Tanto el gremio de la construcción como diferentes actores del mercado han advertido del incremento que en los próximos años experimentaría el precio de las viviendas nuevas, cercano al 6 %, como consecuencia de nuevas normativas que impactarían al sector. El más importante, dicen, es la ley de Aportes al Espacio Público que entrará en vigencia 18 meses después de la publicación del reglamento que indicará cómo se pondrá en práctica ese cuerpo legal.
Diferentes normativas ya en régimen o que están por entrar en vigencia derivarían en un incremento en el valor de las viviendas nuevas en un futuro cercano, sostienen en la Cámara Chilena de la Construcción.
Entre ellas están el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica del Concepción Metropolitano y la Ley de Accesibilidad Universal. Ambas tendrían un impacto que en el gremio consideran menor. Sin embargo, la de mayor relevancia sería otra que, aunque ya promulgada, aún no está vigente, pues el reglamento que la operacionalizará todavía no se ha sancionado. En la entidad estiman que las exigencias que impone esta ley podrían derivar en un aumento de precio del 5 % para las viviendas nuevas.
Se trata de la Ley de Aportes al Espacio Público, que introduce importantes modificaciones e innovaciones para el desarrollo de futuros proyectos inmobiliarios. Lo hace estableciendo un sistema para que los proyectos -públicos o privados- realicen aportes que aminoren sus impactos en el entorno mediante medidas de mitigación en materia vial, como asimismo, en los espacios públicos.
Respecto de estos últimos, se establece que los proyectos inmobiliarios que traigan consigo un crecimiento urbano por densificación, tendrían como alternativa efectuar cesiones gratuitas de terreno o entregar un aporte equivalente a un porcentaje del avalúo fiscal de aquel terreno. Ese aporte podría llegar al 40 % del avalúo de dicha superficie. Estas medidas comenzarán a regir 18 meses después de la publicación del reglamento de ley. Se proyecta entonces que ella entraría en vigencia en su totalidad durante 2019.
En el gremio sostienen que aún existe incertidumbre sobre la forma en que este último documento operacionalizará el cuerpo legal. En el caso de aquellos proyectos que deban pagar el tributo de hasta el 40 % del avaluo del terreno, las dudas surgen en torno a qué tipo de proyectos que mejoren los espacios públicos se realizarán, cómo se priorizarán y quién va a controlarlos. Lo que sí está claro es que este tributo que deberán asumir las empresas del rubro inmobiliario aumentará el precio de las viviendas, en un impacto que, señalan, sería tan importante como fue el IVA a la vivienda.