Niños Trabajando

En Chile, los niños mayores de 15 años pueden trabajar si tienen la autorización de sus padres y cumplen ciertos requisitos; de no ser así resulta una práctica ilegal. Pero la realidad nacional todavía muestra a cientos de menores de esa edad trabajando, en la mayoría de los casos en la calle, lo que significa una vulneración a sus derechos esenciales y a la normativa que se creó para  protegerlos.
Cada mañana se reúnen en la intersección de las calles Paicaví con Bulnes y se dividen las esquinas para trabajar; son tres malabaristas que esperan el rojo del semáforo para presentar sus precarios actos a los automovilistas a cambio de algo de dinero. Al ser requeridos, no dicen sus nombres ni su edad, pero se nota que no tienen más de 12 años. Están la semana entera en el mismo lugar, durante casi todo el día, no importa el mes del año, pues a pesar de que Chile es uno de los países sudamericanos que más ha avanzado en la erradicación del trabajo infantil, hasta ahora ni la legislación vigente ni los organismos encargados de cautelar por su cumplimiento han podido sacar a estos niños de las calles.
Y no sólo a ellos, sino que a los cerca de 100 mil (según datos que maneja internamente el Sename, basado en las notificaciones de Carabineros) que siguen trabajando en los campos, en la pesca, en el comercio y dentro de sus propios hogares.
Entre marzo y diciembre, los que estudian, van desde la escuela a sus trabajos y en el verano, a diferencia de la mayoría, no tienen vacaciones y pasan el día entero tratando de juntar algo de dinero que a veces sólo les alcanza para comer.  Niños artistas, niños vendedores ambulantes o niños cuidadores de autos son parte del “paisaje urbano” y  la mayoría ve su trabajo como algo “normal”.
Quién no se enternece con el acto del niño chinchinero del centro, o con el payasito que sube a las micros para acompañar a su padre en la rutina. Quién no se ha detenido a comprar productos que no necesita para ayudar a las mujeres que venden acompañadas de sus hijos o quién no ha reprochado a esos automovilistas que a pesar de quedar en primera línea frente al semáforo en rojo, siguen su camino y no entregan ni siquiera 10 pesos a los pequeños malabaristas. Pero vale también preguntarse quién alguna vez se ha detenido a pensar si estaría dispuesto a que sus propios hijos realizaran este tipo de trabajos que están calificados dentro de la categoría de “inaceptables”, según los  estándares internacionales contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios Nº 138 y  182 (Peores Formas) de la OIT, así como en la legislación en Chile
El trabajo infantil en nuestro país es un fenómeno que está presente desde la Colonia; hasta mediados del siglo pasado, ver a un niño trabajando como cargador, en faenas agrícolas o empleados en fábricas o en el comercio era una conducta aceptada y hasta valorada, porque se trataba de “pobres” que querían surgir o apoyar a sus familias. Si “la cabeza no les daba para el estudio” o si sus padres los necesitaban aportando para el hogar, era absolutamente válido que un menor se integrara al mundo laboral incluso antes de los 10 años. En el siglo XXI, la sociedad ha tomado conciencia de la injusticia que el tema encierra, pero pareciera que todavía quedan resabios de este pensamiento arcaico que nos hace tener una conducta negligente frente a esos pequeños que siguen sometidos a este trato injusto.
Las autoridades esperan que para el Bicentenario, de acuerdo con las metas establecidas en el Plan Nacional de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 2006-2010, no haya más niños trabajadores. Sin embargo, a juzgar por el panorama que sólo se ve en las calles, este objetivo será muy difícil de cumplir.

Realidad nacional

La Convención de Derechos del Niño reconoce el derecho de éstos a estar protegidos contra cualquier forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su desarrollo físico, espiritual, moral o social.
En 2007, el Ministerio del Trabajo consiguió un significativo logro con la modificación del Código Laboral. La nueva regulación establece que en Chile los adolescentes menores de 18 y mayores de 15 años sólo pueden trabajar si cuentan con la autorización expresa de los padres o, de no tenerlos, de algún abuelo, y que sólo podrán realizar tareas livianas durante una jornada no superior a 30 horas semanales (no más de 8 horas diarias). Además, deben acreditar que cursan estudios (medios o básicos) y que las labores no interfieren su asistencia a clases o su participación en programas educativos o de formación. De cumplirse estas condiciones resulta legal dar trabajo, pero quienes no alcanzan la edad exigida, están en completa ilegalidad.
La Encuesta Nacional sobre Actividades de Niños y Adolescentes en Chile realizada  por el  Ministerio del Trabajo (en conjunto con el INE y la OIT), en 2003, muestra una realidad desafiante para las autoridades. 200 mil niños trabajan en el país. De éstos, 107 mil lo hacen en condiciones inaceptables, es decir, no van a la escuela, trabajan en la calle, en jornadas extensas o nocturnas. Todas estas condiciones vulneran  derechos esenciales como la educación, el descanso, la recreación y la integridad física.
Es esta categoría -la de inaceptable-  la que más preocupa al momento de crear políticas de erradicación del trabajo infantil. Sin embargo, a seis años de esta encuesta, siguen existiendo niños que realizan ilegalmente labores remuneradas, todos ellos “autorizados” por sus padres.
Así es el caso de M.J. (12 años), a quien encontramos en la Avenida Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de la Paz, en la víspera de Navidad, vendiendo gorros de viejo pascuero. “Estoy de vacaciones y aprovecho de trabajar”, nos cuenta, mientras su madre sólo escucha todo lo que nos dice. Pasó a séptimo básico, dice que no es muy buena alumna, pero que siempre pasa de curso y que con lo que gane vendiendo hará regalos a su familia. Nos asegura que no trabaja siempre, pero se olvida que durante las Fiestas Patrias pasadas, también conversamos con ella y con su madre, en la misma esquina donde la encontramos en esta ocasión. En esa oportunidad nos dijo que como estaba de vacaciones “por el dieciocho” había decidido trabajar. También olvidó que una semana después, cuando ya debía estar en el colegio, seguía en la misma esquina a las dos de la tarde y ya no ofrecía banderas, sino que vendía caramelos.

