Los voluminosos expedientes guardan -como lo ha reconocido al país el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros- pruebas de la negación de una efectiva tutela judicial. El hecho queda patente en la causa de Laja-Yumbel donde el asesinato de 19 trabajadores de Laja y San Rosendo a manos de diez carabineros no fue investigado por la jueza subrogante del tribunal de Yumbel, Rosa Egnem, hoy ministra integrante de la Corte Suprema. Por “miedo”, guardó en la caja fuerte del tribunal el parte policial que daba cuenta del hallazgo de los cuerpos en el fundo San Juan. A 40 años del “golpe” y días antes del reconocimiento histórico del Poder Judicial de sus propias “omisiones” que significó un total de 3 mil 182 víctimas calificadas en Chile, trajinamos las causas de violaciones a los DD.HH que en la región indaga el ministro Carlos Aldana Fuentes. Hay tanta crueldad ahí, tanta sangre, tanta muerte absurda, tantas viudas, tantos hijos que crecieron sin padre, tantos padres que vivieron con la ilusión de ver regresar a sus hijos y tanta soberbia y resentimiento, que sobrecoge.
Hasta bien grandota, Lina Rodríguez Cárcamo creyó que el país entero se embanderaba “el 18” para saludar a su hermano Héctor Roberto, el estudiante de Filosofía de la Universidad de Concepción, apresado al día siguiente de cumplir 25 años. Fue el 19 de septiembre de 1973. La familia cenaba en Los Carrera 2166, en Concepción, cuando el teniente de Carabineros Renato Rodríguez Sullivan y sus hombres llegaron a detenerlo por “terrorista”. Nunca más volvieron a verlo, y sus padres Héctor y Yolanda murieron de pena esperando que el hijo varón, a quien le gustaba usar cuello duro y corbata, y era sobrino y ahijado del hoy fallecido ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Luis Rodríguez Salvo, regresara al hogar.
Hasta el último día de su vida, el padre lloraba por “Robertito”, pero también por la inesperada respuesta de su hermano -presidente del tribunal de alzada el 73-, a quien este empleado de Ferrocarriles del Estado recurrió en demanda de auxilio cuando el hijo fue secuestrado en pleno toque de queda y a vista y paciencia suya: “¡Compadre, no venga nunca más!, cualquier noticia que tenga, yo voy a ir a visitarlo”, le dijo.
Los hermanos sólo volvieron a verse en 1995 cuando el padre de Lina agonizaba y seguía a la tumba a su mujer, fallecida en 1986. Con 63 años y un cáncer a cuestas, la madre de Lina entró en coma después de besar el retrato del hijo desaparecido y a las dos hijas que se hallaban a su lado. Lo mismo haría su progenitor, quien nunca pudo entender que un plano de Concepción de 1939 y un billete de 100 escudos que su mujer tenía en el espejo de su toilette constituyeran pruebas terroristas. Los aprehensores dijeron a la familia que aquello -mapa y billete- eran una clave subversiva.
Entre volutas de humo y ojos enrojecidos, Lina (60) admite que a 40 años del “golpe” ya aceptó la muerte de quien fuera su yunta en tanta travesura infantil aunque nunca tendrá sus restos para llevarles una flor. No tiene ánimo de venganza, pero se emociona, pide justicia y verdad porque el hermano -si bien tenía ideas de Izquierda- sólo era “un revolucionario de escritorio. Los que hicieron esto tienen que pagar. Mi madre realizó una infinidad de trámites a nivel nacional e internacional para ubicar a Héctor apenas se lo llevaron, pero nada resultó; en todas las respuestas mintieron”.
Para este “18” y tal como lo han hecho por años, las hermanas Lina y Gladys- esta última sigue pensando que está vivo- tenían previsto repetir el mismo ritual: pararse al costado de la mesa donde Héctor Roberto cenaba aquella noche de septiembre y sin cruzar palabra pero sí una larga mirada, alzar una copa de vino para recordar al hermano y el día más triste de sus vidas. “Al menos no lo torturaron”, se consuela Lina.
