La paradoja de la equidad

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Roger Sepúlveda Rector Universidad Santo Tomás Concepción

En 2014 sólo dos universidades recibieron más del 66 por ciento del total de donaciones del sistema universitario chileno. Un dato que al analizarlo evidencia lo concentrado y desigual que suele ser nuestro sistema educacional.

En efecto, de los 22 mil millones de pesos que reciben las instituciones de educación superior a través de donaciones, la Universidad de Los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Chile se llevaron dos tercios. Vale la pena recordar que en Chile existen más de 150 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

Por su parte, los donantes individuales y jurídicos más importantes han privilegiado a las universidades más selectivas, perpetuando las inequidades existentes en el sector. Se trata de benefactores, cuyas familias concentran las mayores riquezas del país, quienes mediante fundaciones pueden acceder plenamente a los incentivos tributarios vigentes.

Territorialmente, la realidad es igual de desalentadora. Según estudios, más del 90 por ciento de los recursos se concentran en instituciones de la Región Metropolitana.

El escaso aporte se debe a que históricamente hemos depositado la responsabilidad de financiar la educación superior en el Estado, no en los privados. Aunque sabemos que en la práctica no es así, pues el Estado chileno es uno de los que menos aporta respecto a otros países de la OCDE, y que el mecanismo es engorroso, poco claro y basado en la desconfianza, ya que las empresas suponen que al usar estas franquicias tributarias se expondrán a revisiones o auditorías del Servicio de Impuestos Internos, y por ello las evitan.

Esto sucede cuando el financiamiento de la Educación Superior está en el centro del debate. Entonces, podremos suponer que la reforma educacional va a desincentivar este tipo de aportes, pues el slogan de “gratuidad” quita el enfoque en el estudiante y lo posiciona sobre las instituciones, perdiéndose el sentido filantrópico de ayudar al “otro”.

Finalmente, para mejorar este sistema es necesario realizar cambios radicales al marco regulador. Se debe avanzar en aspectos que aumenten los recursos disponibles por donaciones y mejorar la dispersión geográfica de éstos. Debemos fomentar y facilitar la donación de personas naturales e instalar incentivos tributarios adicionales para aquellas que se destinan a regiones, pues claramente vienen a constituirse en mecanismos subsidiarios del Estado que favorecen el desarrollo regional.

 

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