Imputados de la Municipalidad de Hualpén: “Estamos bien en el hoyo los 8”

En el módulo 9 de El Manzano permanece Marcelo Rivera Arancibia imputado por cuatro delitos que, en caso de condena, le significarían un piso mínimo de 11 años de cárcel sin beneficios. Lo más grave es la acusación por Lavado de activos provenientes del haber hecho vista gorda en la extracción de arena a Rubén Moraga Rojel, dádiva que le posibilitó comprar una decena de bienes inmuebles y vehículos a nombre de su mujer e hijo y a nombre propio por 134 millones de pesos. Moraga Rojel es el mismo empresario que será formalizado por soborno en la indagación que lleva adelante el fiscal Francisco Ljuivetic, y quien además está enfrascado en un reclamo tributario por 106 mil millones de pesos con el SII.


De poco y nada sirvieron los vistosos letreros –“Estamos contigo Marcelo”- o la presencia de dirigentes sociales de Hualpén en las afueras del Juzgado de Garantía, en Talcahuano, mapuches incluidos, para “darle ánimo y fortaleza al señor alcalde”, porque Marcelo Rivera Arancibia terminó yéndose a prisión preventiva celosamente guardado en el carro de Gendarmería BY RD 42 rumbo al módulo 9 de El Manzano, de imputados y condenados mayores de 50 años.
Ni una imagen suya ingresando al carro de los presos, ordenó la jueza de Garantía Humilde Silva Gaete al concluir la jornada de más de ocho horas en el tribunal de Talcahuano, y dónde se develaron los cargos contra los ocho imputados en la investigación secreta de seis meses que llevó adelante el Ministerio Público. Carabineros, gendarmes y funcionarios cumplieron al pie de la letra la resolución de la magistrada y la cincuentena de adherentes a Rivera, mujeres en su mayoría que se mantuvieron conversando y saludando en particular a la madre del alcalde Rivera durante todo el día, estallaron en llanto y en un griterío ensordecedor.
No les gustó que enviaran al alcalde a la cárcel, pero “esté donde esté, va a ser nuestro líder”, se escuchaba decir mientras otras voces culpaban a la prensa de la desgracia del señor alcalde, desgracia que para el Ministerio Público no es más ni menos que la comisión –comprobable- de cuatro delitos graves en un funcionario público: cohecho – recibió dádivas y privilegios del empresario Rubén Moraga Rojel-; fraude al Fisco, porque este mismo empresario extrajo gran cantidad de arena, autorizado por el alcalde, y pagó derechos muy menores a la Municipalidad de Hualpén; exacción ilegal, por solicitar recompensas ajenas a los derechos legales y lavado de activos, porque con los dineros recibidos por medio del fraude fiscal y cohecho, el jefe comunal habría adquirido un total de 10 bienes inmuebles y vehículos, tres inscritos a nombre de terceros y siete a nombre propio en distintos registros públicos por un total de 134 millones de pesos.
Desde temprano hubo agitación en el tribunal de Talcahuano. A las 8.15 horas del viernes 27 de enero, siete de los 8 imputados ya hacían antesala para entrar a la sala de audiencias 3 en el cuarto piso. El último en llegar fue el secretario municipal Nelson Cuevas Muñoz, imputado por fraude al Fisco, y quien como los restantes funcionarios de Hualpén, Mario Gutiérrez Pastorini, jefe del departamento de personal ( fraude al Fisco) ; Patricio Garrido Valenzuela, director de aseo, ornato y medio ambiente (fraude), Eduard Jara Nova, periodista (fraude), José Miguel Peña Virgili, secretario de planificación (fraude), Gastón Sanhueza Muñoz, director de obras municipales (cohecho) y el concejal Miguel Rivera Morales (cohecho) deberán firmar mensualmente en la Fiscalía de Talcahuano y no podrán salir del país (arraigo nacional).
A pesar de los rostros preocupados que se advirtieron por momentos en el curso de la audiencia de formulación de cargos, y emulando la operación de rescate de los 33 mineros de la mina San José, en Copiapó- a poco de conocerse de manera oficial la penalidad impuesta, los imputados tuitiaban al impaciente jefe de gabinete de la Municipalidad de Hualpén, Bernardo Daroch Avendaño: “Estamos bien en el hoyo los 8”.
Unos más que otros, por cierto, pues siete imputados podrán volver a su trabajo en la Municipalidad. No así el alcalde Rivera, quien, mientras dure su prisión preventiva, deberá ser subrogado por el administrador municipal, César Arriagada, y reemplazado en el cargo si en el Tribunal electoral – en la línea política administrativa- prosperara una solicitud de destitución por notable abandono de deberes, escrito presentado por el concejal de Renovación Nacional, Gabriel Torres, y su par del PPD, Luis Isla, el que ya fue acogido a trámite.