A diferencia del sobrino del ministro Rodríguez Salvo, trasladado a la hoy Primera Comisaría de Carabineros de Concepción donde funcionaba el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar), unidad encargada de los “delitos políticos”, los ecuatorianos Felipe Campos Carrillo y Jimmy Torres Villalba, estudiantes de Kinesiología e Ingeniería Química en la U. de Concepción y residentes de la Cabina 10 en el Barrio Universitario, no tuvieron la misma suerte. Confundidos por cubanos , fueron detenidos en el ex Peaje Chaimávida ese mismo 19 de septiembre, cuando en un bus de la línea Igi Llaima viajaban a la casa de la polola de uno de ellos, en Los Ángeles, después de presentarse a Carabineros y cerciorarse que no tuvieran órdenes de aprehensión.
“Recuerdo muy claramente que estos jóvenes -a quienes revolcaban en cenizas, lo que les impedía respirar- rogaban que no los torturaran más y clamaban al cielo diciendo que eran inocentes”, declara el funcionario policial P.H.S en la causa rol 39.517 caratulada “Secuestro calificado de Héctor Rodríguez Cárcamo y homicidio calificado de Jimmy Torres y Felipe Campos”, en la que pronto serían condenados por el ministro Carlos Aldana Fuentes, el coronel (r) Renato Rodríguez Sullivan y el ex jefe de la Sicar, coronel (r) Sergio Arévalo Cid, quien -en otra causa de DD.HH- aparece como responsable del deceso del ex intendente de Concepción, Fernando Álvarez, por aplicación de tormentos. En la causa de los tres universitarios también está procesado el mayor (r) Fernando Pinares.
El mismo policía P.H.S -dado de baja en 1976 “por estar enfermo de los nervios”- relata que mientras trasladaban a los dos malheridos ecuatorianos hasta los vehículos estacionados en la calle Hipólito Salas, en el hall de acceso a la comisaría se encontraba otro joven que había llegado escasos momentos antes, detenido. A pesar de haber dicho que era sobrino del ministro Rodríguez, el oficial Arévalo Cid dio la orden de subirlo a los camiones junto con los extranjeros. Acto seguido, la caravana enfiló hacia Boca Sur, en San Pedro de la Paz. Esposados y vendados los llevaron hacia la orilla y “a 30 metros donde se hallaba uno de los integrantes del grupo, vestido de civil, le disparó por la espalda a cada uno en la parte posterior de la cabeza. Luego, los cuerpos fueron lanzados al mar”. Eran las 22 horas del 19 de septiembre de 1973.
Un par de días después, una patrulla de Carabineros da cuenta del hallazgo de dos cadáveres en la playa de Boca Sur. Se trataba de los cuerpos de Torres y Campos que presentaban 22 heridas a bala de pistolas calibre 38. “En ese tiempo, los oficiales usaban pistolas y el resto, sólo revólveres”, declara el sargento primero Sergio Torres Venegas, jefe de la patrulla que halló los cadáveres y a quien llamó la atención “la especie de ensañamiento que presentaban”. Como autor de los disparos aparece identificado en autos el ex jefe de la Sicar, Arévalo Cid.
Del tercer ejecutado esa noche, el sobrino del ministro Rodríguez, nunca más se supo. No obstante en el voluminoso expediente hay constancia de que el 21 de diciembre del 73, por resolución de los ministros Carlos Cerda, Eleodoro Ortiz y Luis Rodríguez, se constituyó en la cuarta (primera) comisaría la jueza subrogante del Tercer Juzgado de Concepción (hoy abogado integrante de la Corte de Apelaciones) Sara Herrera Merino, quien transcribió del libro de guardia la nómina del personal de Carabineros que trabajó los días 19 y 20 de septiembre de 1973. Su acertada diligencia –reconocen hoy en el tribunal- permitió saber quiénes detuvieron y ejecutaron a Rodríguez Cárcamo y a los dos ecuatorianos en la desembocadura del Bío Bío.
La causa que se abrió y cerró en dos oportunidades anteriores, se volvió a tramitar en 1979; se cerró el 80 y se desarchivó, finalmente, en 2003 por el Programa de Continuación de DD.HH del Ministerio del Interior, querellante en la causa al igual que Gladys Rodríguez Cárcamo, hermana de Lina.
