responsabilidades. El edificio se cayó por mal construido y existe la sospecha que la desaparición de esos documentos haya ocurrido en la administración anterior a Patricio Kuhn”, precisó.
No obstante, el fiscal Nelson Vigueras hizo ver que pudo subsanar el traspié del extravío de parte de esa carpeta (proyecto de cálculo y algunos planos de ingeniería) con la incautación personal de computadores y de otros expedientes para solicitar la formulación de cargos.
-¿No es condición sine qua non, entonces, para avanzar?
-No podría calificar o no la importancia de este antecedente. Yo constaté y desde el primer minuto abrí una investigación aparte; es un antecedente que gracias a otras diligencias en parte se ha podido salvar. La investigación está en curso. Es un antecedente importante, pero también tenemos otras: he tomado muchas declaraciones, he hecho otras diligencias que unidas a estas del peritaje me llevan a tomar una decisión”.

Contienda de competencias

Para Alejandro Espinoza, defensor particular de la empresa Socovil, la formalización de la Fiscalía, en audiencia fijada para el 25 de marzo, “apunta a etapas en que no participaron directamente mis representados”, quienes encargaron a terceros el proceso de mecánica de suelo y de ingeniería.
Explicó que el peritaje encargado a Dictuc, (filial de la Pontificia Universidad Católica de Chile que transfiere el conocimiento experto desde la Escuela de Ingeniería UC al servicio de la comunidad) está en proceso y la defensa, tranquila con los pre informes que difieren de los resultados del Idiem.
– ¿Se abre una contienda de competencias entre el Idiem y el Dictuc por probar quién tiene la razón?
-“Hay diferencias de apreciación respecto de las causas del colapso. Va a ser un tema técnico y, justamente, respecto del cual la empresa contrató a terceros en la elaboración de los proyectos de arquitectura, ingeniería y mecánica de suelos. Son personas a nuestro entender tremendamente prestigiosas, y que han construido una cantidad importante de edificios en Concepción. Esperamos tranquilos el resultado de nuestros peritajes y de lo que venga en adelante”.
-¿La empresa no está dispuesta a reconocer su error en la construcción del edificio Alto Río?
-“Lo que estamos haciendo es establecer qué pasó y para eso hemos encargado los peritajes a la institución más prestigiada que existe en Chile en la materia; una vez que esos peritajes estén evacuados, este mes (enero), la empresa tomará una posición en la materia, pero antes sería poco serio; queremos establecer qué es lo que pasó exactamente aquí”.
-¿La carpeta extraviada es clave para determinar lo que pasó allí?
-“Está absolutamente claro con qué planos se construyó el edificio y con esos planos trabajó el Idiem y el Dictuc; la carpeta con la cual se construyó el edificio la tiene el fiscal y fue la que contrastó el Idiem para saber si estaba construido contra proyecto o no. No tiene relevancia en el establecimiento de las causas del colapso. Los peritajes se han hecho en base a los antecedentes de la carpeta que tiene la fiscalía, y está claro con qué proyecto de ingeniería se construyó el edificio”.
-¿Esto no es lo mismo que si no hay cuerpo del delito no hay delito?
-“Los planos de cálculo de ingeniería del edificio están en poder del fiscal, son los planos con los cuales se construyó el edificio y están siendo periciados por el Idiem y el Dictuc. Respecto de eso no hay ninguna discusión”.
Para los investigadores del Idiem, Fernando Yáñez y Eduardo Sanhueza, sin embargo, el desaparecido archivo del edificio desde la Dirección de Obras Municipales impide “establecer cuál fue el proyecto de estructuras aprobado para construir por parte de la Municipalidad de Concepción y cuál fue el proyecto de estructuras recepcionado una vez finalizada la construcción”. Y en ello coincide el abogado querellante en la causa, Fernando Saenger: “Si esta parte fue sacada por personas, cosa que yo no puedo imputar a nadie, tiene que haber pensado que era vital para la prueba de algún hecho”.
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Caída de Alto Río

Una combinación de mal cálculo, mala calificación del suelo, un diseño que se cambió y no se hizo revisar, además de personas no aptas para la construcción habrían incidido, en definitiva, en que la torre de 15 pisos se desplomara. Según el informe del Idiem, la falla se originó en el primer piso, la estructura se bamboleó y se fue “de espaldas”. Los expertos aclaran que el terremoto del 27-F, la norma chilena 433-96 y la clasificación sísmica del suelo “no constituyen factores que incidan por sí solos en el colapso del edificio”.

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