Desde el sur de Chile, los colegios de abogados iniciaron una campaña para terminar con la licitación de causas implementada por la Reforma Procesal Penal. Consideran que el sistema es injusto y perjudica la labor de los juristas jóvenes. Pero al Presidente del Colegio Regional Concepción le inquieta aún más la información sobre que algunas multitiendas podrían entrar a este régimen: “eso significaría la mercantilización de nuestra profesión”, denuncia en esta entrevista.
“Hoy los abogados no somos iguales ante la ley”. Así de tajante es el jurista Hugo Díaz Uribe para referirse al sistema de licitación de causas implementado por la Reforma Procesal Penal que, a su juicio, destroza la esencia liberal de la abogacía y amenaza con mercantilizar la labor de los juristas.
Sus críticas apuntan directamente al sistema de licitación de causas de la Defensoría Penal Pública que de acuerdo a ley permite que un número reducido de abogados o instituciones se adjudique un “paquete” de causas, cuyos servicios son costeados por el Estado.
Según explica el Presidente del Colegio de Abogados Regional Concepción, Hugo Díaz, el hecho de dar a los licitados una clientela cautiva y un pago seguro de honorarios crearía una situación de franca desigualdad ante sus pares que ejercen la profesión en forma liberal y por eso desde el sur de Chile inició una cruzada para modificar esta legislación.
-¿Ustedes han cuantificado si desde la entrada en vigencia de este sistema hay menos trabajo para los abogados que ejercen de manera independiente?
Personalmente no puedo hacer esa afirmación, pero sé que los abogados jóvenes se quejan de esta competencia desleal entre el abogado licitado y el abogado de ejercicio libre. Nosotros como colegio defendemos a todos los abogados, pero queremos defenderlos en igualdad de condiciones.
-¿Y cómo piensan hacerlo?
El Colegio de Abogados de Concepción logró agrupar a todos los colegios del sur de Chile y desde esta agrupación estamos luchando para que se modifique este sistema de contratación de abogados que ha creado una discriminación odiosa entre los que forman parte de la Defensoría Penal Pública y el resto que lo hacemos en forma libre.
¿De qué manera se produce esa discriminación?
Nuestra queja es que los abogados licitados de la Defensoría se adjudican un número indeterminado de causas que son costeadas con el erario nacional, lo que les da un trabajo asegurado y, a la vez, les proporciona una infraestructura que no todos sus pares no licitados disponen.
¿Cuál es la propuesta concreta que ustedes hacen para terminar con esta supuesta competencia desleal?
Nosotros pretendemos que a nivel de abogados se establezca algo similar a lo que existe en el sistema de salud pública. Proponemos crear un Fonasa jurídico que por una parte le ahorraría dinero al Estado y por otra haría más ecuánime nuestra profesión y haría realidad la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Hoy los abogados no somos iguales ante la ley, porque somos discriminados los que estamos fuera del sistema de Defensoría Penal Pública con los que están dentro de ese sistema.
-¿Cómo funcionaría este Fonasa Jurídico?
Con este sistema las defensas penales se abrirían a todos los abogados según libre elección de los clientes, manteniéndose por parte del Estado el pago de los honorarios. En resumen se reasignarían los cuantiosos recursos que hoy van a manos de quienes se adjudican los paquetes de licitaciones.
Defensa con cargo a la tarjeta
Previo a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal la entonces Ministro de Justicia, Soledad Alvear, visitó Concepción para dar a conocer el nuevo sistema. En esa presentación hecha en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UdeC, Hugo Díaz le hizo ver a la secretaria de Estado las aprehensiones que como colegio tenían ante el sistema de licitación de causas y le advirtió que tal como estaba la ley podría llegar el día en que las multitiendas postularan al sistema y cargaran los servicios de sus profesionales a sus tarjetas de crédito. Y al parecer sus afirmaciones no estaban erradas.
“A fin de año se llama nuevamente a licitación para los efectos de la Defensoría y he sido informado que hay por lo menos un par de multitiendas que ya han comprado bases de las futuras licitaciones”, afirma Díaz.
¿La ley permite esta situación?
Sí lo permite y por eso es que nos oponemos a ella y nuestra crítica apunta a que va a llegar el día en que las multitiendas abran una sección de causas criminales, tal como hoy tienen de zapatería o de ropa interior. De esta manera una persona va a requerir los servicios de un abogado con cargo a la tarjeta de la multitienda y eso sin duda que desvirtúa la labor del abogado y mercantilizará la profesión.
¿Por qué dice Ud. que esto desvirtuaría su profesión?
Porque si una empresa poderosa gana la licitación después va a contratar abogados por el honorario mínimo para que hagan la defensa.
¿Y eso podría afectar la calidad del servicio?
Claro que sí, porque el que licita un paquete importante de causas va a tratar de ganar dinero y lo hará en una proporción de diferencia entre el costo del servicio que presta con la cantidad que recibe. Es decir, la diferencia entre lo que le va a pagar al abogado que contrate y lo que le va a remunerar el Estado.
Criminales poderosos
Tal como muchos de sus pares de larga trayectoria, el abogado Hugo Díaz fue un tenaz crítico de la incorporación de juristas jóvenes como funcionarios en el aparato judicial post reforma. Pero el tiempo dice, le ha hecho cambiar esa percepción, ya que según confiesa se ha sorprendido por la habilidad, el grado de conocimiento y la eficacia de los noveles actores de la nueva justicia procesal penal, especialmente de los Jueces de Garantía. De allí la férrea defensa que hace de ellos ante los comentarios que apuntan a la supuesta facilidad con que estos magistrados “dejan libres” a peligrosos delincuentes.
“Yo digo que esas afirmaciones no pasan de ser frases cliché, porque de la misma forma se calificó el antiguo sistema Procesal Penal y de la misma forma se está calificando el nuevo sistema: que los jueces son garantistas, que los despachos de los jueces son puerta giratoria. Yo creo que en el fondo hay un problema de incomprensión del principio de inocencia, que es universal, que establece que el delincuente es considerado como tal al momento que se dicta la sentencia de término, la sentencia final. Mientras aquella sentencia no se pronuncie, nadie puede ser tratado como delincuente”, afirma
Agrega que el ciudadano común considera como delincuencia la cantidad de denuncias que se formulan a diario por supuestos delitos en contra de supuestos delincuentes. “La real dimensión del problema la tiene que arrojar la cantidad de sentencias condenatorias y parece en tal sentido que el Ministerio Público está desarrollando una muy buena labor y que evalúa la delincuencia desde este punto: de la sentencia condenatoria y de ahí desmenuza qué delitos son los más frecuentes y los menos frecuentes”, sostiene.
Asimismo destaca que la tendencia del Derecho Procesal Moderno es perseguir al criminal mayor, “porque no es rentable desde el punto de vista económico perseguir al criminal pequeño: ese que roba billeteras, no hablo del que comete hechos de sangre”, aclara Díaz.
Sostiene que los grandes delincuentes son aquellos que evaden impuestos, que afectan la ley Anti Monopolio. “Esas leyes no las transgreden los pobladores y por eso que los norteamericanos hablan de que al que hay que perseguir es al delincuente de cuello y corbata, el “power full”. Yo creo que en Chile está ocurriendo lo mismo, porque la Reforma Procesal Penal permite aplicar el sentido de oportunidad, de manera que el Ministerio Público puede por falta de oportunidad no perseguir al pequeño delincuente y orientar acuerdos reparatorios para los delitos menores”.