Luces y sombras del caso Randolph

Para cerrar su duelo, la hermana de José Randolph Segovia quiere verdad, justicia y limpiar su nombre.  Se lo debe a sus padres que murieron de pena y sin saber qué pasó con el hijo que dejaron estudiando Ingeniería en la U. de Concepción mientras se trasladaban a Iquique. Por este crimen ocurrido en 1985 hay dos ex oficiales de Carabineros procesados por homicidio, pero sigue impune el secuestro, amenazas y lesiones  a una segunda víctima,  la esposa de Elí Farias, oficial primero de la Corte de Apelaciones -que nada tenía que ver con este universitario- a quien encapuchados secuestraron, amenazaron  y tatuaron una cruz en un claro mensaje de amedrentamiento al Poder Judicial. Hoy ella no quiere saber del tema, pero el ministro instructor de la causa, Carlos Aldana,  que acaba de cerrar el sumario del caso del estudiante, no pierde de vista ese dato de contexto y de violación a los derechos humanos.


Poco antes de cerrar el sumario, el 4 de agosto de 2012, con dos procesados por  homicidio en el llamado caso Randolph -los ex oficiales de Carabineros Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez porque “hay antecedentes suficientes”-  el ministro Carlos Aldana Fuentes especificó que de las 65 causas de derechos humanos que tramita desde 2005, la del estudiante de Ingeniería Civil Mecánica de la U. de Concepción, José Randolph Segovia, ha resultado ser procesal e indagatoriamente compleja.
Pero le ha puesto empeño para llegar a la verdad -como todo juez que se precie de serlo, dice- y en su tribunal de primera instancia declaró incluso una asilada de la ex boite Olga, a quien hizo traer desde Porvenir para que aclarara si el día de la desaparición del estudiante estuvo o no compartiendo un asado con  los subtenientes Vera y Barría, coartada que ambos citaron, y detuvo e incomunicó a otros carabineros.
De la eventual participación en los hechos del ex capitán de Talcahuano, Carlos Rademacher Kanisius, que no logró acreditar  pese al exhaustivo interrogatorio y careos  a que fue sometido incluso con integrantes del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano a quienes llamó la atención el comentario del oficial cuando se halló el cuerpo de Randolph en Rocoto, responde: “Quiero ser muy claro: a pesar de que no logré acreditar todos los antecedentes, no sobreseería definitivamente la causa respecto de Rademacher”.
– Usted tiene las mismas dudas que el ministro José Martínez en su momento cuando  dijo que nunca dudó de la participación de Vera y Barría (que la Corte de Apelaciones revocó después), aunque, como expresó en una entrevista, “esta duda se extendía a un superior que era comisario, me parece, en Hualpencillo”.
– (Asiente) Uno como juez tiene que tener antecedentes objetivos. En mi causa están procesados Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez. Son los únicos y los procedimientos han sido confirmados por la Corte de Apelaciones.
El oficial en cuestión, según se lee en autos, dijo a los bomberos que participaron en el rescate: “¡éste fue el cabro que se nos arrancó!” cuando aún el cuerpo del universitario yacía sobre los roqueríos y nadie del equipo sabía de su identidad. En su alegato, el oficial declara que no podía saberlo porque “jamás se nos comunicó de ningún servicio policial la fuga de un detenido”, pero un carabinero  de la misma Subcomisaría Armando Alarcón del Canto que amenazaba con “abrir el toyo” si lo daban de baja, hace ver que alrededor de las 10 horas del domingo 26 de mayo de 1985, Rademacher atendió de mala gana una llamada de uno de los subtenientes de la Segunda Comisaría de Concepción. “Yo mismo le pasé la llamada y atendió en su oficina”, precisa.
Desde esa llamada, habían pasados dos horas y media más o menos desde que se le pierde el rastro a Randolph en Concepción (7.30 horas) pese a que en las indagaciones aparece en el bolsillo de la camisa de Randolph “con muestras de haber sufrido la acción del agua” un boleto de taxibús, de la línea Mi Expreso, en el que el estudiante pudo haber vuelto al retén del Club Hípico, dependiente de la entonces Subcomisaría Armando Alarcón del Canto de Talcahuano (Hualpencillo) para hacerse cargo de los daños causados por él en un accidente de tránsito esa madrugada.
El boleto de la serie K número 22236977 fue vendido el 26 de mayo por la máquina 71 que conducía Manuel Vergara Bustamante, que salió en recorrido a las 7.37 horas de ese mismo día y que entre las garitas de Concepción y San Vicente (Talcahuano) cortó 22 boletos. El papel presenta una perforación como de haber sido revisado por un inspector, pero la asociación de taxibuses de la misma línea, Mi Expreso, hace ver a los investigadores que el día en cuestión no hubo fiscalizadores de boletos en la ruta indicada.
Una de las aristas de intervención, dice el abogado Carlos Samur Henríquez, querellante en la causa, es que habría actuado una suerte de  “escuadrilla de la muerte que existía en la subcomisaría de Hualpencillo,  quienes serían  los  autores de las acciones que culminaron con su muerte por este accidente de tránsito: JRS  se habría ido desde la Segunda Comisaría de Concepción  hasta ese cuartel -cuyo  subcomisario en la época era el capitán Carlos Rademacher- para arreglar el tema del accidente allá y cayó en manos de estas personas. No hay, sin embargo, ningún antecedente claro que permita consignar responsabilidades más allá de las que se establecieron en el auto de procesamiento: que en la recaptura, Vera y Barría le habrían pegado a JRS y lo habrían ido a tirar a Rocoto  o que nunca se evadió, que lo tomaron ahí… es un tema que está por aclararse. Lo único claro es que JRS murió por acciones de terceros y que los últimos que lo custodiaron fueron Vera y Barría; existen varios elementos circunstanciales que apuntarían a su responsabilidad en esto. Personal policial retirado declaró  que ambos oficiales protagonizaron momentos sospechosos aquel día, que salieron en la noche y habrían vuelto con el auto embarrado con tierra roja, como si hubiesen ido al sector de Rocoto, en la desembocadura del Biobío, a más de 20 kilómetros del lugar donde Randolph estuvo detenido”.
Otro aporte en la eventual intervención del ex comisario Rademacher la hace el humorista Hermógenes Conache, quien ante el ministro Aldana  da cuenta de una camioneta roja (marca Ford con huinchas blancas) a bordo de la cual  Rademacher y el socio de Hermógenes, Oscar Cravero, habrían llevado el cuerpo de Randolph a Rocoto.  El humorista era propietario del vehículo y del restorán La Posada de la Media Luna, donde el día de los hechos se hallaba el oficial “y dos policías llegaron a avisarle que algo había sucedido. Tres horas después volvieron al restorán y Cravero dio orden de lavar la camioneta completa”, según le expresó uno de sus hermanos al humorista y que, por cierto, el aludido Cravero echa por tierra en autos.

