LAS MUNICIPALIDADES, ESO QUE NO FUE

Por Mario Ríos Santander.
Por Mario Ríos Santander.

Era senador. Me invitaron de un concejo comunal a conversar. Era una típica comuna rural. En un muro tenían un papel con 12 problemas: pavimentación de veredas, ampliación del consultorio y otras peticiones típicas. “Éstos son nuestros problemas”, comentó el jefe municipal. Le respondí que antes quería hacer una consulta. “Este concejo lleva tres años al mando comunal. Bajo su responsabilidad está el liceo comunal. ¿Cuál fue el resultado de la última PSU entre sus alumnos?”. Silencio. Miradas confusas. El alcalde ordenó que se presentara el director comunal de Educación. Le dijo: “El senador quiere saber los resultados de la PSU en el liceo”. Lo interrumpí: “No sólo yo, supongo que usted y los concejales también”.  El director, algo compungido, respondió: “Es que llegan directamente al liceo y la directora no los ha enviado…”. Me indigné. “Ustedes no han entendido. La regionalización fracasará, no por las leyes dictadas, sino porque ustedes no la han comprendido”. Más adelante le enrostré su preocupación por veredas y ampliaciones y su desinterés por el futuro de los niños entregados a su administración educacional.
El ejemplo anterior hay que multiplicarlo quién sabe por cuánto. Hay una falta de capacidad y desconocimiento abismante. Reconozco que puede haber excepciones, pero concordemos que la conformación de la autoridad municipal ha alcanzado niveles de partidismo tan extremo, que a una buena parte de los que debieron estar ahí, simplemente los marginaron. Los partidos políticos han sido incapaces de encontrar la mejor gente para dirigir el municipio de hoy, con potestades legales y financieras cuya magnitud, casi todas desconocidas por los concejos comunales, en una eficiente administración habría transformado al Chile ejecutivo y normativo.
Pero estamos en otra. La educación en sus manos fracasó. Tiene alguna razón cuando se dictaron leyes que complicaron la administración de sus profesores, pero también reconozcamos que su estructura nacional, la Asociación Nacional de Municipalidades, tampoco hizo nada para no “molestar” al gobernante de turno. Cuando se modificó la norma para permitir que los municipios establecieran su planta funcionaria, los funcionarios se rebelaron, “no confiamos en nuestras autoridades, están politizadas y se preocuparán sólo de la gente de su partido, el resto, fuera”, fueron sus declaraciones. Ningún alcalde en esa ocasión desmintió.
La Ley de Presupuesto señala decenas de alternativas para los municipios. Pero ningún concejo se pronuncia y debe ser el nivel superior quien actúe. La norma constitucional para “aplicar”, retener impuestos generados por actividades relevantes de la localidad, a pesar de que existe desde hace 22 años, nunca ha sido solicitada por algún municipio. Y siguen alegando que los impuestos se van a otro lado. Otra norma, que les permite obtener seguros contra incendio de ciudades completas, tampoco. Si Valparaíso lo hubiese tenido su problema habría sido muy menor o no habría existido. El día que se dictó la ley que “privatizó” las aguas urbanas, se estableció un artículo en que los municipios participarían, en nombre de la comunidad, en la fijación de sus valores. Ningún alcalde hizo presentación alguna. En la segunda oportunidad, sólo hubo uno, en la Región del Bíobio. El resto, nada.
Ahora los concejales se elevaron sus dietas y la Contraloría lo rechazó. Hasta cuándo.

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