Economistas, expertos y gremios dicen que el plan debe tener un diseño local y contar con un financiamiento público privado mínimo de 5.000 millones de dólares. Advierten que los anuncios del Gobierno son absolutamente generales, insuficientes y con un marcado carácter centralista.
Economistas, expertos, académicos y la corporación de regionalistas advierten que muy complejo se presenta el proceso de reconstrucción del aparato productivo de la Región del Biobío, luego del terremoto y posterior tsunami, incluyendo la reposición de la infraestructura en puentes, terminales portuarios, rutas y sistemas de regadíos.
Demandan un plan específico para la zona que sea producto del consenso regional y no de una imposición centralista, el que debe estar dotado de una inversión pública privada con un piso mínimo de 5.000 millones de dólares, aunque advierten que ese monto podría alcanzar incluso los 10.000 millones de dólares. Y tiene que ir acompañado de medidas concretas que van desde incentivos tributarios, como la disminución en 50% del pago del IVA por doce meses y la exención del pago de impuesto territorial por el mismo período, como fuertes incentivos a la contratación de mano de obra y subsidios que favorezcan el desarrollo industrial, y una política crediticia blanda y de apoyo técnico a las PYMES.
Además piden agilizar la acción del Estado terminando con las trabas burocráticas para que las medidas operen rápidamente y con eficiencia, ya que de ello dependerá que los plazos sean relativamente cortos (de uno a cuatro años) o que éstos se prolonguen por diez años.
A 55 días del fenómeno telúrico consideran que el proceso “va muy lento y con poca claridad en su diseño y mecanismos de financiamiento”.
Ante la fragmentación que se observa en la propia Alianza que sustenta al gobierno y la negativa de incorporar a la oposición, abogan por un liderazgo político regional que incorpore a todos los sectores para tener el respaldo necesario para exigir las determinaciones y recursos indispensables al poder central, debido a que el Plan Nacional anunciado por el gobierno no resuelve la situación de la Región del Biobío. En tal sentido el empresariado regional propuso a la intendenta la creación de un Consejo Estratégico Público- Privado destinado a facilitar el proceso de reconstrucción, junto con entregar un documento con las cinco prioridades que deben ser focalizadas. Entre ellas, medidas concretas con subsidios para recuperar 171.718 viviendas en las zona.
En tal sentido piden considerar en su diseño el aporte de las universidades, entre ellas las de Concepción y del Biobío, que suman más de 150 docentes e investigadores trabajando en los temas prioritarios, incluyendo una nueva propuesta para el borde costero. Ésta tiene por objeto reubicar industrias, poblaciones, caletas de pescadores y terminales portuarios hacia sectores de mayor seguridad y que no sean destruidos por un nuevo tsunami. Incluso hay avances importantes, como el aporte de la Facultad de Arquitectura de Universidad del Desarrollo, donde su decano, Víctor Lobos, firmó un acuerdo con el Municipio de Talcahuano para el diseño de un proyecto de recuperación del Mercado, incluyendo sus costos y etapas de cómo abordarlo.
PÉRDIDAS NO CUANTIFICADAS
Aclaran que no es posible todavía cuantificar las pérdidas totales en instalaciones, incluyendo la prolongada paralización que sufren industrias y las actividades económicas más emblemáticas de la zona, como CAP; la refinería Biobío de Enap; las instalaciones de Asmar-Talcahuano, y la gran mayoría de las industrias pesqueras. Efectos que sufren también un elevado porcentaje de las plantas forestales, lo que implicará que las exportaciones de ese sector bajarán en 15% este año, en relación al 2009. Tampoco hay una estimación clara de lo que dejó de vender el pequeño y mediano comercio regional que, en su mayoría, no contaba con seguros, a diferencia de las grandes cadenas de retail.
El propio sector industrial reconoce que la situación a poco más de 55 días del terremoto continúa siendo crítica, ya que sólo la empresa Cementos Biobío está operando a plena capacidad, y el rango de actividad en otras importantes industrias fluctúa entre un 5% y 30%, como el caso de CAP, la refinería Biobío de Enap, Oxy Chile, Petroquímica Dow y Masisa Cabrero, y muchas otras. Sólo el Ministerio de Obras Públicas reconoce que se necesitan 849 millones de dólares para reponer la infraestructura dañada en las zonas afectadas por el sismo. Los principales daños se dan en cinco grandes puentes, doce caletas pesqueras y la destrucción de 181 edificios públicos, pero todavía no se conoce el monto exacto que ese fenómeno tuvo en infraestructura privada y concesionada.
