Álvaro Fernández Ferlissi, Abogado

Desde el 18 de octubre último, millones de personas han alzado sus voces exigiendo cambios inmediatos en todo tipo de materias, desde el aumento del salario mínimo mensual hasta la propia Constitución.

De una u otra manera, y como consecuencia de la fuerza inusitada de quienes hoy demandan, el mundo político se ha movilizado a tientas, en forma apresurada y sin reflexionar mucho acerca del contenido y las consecuencias de las leyes que se deben dictar y las que, supuestamente, se quiere suprimir. Es como si se tratara de apagar un incendio con las manos, olvidando que más importante es que el bombero no resulte lesionado. Y cuando digo bombero, aludo a todo el sistema político y democrático que hemos construido.

En este orden de cosas, y recogiendo la temática expresada en la calle, sería pertinente ciudadanía. En particular, con las organizaciones dispuestas al diálogo, como lo hiciera Ecuador, para determinar con cierto grado de certeza cuáles problemas deben ser resueltos primero y con qué fuerza.

 Mientras más tarde se inicie dicho proceso, más seguiremos viendo cómo se pretende desvestir santos para vestir otros, en forma azarosa e irreflexiva. Así, por ejemplo, generar una nueva Constitución puede sonar bonito, pero sabido es que el papel aguanta mucho, y que si no hay recursos para pagar lo que en ella se escribe, los problemas serán los mismos por los que la gente se manifiesta hoy.

Resolver el problema que aqueja a Chile comienza por tener claridad sobre que sus ingresos alcanzan a los 70 mil millones de dólares anuales, el más alto de todos los tiempos. En su mayoría provienen de los tributos, multas y deudas, y son destinados íntegramente al gasto público. También implica saber que no es tan simple subir los impuestos, pues afecta la inversión y los precios, lo que determina una menor recaudación. Luego, tal vez, el reordenamiento debiera venir por el lado del gasto. Pero es un proceso que merece reflexión.

Sea cual fuere la forma de reordenar las prioridades de ingresos y gastos, esto debiera ser validado por la mayoría de los ciudadanos. No parece sensato que el trabajo y bolsillo de los chilenos siga entregado a la mayor o menor violencia que se vive en las calles. De continuar así, la única consecuencia directa es el empobrecimiento de todos.

Ideas como la planteada por el expresidente Lagos en orden a que se devuelva íntegramente el IVA pagado por los más pobres no me parece absurdo. Tampoco, que las 100 empresas más ricas del país aporten a la solución del problema. Al fin y al cabo, es en Chile donde se han hecho ricos. Y, sin embargo, hasta aquí, ¡no se escucha padre! En otros países han tenido la sabiduría de dar un paso al frente; por último, a través de la filantropía.

Tanto o más importante que lo anterior es destruir la principal causa de la desigualdad en nuestro país: el abuso de situaciones monopólicas, el uso de información privilegiada y la reinversión de fondos en paraísos fiscales que son el gran talón de Aquiles de nuestro actual sistema económico.

 

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