Los hechos

El 26 de mayo de 1985, el subteniente Vera Cortesi estaba terminando su turno y a las 7 de la mañana iniciaba el suyo  Jaime Barría Sánchez, su compañero. Alrededor  de las 6.30 horas,  José Randolph llegó detenido hasta la Segunda Comisaría de Carabineros  de Concepción, en Ongolmo y Brasil, donde conversa con Guillermo Neira, un compañero de Universidad que había ido hasta  el cuartel a preguntar por otros detenidos. José  le comenta que había estado en una fiesta junto a su amigo Fernando Benavente en Talcahuano, que a las cuatro de la mañana cuando transitaban por Colón en su auto Seat Fura color rojo pasó a llevar una barreras de seguridad frente al retén del Club Hípico, chocó con el móvil de otra persona pero prosiguieron viaje. Dejó a Benavente en su domicilio y él siguió a Chorrillos 1234, en el Barrio Universitario. Estaba guardando el auto cuando fue interceptado por un carabinero de guardia ante la residencia del jefe de la IV Zona de Carabineros de la época, general Jorge Portilla. Tras un llamado, un furgón policial llegó al lugar y lo trasladaron al Hospital Clínico Regional para practicarle la alcoholemia de rigor. El resultado fue embriaguez. Habían bebido pisco y bebidas que con su amigo llevaron en una botella al salir de la casa de este último, en Maipú 1021.
De regreso al cuartel, como trato especial por ser estudiante, Carabineros lo dejó en la sala de espera y cuando lo llamaron para tomarle los datos, José Randolph se había ido. En ese momento,  el subteniente Vera le pide a su compañero Barría que lo ayude a buscarlo. Ahí se pierde el rastro del joven y comienzan las interrogantes.
Una testigo declara que -antes que desapareciera desde la guardia- le preguntó al detenido la hora y éste sacó un reloj bolsillo y respondió: “Las 7 “. Es el mismo reloj plateado, redondo y antiguo con cadena de plata con una cruz que le gustaba a su amigo Fernando Benavente “y por eso siempre le preguntaba la hora” y que el padre Enrique Randolph, primer querellante en la causa, reclamaba insistentemente: esa herencia de familia nunca le fue devuelto. “Le daba caché y a mi hermano le encantaba; no se lo sacaba nunca”, dice hoy Catina Randolph, la única querellante en la causa que sustancia ahora el juez especial Aldana.
Para el ministro Aldana, la gran discusión después de la exhaustiva investigación del caso que acaba de cerrar es si corresponde a una causa de derechos humanos o no amparada por la imprescriptibilidad: “Si se entiende, como lo hace este ministro en visita, que sí se trata de una causa de DD.HH fundamentalmente porque no se respetó el debido proceso, en el sentido de que fueron amedrentados familiares de las personas que trabajaban en el (primer) equipo investigador, es imprescriptible el delito cometido”, dice.
-¿Usted  acumuló la causa por el secuestro y ataque a la esposa de  Elí Farías que está vinculada al caso Randolph?
-“No, porque se investigaron aparte y la persona ha pedido extrema reserva y no involucración en estos hechos. Si bien ha sido otra de las cosas que he tenido presente como antecedente de contexto,  el hecho no está vinculado procesalmente en esta causa. En esa causa (que instruyó la ministra Ana Espinoza) no está acreditada quién fue la persona que la secuestró; existen sospechas pero terminó sin sancionados”.