El empuje de las familias
“Si hay algunas causas que siguen adelante es por los familiares de las víctimas; no hay personas más valientes que ellas”, refiere el abogado David Bravo Villarroel, oficial primero y secretario subrogante del Juzgado de Lebu, quien secunda al ministro Aldana en las tareas investigativas, sobre todo en las más antiguas que hubo de rastrear en distintos tribunales para armar el mapa de los delitos de DD.HH en la Octava Región: “Yo estoy súper orgulloso del trabajo que hicimos con el ministro; gracias a la visita, juntó todos los casos que estaban dispersos. Él es una persona que le da y le da; pregunta y pregunta y pide que llamen a éste o a este otro. He sido un testigo privilegiado de su trabajo”, cuenta, aunque cinco años de cabeza en los expedientes para armar los puzzles le pasaron la cuenta.
Por salud, a quien apodan “el actuario de hierro”, debió alejarse y hoy, cada última semana de mes, vuelve en comisión de servicio a seguir revisando causas en el tribunal especial de DD.HH, donde se mantiene firme aún el joven y correcto actuario, el abogado René Arriagada. Ambos, al igual que el ministro Aldana, son egresados de la U. de Concepción.
Frente a la indiferencia del Poder Judicial, la gran investigación de violaciones a los DD.HH en el país recién comenzó en 1998, cuando la secretaria general del PC, Gladys Marín, interpuso una querella en contra del general Pinochet por las 3.182 víctimas calificadas en Chile. La investigación recayó en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán Tapia, quien comenzó a indagar varias querellas contra Augusto Pinochet por homicidio en el contexto de la operación Caravana de la Muerte. Ante el cúmulo de causas, la Corte Suprema dividió los procesos del juez Guzmán, los que se fueron desmembrando a los actuales ministros especiales, como Carlos Aldana, nombrado por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Del total de víctimas calificadas, 1.094 son detenidos desaparecidos y 2 mil 88, víctimas. En la Región del Biobío, el total de víctimas calificadas asciende a 307. De ellas, 154 son detenidos desaparecidos y 153 víctimas muertas.
Juez Aldana: “La mano viene pesada”
Juez Aldana: “La mano viene pesada”No ha sido fácil para el ministro Carlos Aldana Fuentes (63) hacer verdad en las causas que tramita desde 2005, aún cuando un 90 por ciento de los hechos está aclarado. Empezó con 16 causas; le aumentaron a 65 y hoy tramita 37.
Hasta ahora hay cinco sumarios cerrados y seis condenados: La más reciente, de julio de 2012, corresponde al secuestro calificado de Rudy Cárcamo y compromete al jefe del Departamento de Inteligencia de la Armada, Ancla Dos, capitán de fragata Hugo Nelson González D’Arcangeli; a su ayudante, teniente de mar, Víctor Ernesto Donoso Barrera; al capitán de Carabineros Conrado Alfredo Sesnic Guerricabeitia; al inspector de la hoy PDI, Osvaldo Francisco Harnish Salazar y al Teniente segundo de la Armada, José Raúl Cáceres González. Cada uno de ellos fue condenado a cinco años de presidio y están cumpliendo condena en Punta Peuco (4) y en Puerto Montt (1). En la causa por el secuestro calificado de Adán Valdebenito, el ex director de la Dina, general (r) Manuel Contreras cumple condena en el Penal Cordillera.
– Ministro: en 1973 y en los años siguientes, el Poder Judicial hizo vista gorda de muchos recursos de amparo, incluso. ¿Podría decirse que a 40 años del “golpe” la justicia, en Concepción, a través suyo, está haciendo justicia?
– Humm… de las causas asignadas se está haciendo justicia sin duda. Todas las causas en que ha habido algún antecedente que permita esclarecer el hecho se ha realizado. Prueba de ello es que en muchas se ha aclarado cómo ocurrieron los hechos; hay algunas afinadas ya y las otras están en tramitación. Incluso las que se enviaron un año atrás por el ministro Mario Carroza desde Santiago por incompetencia a esta Corte, también hay varios que están sometidos a proceso. De las 37 causas en tramitación, deben quedar alrededor de cuatro o cinco en condiciones de determinar responsabilidades si es que existen. Esas están con diligencias pendientes; son las causas en sumario (29) que tienen más dedicación.
-¿Qué sintió cuando lo designó el Pleno para conocer de estas causas?
-Al principio no tenía conciencia de la magnitud de esto. Yo había sido juez del crimen durante 14 años y tenía experiencia en materia penal, pero no tenía noción de la cantidad de víctimas ni circunstancias a pesar de la información aislada que tenía por la prensa. Para el 73 estaba haciendo mi práctica para obtener el título. Algo conocía, pero no en profundidad.