Coinciden que antes del sismo ya había varias zonas con problemas estructurales de empleo y un cierto estancamiento en la competitividad y dinamismo en el desarrollo de la Región del Biobío. Éste sólo se mantenía en los sectores exportadores pesquero y forestal, el último, con fluctuaciones importantes en su demanda, precios y empleo, como producto de la crisis mundial generada en Estados Unidos por la caída del sector inmobiliario.
Y las últimas cifras oficiales sobre el crecimiento y el desempleo locales lo ratifican, ya que desde hace más de dos décadas y media que la Región del Biobío crece en un nivel inferior al promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y lo mismo ocurre con la cesantía, que se ha mantenido por años por sobre los dos dígitos, teniendo tres de las cinco comunas del país que ostentan el mayor desempleo nacional. Además existen grandes contrastes de desarrollo y desigualdades sociales, especialmente en comunas rurales de las provincias de Ñuble y Biobío. Advierten de la situación de pobreza, aislamiento y atraso de la provincia de Arauco, la que con el fenómeno telúrico y tsunami se agravó. Ello requerirá de una profunda revisión del Plan Especial aplicado con una inversión proyectada de 300 millones de dólares y su cambio con una nueva orientación, tras los dudosos resultados que hasta ahora se habían alcanzado.
INVERSIONES NECESARIAS
Si bien no hay una cifra oficial acotada, algunas específicas evidencian la magnitud de los recursos necesarios para encarar con éxito el proceso de reconstrucción de la zona.
La Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Biobío (Asipes) estima en 300 millones de dólares recuperar las plantas pesqueras destruidas en la zona de Talcahuano y Coronel. En el caso de Asmar-Talcahuano, pese al hermetismo como se manejan las pérdidas por parte de Armada, un monto muy conservador señala que éste supera los 1.000 millones de dólares. El comercio de Concepción necesita de 8.270 millones de pesos para ponerse en marcha según lo estableció un Estudio Catastro realizado en 912 establecimientos comerciales por el Cluster de Turismo Biobío Encanta, en conjunto con la Camara de Comercio de Concepción. El informe reveló que 149 locales sufrieron daños estructurales; otros 244 fallas recuperables, y 380 efectos menores. La misma evaluación señala que las pérdidas económicas superan los 5.800 millones, las que en un 92,5% fueron generadas por el sismo mismo, y el 7,5% restante por los saqueos. En el caso de Talcahuano, la cifra en el mismo rubro puede ser aún mayor, teniendo en cuenta que fueron destruidos y dañados por el tsunami unos 1.200 locales comerciales con una dotación de 5.000 personas, cuyo destino laboral es absolutamente incierto. A ello hay que sumar que sólo el costo del nuevo puente Chacabuco, entre San Pedro de la Paz y Concepción, demandará una inversión de 135 millones de dólares, cuyas obras se iniciarán el segundo semestre de este año para estar concluido el 2012. En tanto, las principales organizaciones gremiales de la agricultura de la Región, reunidas en un encuentro en San Carlos, provincia de Ñuble, hablan entre pérdidas y recursos que se necesitan para recuperar toda infraestructura agrícola, de una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares, junto con pedir la concreción de grandes proyectos de regadíos anunciados por años para Ñuble, como por ejemplo, el del embalse La Punilla.
PLAN ESPECÍFICO Y FINANCIADO
“Ya teníamos un escenario muy preocupante que se agravó con los impactos del terremoto y tsunami. Los plazos de la recuperación del nivel que teníamos antes dependerán de la efectividad del plan que se aplique para la Región con el fuerte financiamiento público y privado que se necesita”, señala el docente de la Facultad de Ciencias de Económicas y Administrativa de la Universidad de Concepción, Jorge Dressner.