Fiscalización insuficiente

Las ocupaciones más frecuentes de niños y adolescentes que trabajan en las calles son las de cuidadores de autos (especialmente los más pequeños), de recolección de cartones, en el comercio ambulante (en calles o locomoción colectiva) o realizando actos de malabarismo o rutinas de humor. Esto sin considerar a aquellas madres que pasan gran parte del día en las calle pidiendo limosna o vendiendo productos como parches curita, pañuelos desechables o calendarios, en compañía de pequeños que no superan los cinco años. Ellos son el principal gancho para ofertar su mercadería, pero la realidad es que estos pequeños no están jugando, sino que están siendo obligados a pasar jornadas extenuantes, alimentándose mal, expuestos al frío, la lluvia o al dañino sol del verano y a los peligros que implica el “mundo de la calle”.
Ricardo Suazo, supervisor técnico y psicólogo del Sename en Concepción, reconoce que el tema de los menores que trabajan en la calle no es fiscalizado detalladamente, porque no existe un organismo específico que se encargue de esta función. “El Sename no tiene supervisores que cumplan esas funciones. Sólo Carabineros, con un afán de protección, puede sacarlos de las calles, llevarlos a una comisaría y ponerlos a disposición de los tribunales de Familia”.
Según el Mayor de la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción, Jorge Salas, los menores “son tomados por Carabineros, ingresan a un registro y luego son derivados a los Tribunales”. Después la justicia solicita la presencia de los padres para decidir sobre su destino; pueden ser enviados a alguna institución de la red del Sename o se les puede permitir regresar con sus padres, con el compromiso de que no vuelvan a la calle. Para el supervisor del Sename ésta sería la cadena de trabajo ideal para lograr una solución concreta del problema. “Pero todos sabemos que los Tribunales de Familia están colapsados y que el tema de los menores que trabajan es sólo una de las tantas causas que deben resolver”.
En Carabineros reconocen también que la mayoría de los menores detenidos es reincidente y que sus propios padres son quienes se encargan de retirarlos, sin que se continúe con la cadena para sacarlos definitivamente de las calles. Por esta razón, argumenta el Mayor Salas, muchas veces se opta por dejarlos.
Durante semanas intentamos comunicarnos con algunos de los magistrados del Tribunal de Familia de Concepción para saber qué está ocurriendo con las denuncias de niños que trabajan en la calle que les hace llegar Carabineros. Finalmente nos pidieron enviar nuestra solicitud vía correo electrónico, pero tampoco obtuvimos una respuesta.

La importancia de la educación

Un menor que trabaja resta parte de su tiempo y energía a su formación educacional; el cansancio tampoco les permite asimilar los conocimientos y, en algunos casos, el trabajo en las calles los hace desertar del sistema escolar. Según el psicólogo Erwin Hetz, el que un niño realice una actividad anexa a la educación no debería afectar su rendimiento académico, pero en el caso del trabajo ambulante existen otros factores que afectan indirectamente, pues “está asociado a actividades de calle donde, por ejemplo, hay grupos de pares que pueden ser significativos en la toma de decisiones, adecuadas o inadecuadas”.
En los casos en que los menores son inducidos por sus padres, el profesional indicó que “ahí no sólo tenemos un trabajo bajo presión, o sea, un poder coercitivo que se está ejerciendo sobre él para lograr una cantidad de dinero, sino que también tenemos un sistema familiar que no está funcionando sino que a nivel global en la vida del niño”.
En este escenario resulta relevante el papel que juegan los establecimientos educacionales que albergan a estos niños vulnerados en sus derechos pues, según la encuesta del Ministerio del Trabajo, a un 71 por ciento de los menores que trabaja le gustaría ser profesional universitario y los profesores resultan ser referentes importantes para el logro de ese objetivo.
Hasta el momento, la erradicación de los niños que trabajan en la calle resulta una tarea titánica, lo que refleja que las autoridades competentes necesitan de la ayuda de toda la sociedad, que sin duda puede hacer mucho más que observar pasivamente cómo cientos de niños viven en esta nueva forma de esclavitud. Pero el trabajo no está completo, si no existen organismos que fiscalicen y saquen de las calles a estos niños, no sólo por un par de días o semanas, sino que de manera definitiva, de manera de asegurarles, efectivamente, la igualdad de oportunidades que hoy tanto se pregona.

Trabajo “indoor”

Otra forma de trabajo inaceptable es la que realizan los menores dentro de su propio hogar, algunos de los cuales pasan 21 o más horas a la semana ocupados en tareas domésticas asignadas por sus padres. En Chile, según la encuesta del Ministerio del Trabajo (2003), 42.083 niños estaban en esta categoría. Se trata de una forma de explotación infantil que permanece oculta entre cuatro paredes, pero que de cierta manera también “esclaviza” a niños a veces muy pequeños, con la excusa de que deben cuidar a los hermanos menores, ayudar con los deberes de la casa o, como ocurre en zonas rurales, cooperar en las labores agrícolas de la familia.

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