-¿Ha sido presionado, ministro, para fallar en una dirección u en otra?
-Ni presionado para no fallar o para fallar en un sentido u en otro.
-¿Por qué cree usted que lo respetan?
– Creo que porque he tenido abiertos los canales de investigación a las víctimas y a los imputados; el trato a las personas. No todos están de acuerdo con las resoluciones, pero la tienen a través de sus abogados como las víctimas directamente.
-La mayoría -sino la totalidad de los procesados en causas de derechos humanos que tramita usted- son adultos mayores ya y algunos aquejados de cáncer incluso. ¿Le complica enviar a la cárcel a enfermos terminales como Renato Rodríguez Sullivan, el oficial de Carabineros responsable en la muerte de Héctor Rodríguez Cárcamo, el sobrino de su colega, el ministro Luis Rodríguez Salvo?
-Siempre la enfermedad me afecta, sin duda, pero eso no influye en la decisión de la pena que les corresponde, pero como persona me afecta; hay varios otros con cáncer. Incluso hay causas que se han sobreseído porque los imputados han fallecido a causa de esta enfermedad. Con la muerte del imputado se extingue la responsabilidad penal.
-¿Le llama la atención que el cáncer esté diezmando a los responsables de violaciones a los DD.HH, enfermedad que estaría contribuyendo, de algún modo, a hacer justicia?
-No podría decir si una enfermedad hace justicia, pero sin duda me llama la atención cómo la gravedad de los hechos, las investigaciones en esta etapa de sus vidas y de ser ellos enjuiciados, expuestos a la comunidad como autores de delitos tan graves, les afecta en su círculo familiar o profesional. No es extraño pensar que eso disminuye sus defensas y puede ser un detonante para el desarrollo de un cáncer. El peso que tienen sobre ellos y el sentimiento de culpa es muy fuerte.
-¿Lo ha palpado así?
-Así es. En el caso de Laja, por ejemplo, solamente la mujer de uno de los imputados lo sabía. La pregunta casi ingenua fue ¿y de esto va a saber el resto de mi familia…? Sin duda, obvio, y mi respuesta ha sido “converse con su familia”, “cuéntele realmente lo que pasó”, “usted sabrá enfrentar la situación familiar, pero tiene que hacerlo porque va ser sometido a proceso y, obviamente la comunidad va a tener conocimiento de su responsabilidad”. Y así lo hicieron. Cómo enfrentan a sus familias para explicarles lo ocurrido hace 40 años es un problema. En la mayoría de los casos la familia no sabe.
-¿Queda muy cansado o afectado después de escuchar a esta gente y sus explicaciones de por qué actuaron?
-Sí. Las causas de derechos humanos son absolutamente distintas a las comunes y corrientes no obstante que todas tienen importancia. Es una justicia distinta porque después de 40 años se aclaran verdades tanto para las víctimas como para los hechores. Hay gente que todavía no tiene claro qué ocurrió con sus familiares y eso las presiona mucho también. Para quienes perdieron a sus hijos es una carga muy fuerte. Hace poco, una señora llegó a contarme que su madre fallecida la despierta en las noches diciéndole: “Anda a ver a Hugo, llévale flores, rézale, porque él está esperando saber cómo fue su muerte”. Es la hermana de Hugo Candia, un trabajador de Edyce –Edward y Cerutti- que murió en el regimiento Aldea. Es una situación especial ella, porque un abogado le hizo firmar un contrato de honorarios para defenderla, que es lo mismo que uno está haciendo con o sin abogado. El documento dice que iba a presentar una demanda por $80 millones y el 50 por ciento era para él y le hizo firmar una hipoteca de la casa. Ella es una mujer modesta. Cuando me mostró el contrato, le dije que fuera a hablar con el abogado para que lo dejara sin efecto, de lo contrario yo lo iba a denunciar. Era una hipoteca para resguardarse sus honorarios que, además, eran con o sin resultado. Eso por el lado de los detenidos-desaparecidos y por el lado de los imputados también hay situaciones especiales: a un carabinero -cuya causa ingresó hace poco- le preocupaba la reacción de su hija que es médico. Ella no sabía que su papá había hecho tal cosa. Por eso digo que estas causas son diferentes.