Risas y sonrisas

No obstante, impecable en su traje oscuro y corbata roja lucía esa mañana el alcalde. Estaba sentado junto a los demás funcionarios –de su confianza todos ellos- en la estrecha sala del tribunal y la prensa, apretujada y de pie, podía observar tras suyo su incipiente calvicie mientras una impertérrita jueza, escuchaba los cargos del fiscal de Temuco –y cabeza de la investigación secreta que expira este 5 de febrero – Francisco Ljuibetic.
El grupo intercambiaba miraditas y sonrisas de vez en cuando mientras el fiscal detallaba cómo, con préstamos en Copeuch, diez funcionarios del círculo del alcalde, incluidos cinco de los ocho imputados, lograron reunir un fondo de $20 millones correspondiente al precio pactado en la escritura pública (4 de noviembre de 2008) de compraventa del inmueble de calle Finlandia Nº 1404, en la Población Armando Alarcón del Canto, destinado a “Casa ciudadana” y de cómo, también, se estructuró el pago de esos préstamos, entre un $1.065.188 y $5.300.000 , con el pago de horas extraordinarias que se efectuaron con recargos calculados al 25 % y/o al 50%, dependiendo del caso, por un monto total de poco más de 35 millones de pesos.
“Los imputados Rivera y Gutiérrez, en sus calidades de alcalde y jefe de personal de la Municipalidad de Hualpén en el período que va entre los meses de octubre de 2008 a diciembre de 2010, consintieron en que se defraudara al municipio, causando un perjuicio de a lo menos $35.469.142. El primero, autorizando las horas extraordinarias expresamente respecto de cada uno de los funcionarios y directivos mencionados, independiente de que si eran o no necesarias para el servicio, o de si estaban o no autorizadas oportunamente, y a sabiendas de que no habían sido trabajadas, y el segundo, solicitando el pago de las mismas al Departamento de Finanzas de la Municipalidad, sabiendo que correspondían a horas extraordinarias no trabajadas, desde donde finalmente se pagaban mensualmente dichas horas”.
Pero el alcalde Rivera congeló su sonrisa cuando, casi al final de la audiencia, se leyeron sus cargos como único imputado en los hechos 4 y 5 descritos en detalle por Ljuibetic, esto es, la recepción de un maletín con 100 millones de pesos del empresario Moraga Rojel (delito de exacción ilegal) y la inversión de esos dineros (lavado de activos, el delito más grave que enfrenta) que decidieron a la jueza Humilde Silva enviarlo a El Manzano y otorgar al Ministerio Público un plazo de tres meses para proseguir con la investigación. Otorgarle la libertad, según lo resuelto por la jueza, constituía “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
El empresario sería formalizado este lunes 30 de enero por el delito de soborno en esta misma investigación y aunque el fiscal dijo que no adelantaría detalles, se conoció que Moraga Rojel enfrenta un reclamo tributario por 106 mil millones de pesos (200 millones de dólares) por parte del Servicio de Impuestos Internos en Concepción. La causa tributaria pendiente ante la Corte Suprema (recurso de casación en el fondo) tiene relación con que aparentemente el empresario no tributó sobre las utilidades que obtenía por la explotación de los predios de su propiedad, entre ellos las areneras de Hualpén. Por orden del máximo tribunal, el cobro del impuesto mencionado está suspendido por 90 días, a contar del 18 de noviembre de 2011.