Sostiene que todavía es aventurado entregar costos objetivos del proceso de reconstrucción productiva, porque recién se están haciendo las evaluaciones. “No estoy en el negocio de las cifras y las primeras que circulan podrían ser más bien un piso, porque hay muchas áreas productivas sobre las cuáles no hay ningún estudio”.
Señala que un plan de reconstrucción bien concebido para la Región debe contemplar incentivos específicos, con un tratamiento diferenciando hacia las empresas en la zona del sismo, en relación con las del resto del país que no fueron afectadas por ese fenómeno natural. Entre ellas algunas exenciones tributarias, créditos blandos, subsidios para disminuir los costos de empresas y facilitar la contratación de personal, y un fuerte incentivo para la capacitación de la mano de obra. “No basta sólo con entregar asistencia de emergencia a los damnificados de los sectores sociales más vulnerables en la primera etapa más crítica. También hay que diseñar programas de capacitación y dotarlos de capital semilla o financiamiento básico para que inicien actividades de emprendimiento que mejoren sus ingresos, rompiendo así la línea de pobreza en que se encuentran y que se acrecentó con los efectos del sismo”, enfatiza.
GESTIÓN EFICIENTE Y RACIONALIZADA
A su vez, la vicedecana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Nora Au, advierte que la principal traba para incentivar el proceso de reconstrucción económica de la Región será el aparato burocrático y que, por lo tanto, es indispensable reconocer la incapacidad de la institucionalidad actual para responder la urgencia del sector productivo”. Es necesario un liderazgo y equipos de trabajo con altos niveles de desempeño en gestión y autonomía (independizarse de Santiago), pero sobre todo, unidad y voluntad política para impulsar tanto una gestión más eficaz, como la autonomía por tantos años postergada. Hasta ahora siempre han existido las ganas, pero ha faltado fuerza, perseverancia y alineamiento para vencer el centralismo de este país”, señala.
Argumenta que el terremoto es una tremenda oportunidad para corregir las debilidades en la estructura económica y las situaciones de inequidad social que hay en la zona del Biobío, lo que implica hacer las cosas bien y con eficiencia. Insiste en la necesidad de una Región con la activa participación de todas las fuerzas representativas, porque vencer al centralismo no será fácil y hay que evitar que la reconstrucción se frene por el olvido en que caen fácilmente las autoridades nacionales cuando los problemas no están en la capital. En ese sentido ya hay críticas de gremios empresariales como la Cámara Chilena de la Construcción a nivel local, pidiendo apurar las licitaciones y asignaciones de las obras vinculadas a la reconstrucción.
Para Dressner lo prioritario es volver a la actividad laboral, tanto en el sector productivo, servicios y aparato estatal, siendo ése un esfuerzo que deben hacer todos, en la medida que sea posible, “ya que con ello vamos a recuperar parte del ingreso perdido, aunque nunca será del nivel promedio que tenía la Región antes del terremoto”. Explica que además hay que incentivar un fuerte despegue del sector construcción, que está en la mejor posición de generar empleo, lo que permitirá compensar la gran cesantía producida por otras actividades que están paralizadas y que tendrán una recuperación más larga. No obstante, enfatiza que la construcción enfrenta muchas restricciones, porque no hay insumos básicos, carencia de transporte y de mano de obra calificada, como también burocrática a nivel de los municipios. Plantea que esas situaciones se deben resolver con medidas ágiles y efectivas para permitir su rápida expansión, lo que pasa también por incentivar la venta del actual stock de 1.700 viviendas construidas disponibles en el mercado regional.
MEDIDAS PRIORITARIAS
En tanto, la Corporación para Regionalización del Biobío ( Corbiobío), que integra a la mayoría de las empresas, actividades y organizaciones más representativas de la zona, teme que el proceso de reconstrucción del aparato productivo pueda tomar más de cuatro años, si no hay financiamiento adecuado y se diseñan medidas centralistas erradas desde Santiago, dejándose llevar por una aparente y falsa normalidad.