-¿Y usted cómo logra saber que la gente le está diciendo la verdad o está faltando a ella? ¿Cómo logra armarse su propia convicción?
-El expediente tiene muchos antecedentes y varios han sido ya investigados por otros ministros. Los tribunales militares algo aportan también. Hay algunas investigaciones que ha hecho el fiscal militar que han resultado bastante útiles, que han ayudado bastante a la investigación como es el caso de la Vega Monumental; ayudó mucho a investigar la chapa de los agentes que participaron. Antes de interrogar, con los actuarios -abogados René Arriagada y David Bravo- estudiamos el caso, vemos qué es lo que hay que interrogar y escuchar.
-Usted es de mucha reconstitución de escena…
-Sí, yo hago mucha reconstitución de escena. El estudio de la causa, la inspección del sitio del suceso a través de la reconstitución y escuchar a los organismos investigadores especializados ayudan a establecer una línea de investigación y llegar a la verdad. En el caso de Laja, por ejemplo, todos confesaron los hechos, lo que no había ocurrido antes. Depende de las técnicas que tenga el juez. La persona que viene como interrogado, imputado, a enfrentarse con un ministro trae una carga muy fuerte. Y se sienten muy cohibidos a no decir la verdad. Yo, a nadie interrogo con gritos; más bien converso con ellos y en esa conversación es difícil que no den antecedentes que conduzcan primero a situarlos en el lugar, quiénes estaban, qué estaba haciendo. Dejo que se explayen para recabar más datos. Los interrogo solos en esta oficina. Nunca les miento y les digo: “Si usted colabora, tiene un atenuante; si no, se le va a aplicar la ley normal”. Algunos me dicen es que “usted ya tiene la causa más o menos clara”. Sí, claro, pero usted tiene que decirme qué hay. Otros me dicen “colóquele lo que usted quiera” y ahí les digo que eso “es una ofensa. Significa que lo estoy presionando y eso no es así. Jamás podría poner algo que no sea verdad.” Les pido que me cuenten la verdad, nada más. Son las técnicas que tenemos todos los jueces para investigar. Cada uno tiene su estilo para interrogar.
-O sea, el Pleno no pudo haber designado a un mejor ministro para llegar a los resultados que está obteniendo…
-Hay varios más capacitados. Uno se entrega a esto en cuerpo y alma: los fines de semana, de vuelta a la casa.
-Al final del día ¿cuál es su reflexión sobre lo que quiere entregarle a la sociedad destinándole horas extras a la investigación?
-Primero, entregarle verdad de lo que realmente ocurrió. Eso es lo principal de la investigación. Qué ocurrió y quiénes realmente hicieron las cosas. Ojalá pudieran aclararse todos los delitos. Yo tengo la tranquilidad de que un 90 por ciento de los hechos están aclarados absolutamente. Luego justicia: identificar a los responsables, aplicarles una sanción justa a 40 años del hecho y a la edad que tienen. Por muy graves que sean los hechos, no puedo desprenderme ni por tanto sufrimiento de las personas ni puedo ser excesivamente duro con los victimarios. Ni por tanta ferocidad que hubieran hecho, no puedo dejar de pensar que después de 40 años se trata de personas redimidas o recuperadas, que se encuentran en la última etapa de sus vidas y enfermos. No puede uno como ministro, como juez, sustraerse de todos esos antecedentes para aplicar justicia. Uno aplica justicia como persona, como juez, no como computadora: justicia para ambos lados y en la justicia, un trato muy bueno para los familiares, pero también amable y deferente para los hechores. Y por último, la reparación: Es una oportunidad que el Estado me ha puesto a mí para que cumpla con la labor de reparación con equidad para las víctimas.
Si cumplo eso –que creo que lo estoy haciendo- como juez me siento absolutamente satisfecho con la misión. Y en relación con las causas, terminarlas algún día. Eso es lo que se reiteró en el último encuentro de ministros de DD.HH que se hizo en Santiago. El ministro Dolmestch dijo “investigar y fallar con independencia y sin plazos, pero con la conciencia que esto tiene que terminarse algún día”. Para eso estamos trabajando.