No hubo amenazas

Este ministro de causas de derechos humanos para  Concepción, Arauco y Biobío (63, casado, padre y abuelo) nunca ha sido amenazado, a diferencia del primer instructor del caso Randolph,  José Martínez Gaensly.  Es de Quirihue, el segundo de 11 hermanos, hijo de panadero y artesana y un hombre orgulloso de estar donde está -en  la Corte de Apelaciones de Concepción-a costa de sacrificios, trabajo y esfuerzo; de sus hijas Ana María y Carla, fiscal y médico legista, respectivamente, y de haber ayudado a sus padres con la educación de tres hermanos, todos ingenieros. Cuenta que sacó su carrera en 5 años y por alojamiento y comida, como hacían muchos universitarios en su época, trabajó como inspector ad honorem en el internado del Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia. Otros tiempos.
Con un “gracias a Dios”- precisa- ni en ésta ni en ninguna de las causas que ha sustanciado en sus 30 años en el Poder Judicial ha sido amedrentado y eso que como juez del crimen de Talcahuano y por encargo del ministro Adolfo Bañados, le correspondió notificar de su arresto al general Manuel Contreras  en el Hospital Naval, en 1995, hasta donde  el militar se las arregló para llegar en helicóptero tras la espectacular huida del fundo El Roble, en Puerto Montt. “Cuando lo notifiqué  estaba muy bien en su cama; siempre que lo he interrogado ha sido atento y nunca rebelde. Tanto es así que me regaló sus memorias (dos tomos) y mandó, en su oportunidad la investigación que él hizo por los detenidos desaparecidos que le correspondían a la Armada. Colaboró con la investigación”, cuenta el ministro Aldana.

