En el afán de administrar los asuntos propios del Estado, varios países occidentales dieron forma al cargo de gobernador, cuyas responsabilidades, en algunos casos, se asemejan a las funciones del nivel central. En Chile, ubicado en las provincias, ahora se quiere elevar a la Región.
Analistas electorales, animados por este proyecto que ya fue aprobado en comisión mixta, comienzan a sacar conclusiones. La primera: si en la futura elección de gobernador regional se repiten los resultados de los comicios comunales, la Nueva Mayoría tendrá 13 gobernadores y Chile Vamos sólo dos. Tal resultado explica una suerte de tranquilidad política, debido a que considerando que pueden perder la presidencia, igual gobernarán 13 regiones y, de esa forma, mantendrán su presencia política.
La Nueva Mayoría, poco estudiosa de las cuestiones políticas y electorales, comienza a darse cuenta que la prédica “la gobernación es un cargo sin ninguna potestad”, ha perdido valor. La razón es que por un lado observan la sombra de 13 gobernadores políticamente contrarios al eventual gobierno y, lo que es más grave, revisando los conceptos de administración y potestad del Estado descentralizado, la cantidad de normas a las que estarán sujetos los nuevos gobernadores es de tal magnitud, que repletarán su agenda de trabajo y se transformarán en líderes de la descentralización. ¿Qué responderá el Gobierno cuando se solicite el traspaso de potestades a ministerios tal como lo permite y alienta la ley y la Constitución? Pero mejor, ¿cuál será la respuesta del Presidente cuando algún gobernador exija la aplicación del Art. 19 N° 20 de la Constitución, que permite retener tributos?
Ocurre que las leyes no son estudiadas. Recuerdo aquel Ministro de Educación que buscaba afanosamente una mayor participación en la elaboración de los programas de estudios, hasta que se le dijo que la Constitución, “obligaba a la comunidad a participar del desarrollo educacional”. No tenía idea.
Lo mismo sucede con la Ley de Presupuesto. A lo menos unas 100 glosas ubican a los municipios como actores principales en la administración de recursos, pero como tampoco estudian nada, tales dineros disponibles finalmente se pierden y vuelven a la administración central. Por otro lado, el año pasado se establecieron por cinco años los valores del agua y uso de alcantarillado domiciliario, y a pesar de que antes de la fijación de tarifas se debe oír al municipio, esto no se hizo porque según la Superintendencia, “los municipios no se interesan en representar a sus vecinos o no tienen idea de esta obligación”.
El gobernador regional tendrá mucho que hacer y será un fiscalizador de la descentralización. A su vez, deberá “empujar” a la totalidad de las autoridades locales o regionales para que actúen en consecuencia con la propia Constitución, que dispone que la administración deberá ser descentralizada o desconcentrada en su caso. El trabajo de los gobernadores viene muy intenso.