-¿Procesará al general (r) Washington Carrasco, el primer intendente militar en Concepción, por su eventual responsabilidad en los casos de detenidos desaparecidos de Laja-Yumbel, de Mulchén, del ex intendente Álvarez, del sobrino del ministro?
-No lo sé ahora. Estoy investigando. Nada puedo decir del curso de las investigaciones. En la causa de Mulchén viene pesada la mano. El teniente Jorge Maturana Concha estuvo en Santa Bárbara y se le condenó a penas altas, pero la Corte Suprema le rebajó por la medida de prescripción. Inexplicablemente está en libertad. En ésta, creo, no se escapa.
-¿Cómo espera ser recordado? ¿cómo quiere que lo recuerden?
-Como un juez que cumplió con su deber.
La lista de Maturana Concha
El cerro de archivos del ministro Aldana atrapa, sobrecoge, duele, enoja. Hay tanta crueldad ahí, tanta sangre, tanta muerte absurda, tantas viudas, tantos hijos que crecieron sin padre, tantos padres que vivieron con la ilusión de ver regresar a sus hijos, tan poco arrepentimiento y, por cierto, tan poco perdón, el concepto tan manoseado hoy en día.
A veces, desde las fojas, aflora más bien la soberbia: “¿Hasta cuándo van a seguir con esta chacota…?” pregunta el teniente Jorge Maturana Concha en plena reconstitución de escena de la llamada causa de Mulchén -que duró un día completo y participaron 80 personas – cuando los hermanos Germán y José Nieves Albornoz Acuña, sobrevivientes de una lucha libre a la que fueron forzados por Maturana en octubre del 73, lo increparon.
Fue en el fundo El Carmen y Maitenes donde Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20), Daniel Alfonso Albornoz González (28), Alejandro Albornoz González (48), José Guillermo Albornoz González (32) Luis Alberto Godoy Sandoval (23), Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez (25), José Liborio Rubilar Gutiérrez (28) y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33), todos obreros agrícolas, fueron detenidos y obligados a pelear entre así, al estilo de Espartaco y Antonino, en una de las últimas escenas de la película Espartaco, del director Stanley Kubrick.
Obligado a medir fuerzas con uno de sus hijos, con el incentivo de que el ganador quedaría libre, Alejandro Albornoz, de 48 años, se dejó ganar por uno de ellos para salvarle la vida.
La causa “Secuestro, homicidio calificado, exhumación ilegal, asociación ilícita y otros” en la causa 30.2007/acumuladas 31.442 y 20.595 del Juzgado de letras de Mulchén donde 18 campesinos murieron a manos del oficial, su destacamento de cuatro funcionarios y siete civiles es simple: Jorge Maturana Concha -quien confesó todo en 2007- declara que su comisario Sergio Neira (fallecido) le entregó una lista con la orden de ejecutar a esas personas y que en tres días -entre el 5 y 7 de octubre de 1973- cumplió la misión en los fundos El Morro, El Carmen y Maitenes y Pemehue, al interior de Los Ángeles. La lista se habría armado en el regimiento de Los Ángeles después de una reunión en la que participaron dueños de fundo, quienes habrían confeccionado el listado de los “revoltosos” del sindicato. Desde las elecciones del 70, los campesinos habían escuchado con interés la asignación de tierras para ellos que, sin embargo, el administrador Carlos Lemann, de El Carmen y Maitenes, consideró que eran robadas por el gobierno.
Arriba, en la cordillera, partieron por El Morro. “Trasladamos a los (5) detenidos a pie hasta el borde del río Renaico, donde di la orden de ponerlos en una fila, con su vista vendada (…) sus cuerpos quedaron tendidos en la ladera del río. Luego, continuamos nuestro camino”, declara Maturana Concha.
Luego siguieron a El Carmen y Maitenes, donde detuvieron a ocho campesinos más, los condujeron a la casa patronal, los golpearon e hicieron golpearse entre sí y concluyeron la misión en el fundo Pemehue, donde detuvieron a otros cinco hombres. Tenían entre 22 y 41 años.
“Llegaron de a caballo desde Mulchén”, dice la denunciante Juana Rubilar Gutiérrez y María Dolores Acuña Medel declara que a los 8 detenidos los trasladaron hasta las oficinas del fundo El Carmen y Maitenes y los castigaron en la noche, ya que sentían gritos de auxilio.