Con el hígado roto

-Informes del Servicio Médico Legal ratifican la muerte de Randolph por estallido del hígado ¿Se hicieron nuevos peritajes?
-Después de esos informes se hizo una reconstitución de escena con peritos del Laboratorio de Criminalística  de la PDI de Santiago; el Departamento de Medicina Criminalística de la PDI (Demecri)  está compuesto por varios médicos legistas y dos informaron que había participación de terceros, que la causa de muerte fue un golpe y que era de alta probabilidad que hubiera sido lanzado desde la altura al desfiladero donde se encontró. El Servicio Médico Legal no fue tan allá, pero dijo que la causa pudiera haber sido con o contra un objeto contundente; dejó más abierta la posibilidad, pero está acreditado que -lo mismo que el ministro Martínez-  la causa de muerte fue ejecutada por terceros.
-¿Qué hay de una mujer de la boite Olga  por la que Vera y Randolph habrían tenido un mismo interés?
– Versiones indican que ambos tendrían preferencia -pero no una relación sentimental- con una de las asiladas; no queda claro que exista un móvil en ese sentido. Hay varias hipótesis, pero lo claro es que JRS no se suicidó. Todos los antecedentes apuntan a los dos ex oficiales de Carabineros Vera y Barría.
-¿A Randolph, entonces, lo mataron primero y lo lanzaron o depositaron después en los roqueríos?
-“Esa es la tesis de este ministro en visita. Por eso fueron sometidos a proceso Vera y Barría y cuando se acuse, si es que no se modifica, seguramente va a ser la tesis”.
A propósito de la mujer que se hace llamar Marisol y que fue traída de Porvenir a la presencia del juez,  un testigo -estudiante del Instituto Diego Portales- declara en autos que ésta, amiga suya y también de Vera, le confidenció que al momento de la detención de Randolph “el mismo subteniente se hallaba de turno; que lo habrían castigado y se les habría pasado la mano. Ella lo supo por boca de él”. La versión, que Marisol desmiente, podría tener algún asidero a la luz de las declaraciones del ex secretario de la Fiscalía de Carabineros de Concepción, Alejandro Abuter, cuando -careado con el abogado  Patricio Otárola- dice que nunca él le dijo que el día de los hechos, el 26 de mayo de 1985, “había tenido que amanecerse trabajando para arreglar una cagá que habían dejado unos pacos h…” para agregar que “se les pasó la mano y se dieron vuelta a un cabro”.
El diálogo entre ambos profesionales habría tenido lugar una mañana de mayo de 1985, en la intersección de Colo Colo y O´Higgins en Concepción.

 Catina Randolph: “¿Quién mató a mi hermano? ”

A Catina Randolph Segovia se le enronquece la voz. Perdió a su hermano; sus dos padres murieron de pena y ella aboga por saber qué pasó ese domingo 26 de mayo de 1985, día en que se segó la vida de José, el único varón de la familia y cuyo cuerpo un pescador halló  más tarde en unos roqueríos de  la playa Rocoto, en Hualpén. Un certero golpe en la espalda le destrozó el hígado; moribundo le hicieron escribir una misiva para simular un suicidio y lo depositaron en una piedra para que el oleaje del mar hiciera lo suyo.
En ese mismo lugar, 25 años después, durante la reconstitución de escena, ella se acercó a Mauricio Vera Cortesi, uno de los dos ex subtenientes de Carabineros  procesados como autores de asociación ilícita y homicidio, y le dijo: “En mi familia nunca hemos odiado a nadie;  mi padre nos enseñó a no odiar, yo no te odio pero quiero saber qué pasó con mi hermano…”  No hubo respuesta.
Con José tenían apenas un año de diferencia, iban juntos al jardín infantil  y ella lo cuidaba y protegía cual mamá.  La última vez que vio con vida al estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Mecánica de la U. de Concepción fue poco antes del terremoto de 1985 cuando él viajó a Santiago a comprarse ropa y ella lo acompañó. El joven, de 24 años, por entonces se había quedado en Concepción, donde vivían, luego que la empresa Phillips  Chile trasladara a su padre a Iquique. Catina estaba casada y en Santiago y para que el hermano no se quedara solo, pagaría pensión en la residencia de Olga de Corsi, una amiga de la familia, en Chorrillos 1234, dos casas más allá de donde habían vivido los Randolph Segovia. Habían sido vecinos del entonces general de la Cuarta Zona de Carabineros, Jorge Portilla.
Dos meses después estaba muerto y Carabineros lo hizo aparecer como “suicidio”, alteró un parte policial y metió en su billetera una misiva  dirigida a la familia para dar cuenta sobre su trágica determinación que firmó como Rigo, un apelativo que sólo usó hasta los 15 años. De ahí en adelante  para los suyos era “Pepe”. Ese detalle fue el primer indicio para los Randolph de que algo no calzaba y de que, como hoy  asegura la hermana, sigue siendo una señal.
“Yo quiero tres cosas para cerrar mi duelo: que se haga justicia; saber por qué lo mataron  y reivindicar su nombre. Se hablaron tantas cosas, que lo mataron por un lío de faldas, que se había enredado con la esposa de un oficial y la verdad es que -lo que hubo- fue un exceso de violencia policial a raíz de una infracción de tránsito”, agrega Catina- decidida a hallar la verdad en este caso emblemático  de los ´80,  que revolucionó la ciudad y  la prensa de la época cuando desconocidos amenazaron y siguieron al ministro José Martínez Gaensly –primer instructor de esta causa- ; encapuchados atacaron en dos oportunidades a la esposa de su actuario, el oficial primero Elí Farías Mardones; y amedrentaron a los abogados representantes de la familia, al punto que el Colegio de Abogados de Concepción actuó como cuerpo y muchos de sus integrantes patrocinaron  la causa.
Tal como recuerda Carlos Samur,  “la existencia de estas presiones y el ambiente hostil hacia la averiguación de la verdad en ese (primer) proceso fue reconocido por el Poder Judicial al dictarse un nuevo procesamiento en 2010. La Corte de Apelaciones demoró, pero nombró al ministro Carlos Aldana Fuentes.
Para la reapertura del proceso y  realización de diligencias, acompañaron antecedentes documentales, entre ellas una nota periodística en que Vera y Barría declaran el 11 de enero de 1986, cuando fueron dejados en libertad  y la causa se cerró sin responsables que “algún día hablaremos”. O sea -añade Samur- “manifiestan un grado de verdad que no ha sido despejado en sus declaraciones”.
En la querella, Catina Randolph alega la comisión de un delito de lesa humanidad o de violación a los derechos humanos en contra de su hermano, el que es imprescriptible, proseguible en cualquier rincón del planeta y repudiable por todo el mundo aunque sus autores podrían ser condenados a no más de 541 días e incluso recibir sólo 61,  puesto que en materia de DD.HH los tribunales han aceptado la llamada prescripción gradual o media prescripción. “Vamos a  incorporar agravantes (homicidio calificado) una vez que se dicten las acusaciones. Un homicidio simple no es suficiente. Con las circunstancias que se han acreditado podría haber premeditación, alevosía, ignominia, aumento innecesario del dolor del ofendido, ocultación y haber arrojado el cuerpo por un acantilado”, precisa Samur.
 