La entidad elaboró una propuesta con 19 medidas concretas que estima son prioritarias impulsarlas de inmediato y coincide con los economistas, académicos y expertos, en el sentido que la organización que lidere el proceso de reconstrucción debe ser producto de un amplio consenso generado en la Región. Entre las medidas más atractivas que impulsa Corbiobío está aumentar para la Región del Biobío los fondos de garantía estatal para las Pymes y que éstos sean aceptados por los bancos, sin condiciones; crear zona franca en Dichato y Talcahuano, que fueron las más devastadas por el tsunami. También hacer más eficiente el pago de subsidios Serviu, acortando plazos de tramitación para que se inicien de inmediato nuevos proyectos habitacionales sociales y para sectores medios, para éstos últimos se requiere aumentar de 200 a 400 Unidades de Fomento la cantidad otorgada. Plantean la creación de un subsidio de reconstrucción de viviendas, que opere en los casos donde no hay seguros comprometidos o que complemente el deducible originado por los seguros e, incluso, se pide congelar el pago en los peajes de Chaimávida y la Ruta de la Madera.
Como efecto del terremoto: Región del Biobío sólo crecerá un 2%
Anticipa Iván Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien enfatiza que el Estado debe hacer “un esfuerzo especial” para apoyar la reconstrucción de la zona.
-Cifras preliminares estiman en más de 5.000 millones de dólares el costo de la reconstrucción económica de la zona ¿Ese monto tiene algún fundamento o es aún mayor?
“Si se estima que el costo para el país es del orden de 30.000 millones de dólares y una parte significativa de alrededor de un 15 % corresponde a la Región, la cifra de 5.000 millones parece ajustada. Es posible que sea un poco más alta, ya que hay sectores que fueron muy golpeados, como el pesquero y forestal, además muchas industrias estarán paralizadas por varios meses. Los montos finales dependerán de lo efectivamente perdido o del valor de reposición, utilizando como indicador parámetros de mercado, con algunos ajustes. Muchas empresas tienen seguros que les permitirá enfrentar esto; el Estado tiene recursos, el problema son las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos principalmente de zonas costeras. El Gobierno deberá hacer un esfuerzo especial por apoyar la reconstrucción con fuertes subsidios y medidas especiales para las áreas afectadas”.
-¿En qué plazo la Región tendrá la actividad económica de antes del terremoto, incluyendo sus exportaciones de 2.500 millones de dólares anuales y qué rango de crecimiento habrá este año?
“A nivel global, la Región debería a fin de año recuperar el valor de la producción de bienes y servicios, de manera que esperamos un crecimiento bajo, pero positivo de alrededor de un 2% (para el país el Banco Central proyectó uno de 4,5% este año). No obstante, hay sectores e industrias que demorarán alrededor de dos o tres años en recuperarse y llegar a los niveles pre terremoto e incluso algunas pueden retroceder. Hay rubros como el pesquero, forestal, industrial y agrícola, que tendrán un crecimiento negativo, aunque la gran expansión de la construcción y servicios compensarán. Las exportaciones deberían recuperarse para el próximo año”.
-¿Cómo se incentiva de manera real la actividad de las PYMES, tan golpeadas por el sismo y que son las que generan más empleos?
“Lo que necesitan es la recuperación de su capital dañado y se requiere fundamentalmente créditos con aval del Estado y capital de trabajo. Muchos de estos productores han perdido sus garantías y los bancos y proveedores les están cobrando. Hay que reprogramar estas deudas. Aquí hay que trabajar fuertemente con el apoyo de la banca privada, en renegociar créditos y entregar más recursos a las empresas con plazos mayores y bajas tasas para levantar nuevamente las empresas. También es necesaria la reprogramación del pago de impuestos. A medida que las industrias inicien su producción se recuperará el empleo”.
-¿Cuáles son las inversiones prioritarias en la infraestructura productiva en la zona?
“En cuanto a infraestructura pública, claramente, la primera es la red vial y ferroviaria, incluyendo la materialización de un nuevo puente entre San Pedro de la Paz y Concepción. En segundo lugar, la recuperación del stock de capital que fue perdido por el terremoto, maremoto y los saqueos. Aquí, hay que distinguir entre las grandes empresas que pueden hacerlo solas y las medianas y pequeñas que necesitan de un fuerte apoyo estatal. Una prioridad aquí son los pescadores artesanales, los comerciantes y los pequeños y medianos proveedores que han interrumpido la cadena productiva”.