A las 22.30 horas, “sentí disparos de metralleta. Al día siguiente, después que se fueron en dirección a Pemehue, fui a mirar y a 100 metros al lado oeste de la administración, a los pies de un monte, observé unas champas de pasto verde que estaban sobrepuestas. Al levantarlas, la tierra estaba blanda y se notaba recién removida; por temor no nos atrevimos a excavar. Sólo lo arreglamos como una sepultura. Quince días después, en ese lugar encontré un pañuelo de mi esposo Alejandro Albornoz”. En la tumba yacían, además, su hijo Miguel, su cuñado Daniel y su vecino Tito Godoy. La exhumación ilegal de esa tumba y otras ocurrió en 1979, lo que originó una denuncia en tribunales.
El número de víctimas y lo inexplicable de sus muertes, le ha impactado al juez: “Es un caso similar al de Laja-Yumbel. No eran altos dirigentes políticos, era gente que fueron a buscar de sindicatos: los tomaban, interrogaban y mataban; llegaban a otro fundo e hicieron lo mismo. Pararon un microbús para bajar a algunas personas y las mataron. Echaron a uno que se iba muriendo amarrado arriba de un tractor, y también lo mataron. Es una causa muy, muy fuerte”, dice de este suceso que ha sido motejado como la Caravana de la Muerte II.
En la causa están procesados Jorge Maturana Concha, Jacob Ortiz Parra, Juan de Dios Higueras y Héctor Guzmán Saldaña; no así el militar Osvaldo Díaz Díaz, integrante también de la patrulla, quien, ya en Pemehue y al despuntar el 8 de octubre, se percató que José Guillermo Albornoz González, el hombre que habían detenido en El Carmen y Maitenes tres días antes seguía atado al coloso de un tractor, a la intemperie, sin agua ni comida, con la mandíbula fracturada y las muñecas sangrantes por los alambres. “Acompañé a (carabinero) Ortiz, pasamos el río y Ortiz me dijo que yo lo matara, pero yo no andaba armado por lo que él sacó su arma y lo mató”.
Mea culpa del Poder judicial
¿Una actitud más decidida del Poder Judicial habría evitado tanta barbarie el 73 y en los años siguientes? A 40 años del “golpe”, una declaración de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial pidiendo perdón a las víctimas de las violaciones de los DD.HH (4 de septiembre de 2013), prácticamente forzó el pronunciamiento de la Corte Suprema. La institución, a través de su ministro presidente Rubén Ballesteros, reconoció que “si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones luctuosas, las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas”.
Y agrega que no podían ignorarlas, porque a los tribunales fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia “negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados”.
La claudicación en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales, como precisó la organización gremial en una declaración que causó revuelo en el país, se aprecia en el caso de Laja-Yumbel donde el ministro Carlos Aldana procesó a diez carabineros por la ejecución de 19 trabajadores de Laja-San Rosendo.
Allí queda de manifiesto (NOS, agosto de 2012) cómo la ex jueza de Yumbel, Corina Mena (fallecida) y la secretaria de ese tribunal Rosa Egnem, quien recibió un parte policial que daba cuenta del hallazgo de los cuerpos en el Fundo San Juan, tapados con cal, y trasladados a una fosa común del cementerio de Yumbel, nada investigaron. Rosa Egnem Salgado, hoy ministra de la Corte Suprema y jueza subrogante en octubre de 1973 en Yumbel, guardó el parte policial en la caja fuerte del tribunal.
Ante el ministro José Martínez Gaensly, primer instructor especial de la causa en 1978, ella declara: “En ese momento yo encontraba que lo que hacía y que agradara a la señorita Corina estaba bien hecho, porque ella sabía y tenía más experiencia”.
“Muchas víctimas fueron asesinadas la madrugada del 18 de septiembre del 73 a las 5.10 horas en el fundo San Juan y tres meses después, exhumados y llevados al cementerio de Yumbel. Ella era magistrado y se mantuvo en silencio; actuó igual que aquella jueza que le dio la orden de omitir. Desde luego la ministra Rosa Egnem no tiene responsabilidad en los hechos directos, pero esto denota el estándar ético que uno tiene que pedir a quienes administran justicia, sobre todo desde el máximo tribunal del país”, retruca el abogado Mauricio Araneda, hijo de Luis Araneda, uno de los ejecutados en el fundo San Juan.