Elí Farías: “Si alguien actuó, tuvo que ver con lo que le pasó al estudiante”

Una cruz es más bien lo que le hicieron sus atacantes en la frente y en el cuerpo a Mirta Navarrete recuerda  Elí Farías, oficial primero de la Corte de Apelaciones de Concepción con ya 37 años de trabajo, en las dos oportunidades en que atacaron a su esposa para vulnerar el trabajo de la justicia. Justamente fue para Santa Ana, el 26 de julio, dice, la segunda vez que ocurrió. Ella se encontraba en su casa, había carabineros de guardia pero una pareja se las arregló para llegar al domicilio en el sector de la Plaza Cruz, golpearla y con una hoja de afeitar tatuarle una cruz en la frente.  Dandy, la mascota de la familia -un pastor alemán belga- la salvó aquella vez, justamente a un mes del homicidio de Randolph y cuando ya la justicia buscaba a los autores del crimen.
Poco antes, en el primer ataque,  Mirta había salido a comprar a un negocio cuando dos encapuchados (además del chofer)  la subieron a viva fuerza a un vehículo y la secuestraron durante cinco horas. “Lo más probable es que hayan estado vigilando, cuando llegué a la casa no estaba por ningún lado y empezamos a buscarla. En la noche, como a las 22 horas o más, me avisaron de Lomas Coloradas que había llegado por sus medios a un negocio a pedir ayuda”.
-Aunque alguien quisiera quedarse con la tesis del suicidio de Randolph, como dice Carabineros, ¿por qué alguien se molestaría en atacar a su señora?
Tampoco me lo explico. Yo era el actuario y no influyo ni sobre el ministro  ni sobre persona alguna del Poder Judicial. Me limitaba a escribir lo que el ministro (Martínez) lograba sacar de cada uno de los que declaraba. Si alguien actuó, tuvo que ver con lo que le pasó al estudiante.
-Y usted que es tan antiguo aquí ¿sabe si alguna vez hubo un amedrentamiento a un funcionario o a sus familias?
Lo que nos pasó a nosotros, pocas veces ocurre;  que sepa yo, nunca había habido una situación semejante. La primera vez la interrogaron acerca de mis funciones con el ministro, pero como yo no comento nada de mi trabajo en la casa, ella no tenía idea y se limitó a decir que no sabía nada.
-¿La dañaron físicamente?
Las dos veces. Ella después no salía sola a la calle y a ninguna parte; de a poco fue superando esto, pero le tocan el tema y no se siente bien.

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