Lo que dijo Ljuibetic a la jueza Silva sobre los $ 100 millones

El fiscal expresó que en 2009, 2010 y 2011, el alcalde de Hualpén aceptó recibir distintas cantidades de dinero del empresario José Rubén Moraga Rojel, representante legal de Inmobiliaria Las Tejas Limitada, tanto en dependencias municipales como en otros lugares, a cambio de otorgarle autorización para la extracción de áridos en Hualpén sin tener toda la documentación habilitante para tal actividad y ordenando inclusive paralizar un procedimiento de clausura (decreto alcaldicio n° 0245, de 5 de febrero de 2007, clausura que se verificaría el día 7 del mismo mes). El primer permiso municipal concedido fue mediante decreto alcaldicio n° 540 de 18 de febrero de 2008, y luego dispuso que inspectores municipales no fiscalizaran a Las Tejas, a diferencia de otras extractoras de áridos de la comuna, “aceptando que dicha empresa informara los volúmenes de extracción de arenas a su arbitrio, sin ningún tipo de control, no pudiendo determinarse los derechos municipales a los que la empresa se encontraba afecta por dicha actividad en forma fidedigna, resultando de ello el cobro de menores derechos que los correspondientes, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales”.
Ljuibetic expuso que por hacer vista gorda con Las Tejas, el alcalde Rivera aceptó recibir y recibió para sí la cantidad de $100 millones de pesos en efectivo (7.10. 2009) en dependencias de la sucursal Catedral de Concepción, del Banco Santander de parte de José Rubén Moraga Rojel. Un mes después (26.11. 2009) recibió para sí el cheque Serie 1CO Nº 0005262 417, de la cuenta corriente Nº 074-00-56728-4, del Banco Santander, de Inmobiliaria Las Tejas Limitada, girado por José Rubén Moraga Rojel, por un millón de pesos, el que cobró por caja en el mal Plaza del Trébol, Víctor Castro. Al año siguiente (22. 02. 2011), Moraga le giró un segundo cheque por $2 millones, el que cobró Mario Gutiérrez Pastorini y el 8 de marzo de 2011, cobró un tercer cheque por $2 millones, lo que equivale a un total de $105 millones de pesos.
En relación al delito de lavado de activos, el más serio de los cargos a Rivera, el fiscal de La Araucanía, nombrado tras el impasse surgido entre el ex fiscal Andrés Cruz –que concluyó en su alejamiento del Ministerio Público- y el actual fiscal regional Julio Contardo, dijo que éste “a sabiendas que las utilidades percibidas tenían un origen ilícito, realizó acciones con el objeto de ocultar o disimular tal origen, dándoles apariencia de legitimidad; y adquirió, poseyó y utilizó diversos bienes, igualmente con el mismo origen, con ánimo de lucro, conociendo de su espuria génesis”.
Por esta vía, lo cual representa un patrimonio total por $134 millones según detalló al tribunal, compró una casa en Finlandia n°1404, en la Población Armando Alarcón del Canto, Hualpén ($20 millones); un station wagon Ford explorer, año 2009 ($18 millones), un auto Suzuhi Swuift, 2006 ($3,5 millones), departamento en Condominio de Triana ($30 millones), lotes 3 y 4 de la Quinta Las Helitas, Yumbel, dos hectáreas de superficie ($20 millones); lote C, Parcela San José, 0,77 hectáreas, Yumbel (un millón de pesos), Casa ciudadana ($4 millones), camioneta Nissan, año 2010 ($17 millones); inmueble en Malaquías Concha n°834-836, San Vicente ($7,5 millones), inmueble pasaje Bristol n°363, Población Armando Alarcón del Canto ( $6,5 millones) y un inmueble en avenida Finlandia n°1416, en la misma población AA del Canto en 6 millones de pesos.
-¿Pero qué pasó, en definitiva, con los 80 millones de pesos que le fueron sustraídos post terremoto al alcalde desde su departamento de los Conquistadores n° 8695, departamento 903, Condominio Rodrigo de Triana?, le preguntamos al fiscal Ljuibetic al concluir la jornada de fuego cruzado en el tribunal.
“Se han indagado todas las aristas y lo cierto es que, a partir de la propias denuncia que formuló, él ha sostenido que fue parte de lo que le fue entregado en octubre de 2009 y que eran $100 millones en total. Eso se indagó y tenemos antecedentes adicionales que nos han permitido sustentar lo que hoy pedimos y comunicamos a los imputados”.
-Al comienzo de la investigación se habló de delitos por mil millones de pesos y en un cálculo a vuelo de pájaro la verdad es que hay mucha distancia entre lo primero que se dijo y lo que se ha conocido esta mañana…
Lo cierto es que jamás señalamos un monto sobre el particular. Son elucubraciones que salieron durante la etapa investigativa. La Fiscalía jamás ha informado sobre montos y tampoco ahora lo puedo realizar. Lo que sí es importante precisar es que en los delitos de corrupción pública, la pena a aplicar no importa -y eso es lo relevante- o no conlleva (no se aplica en relación con) la cantidad de dinero que ha sido afectada en las arcas municipales, en este caso de la Municipalidad de Hualpén.
-En una entrevista a NOS y a propósito de este misma investigación secreta que usted dirige, el alcalde Rivera aseguró que de “Hueón no tengo ni un pelo” para indicar que todo lo suyo estaba en regla. Hoy ¿se han cambiado los papeles, diría usted?
“(Jajaja..) Él tiene que ver dónde le aprieta su zapato, no más…”.

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