La Biopolítica y sus riesgos para la población

Dr. Jaime Mañalich Director de Instituto de Políticas Públicas en Salud Universidad San Sebastián
Dr. Jaime Mañalich
Director de Instituto de Políticas Públicas en Salud Universidad San Sebastián

Michael Foucault planteaba que con el advenimiento de la modernidad ningún área de la vida humana quedó excluida de la mirada salud/enfermedad. Llamó a este fenómeno Biopolítica que, en términos simples, se podría traducir como que hoy no existe actividad o modo de vida que no se haya medicalizado. Esta mirada ha traído beneficios para el ser humano, el más destacable de todos: las grandes victorias contra las enfermedades infecciosas. Pero el costo no ha sido pequeño. El Estado Salubrista ha debido inmiscuirse hasta el extremo en la autonomía individual para lograr determinados objetivos: se vacuna obligatoriamente, se prohíbe fumar en espacios públicos, se aísla a los contagiosos, se clausuran locales comerciales y existe en la práctica una para-Constitución, el Código Sanitario, que permite acciones que normalmente exigirían estados de excepción si se tratara de otras materias. Todo bien cuando se hace bien; muy peligroso cuando se hace mal. El argumento sanitario ha permitido contradicciones históricas que vale la pena recordar. Ejemplo, el decreto que autorizaba el aborto en la Unión Soviética en 1920, firmado por V. Lenin por razones de Salud Pública. La ley que lo prohibía fue firmada por J. Stalin en 1936 bajo el mismo argumento. En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente no tiene autoridad para definir alertas ambientales más que en algunas zonas del país y en algunos meses. El mismo riesgo ambiental permite a Salud definir alertas sanitarias en cualquier momento o lugar, por idéntico riesgo de contaminación y realizando las mismas acciones que haría Ambiente. El uso prudente y sabio de este poder, que tanto beneficio ha traído, es una obligación muy severa para las autoridades de Salud y un aspecto que debe ser vigilado por agentes fiscalizadores como la Contraloría, la Cámara de Diputados y, sobre todo, por los medios de comunicación. Asimismo, en la tramitación de leyes, y para el caso particular de Salud, es altamente conveniente que se deje el mínimo espacio para reglamentos en la aplicación concreta de la normativa que los legisladores han considerado trascendente para el bien común. La demora en la tramitación de estos reglamentos, las reinterpretaciones del marco legal que a veces ellos permiten y las demoras que el imprescindible control de legalidad por Contraloría imponen cuando los citados reglamentos contradicen el espíritu o la letra de la ley, se traducen en que los pretendidos beneficios para el ciudadano lleguen tardíamente o, incluso, se desvanezcan. Los estándares de Salud Pública chilenos, logrados en un marco democrático, son admirados en el mundo. Se ha transitado con dificultad y consenso en la tensión entre libertades personales y salud para todos. Eso no desaparecerá; pero es imprescindible que persista una prensa autónoma, parlamentarios que sólo miren el bien ciudadano basándose en información objetiva y un ministerio que se sepa controlado, pero no capturado.

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