Ordena reintegro de presidenta del sindicato: Fallo judicial dobla la mano a conservador Nelson Gutiérrez

conservadorAl bullado caso del fallecido conservador de Bienes Raíces de Concepción, Gabriel Valdés, indagado hoy por fraude al Fisco, se suma el despido-reintegro de la sindicalista Soledad Gajardo. La jueza Berta Pool resolvió además que la entidad es empresa y, por ende, que hay continuidad laboral para los 61 empleados.
Un caballero a la antigua que corona sus respuestas con un ¿me entiende, señora? resultó ser “el interino”, como llaman al designado Conservador de Bienes Raíces de Concepción, Nelson Gutiérrez González, sus empleados.
No lo quieren. Y dicen que vino a revolver el gallinero en Exeter 545 donde algunos  trabajaron felices por 29 años -y hasta 40 años, otros-  al alero del fallecido titular Gabriel Valdés Sotomayor.
Al menos así lo piensan los despedidos Paula Landaeta Fuentes, Francisco Obreque Benavente y Soledad Gajardo Lagos. Esta última, presidenta del sindicato, fue exonerada -y reintegrada por orden de la jueza laboral Berta Pool- por presentar un proyecto de negociación colectiva a los recién llegados jefes.
Al “interino” lo acusan de echar gente sin más, de desconocer el sindicato, de arrinconar  a antiguos funcionarios que, como necesitan el trabajo, callan, de enriquecerse legalmente y de instalar  -él y su esposa María Eugenia Rivera, notario de Concepción- en cargos suplentes a sus hijos abogados. A otros parientes, también.
Nepotismo puro, advierten. O de tener “la media Cutufa”, ironizan.
Pero el conservador (68) se defiende: “Que el notario o conservador tenga a su hijo (en un cargo) es justificado y no hay disposición legal que lo prohíba. Y si mi hijo es capaz ¡lo nombro a él, pues!”, dice de la suplencia de aquel en el Conservador de Bienes Raíces de Coronel, donde Nelson Gutiérrez González es titular y a quien debió echar mano cuando la Corte de Apelaciones lo designó interino en Concepción de un momento a otro, en octubre pasado.
Su decisión no la impide ni el Código del Trabajo ni el Código Orgánico de Tribunales -reafirma- así es que, enfrentado al dilema, le dijo a su hijo:
-Oye m’hijito ¿me puedes ayudar?
-Papi, puedo ayudarte diez días, porque tengo obligaciones en Santiago.
-Para él fue un cacho, pero me salvó el momento. Ahora hay otro abogado ¿Me entiende, señora?
Y de la cuestionada organización sindical, creada en junio de 2009, retruca: “Ese sindicato era de Gabriel Valdés Sotomayor. Desde ese punto de vista estoy eximido y separé a la señora (Gajardo) porque no cumplía con las obligaciones técnicas e idóneas que se requieren para trabajar. Lo mismo ocurre con las otras dos personas”.
Pero el jueves 10 de diciembre de 2009 y con posterioridad a la entrevista de NOS al conservador Gutiérrez, la jueza laboral Berta Pool le ordenó reintegrar a Soledad Gajardo y pagarle sus pendientes remuneraciones de octubre y noviembre con los respectivos intereses. La receptora laboral, Angélica Quezada, y la abogada de la Inspección del Trabajo, Ana María Vallejos acompañaron a la funcionaria.
En Exeter 545, en esa callecita de Concepción que tiene un no sé qué, sus compañeros aplaudieron en silencio.
“Ya habrá tiempo para hacerlo más abiertamente”, expresa, a su vez, Elías Albarrán Pérez, presidente del Sindicato Interempresas de Empleados de Notarías, Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales de Chile, creado el 29 de agosto de 2009. Hoy, tiene 30 asociados y espera llegar a representar a los 75 mil empleados descontentos del país, incluido el sindicato de Soledad Gajardo y al que pertenece en su calidad de empleado del mismo conservador.
“Si estamos despidiendo a los dirigentes nada bueno se espera para Chile, nadie va a querer dirigir ni formar organizaciones”, sostiene Albarrán,  y el inspector provincial del Trabajo, Sergio Álvarez Gebauer, apuntó: “Para nosotros, como ente administrativo, aquí existe un principio de continuidad de servicios que no se ha interrumpido por el cambio de conservador. Sobre eso hemos actuado, realizando las fiscalizaciones pertinentes para verificar si contaban con la autorización judicial para el despido de la trabajadora aforada”.
La situación de los trabajadores Landaeta y Astete siguen tal cual.

Conservador, no panadero

El conservador interino de Concepción, un abogado egresado de la U. de Concepción, tiene el mismo nombre del fallecido dirigente histórico del MIR, Nelson Gutiérrez Yáñez (11 de octubre de 2008). Nunca tuvo que dar explicaciones por tal alcance, dice, pero cuando aquel recién apareció en el escenario político, conocidos de la familia llamaban por teléfono a su casa y retaban al padre: ¿cómo es posible que tengas un hijo mirista?
Treinta y ocho años lleva en funciones y bien tranquilo estaba en Coronel, hasta con tiempo para leer cada escritura que llegaba para su inscripción, cuando la Corte de Apelaciones le pidió hacerse cargo  de las funciones que desempeñaba su homólogo Gabriel Valdés.
-¿No ha sida buena su experiencia aquí?
-Ha sido dura, pero una buena experiencia, al final le otorga elementos que a uno le valen en la vida. Ha sido un reto interesante.
– A usted le están representando el despido de tres personas, en especial de una dirigenta sindical, y de no respetar contratos de trabajo, según denuncias en la entidad fiscalizadora ¿Qué dice?
– Si esto fuese una panadería y vendo, tengo forzosamente que respetar todo. Pero esto no es una panadería, no es una fábrica. Es un servicio público, una función pública que cumple un poder del Estado. Yo respondo a partir del 5 de octubre de 2009, yo soy un ministro de fe pública. La Dirección del Trabajo tiene otro criterio. Voy  a explicar mejor: cuando llegué aquí había 61 empleados y  yo  no estaba obligado a hacerles contratos de trabajo, a nadie. Dentro del plazo yo redacté -respetando los sueldos que tenían- nuevos contratos y  les dije: este es mi ofrecimiento, les respeto el sueldo que tenían al 30 de septiembre de 2009, de acuerdo con la norma que tenía la contabilidad aquí. Treinta y cinco personas aceptaron y 25 no quisieron firmar.
Y prosigue: El Código del Trabajo dispone que estos casos uno tiene que ponerlos en conocimiento del Trabajo. Lo hice para que “ustedes recaben la firma, intervengan”. Producto de esto, la Inspección emitió un pronunciamiento sosteniendo que no correspondía firmar nuevos contratos, porque ellos se guían por los anteriores. La Inspección del Trabajo interpretó esto en el sentido de que hay continuidad laboral y que esto sería una empresa, pero ha sido desvirtuado por  al menos dos fallos de la Corte Suprema que sientan jurisprudencia, y que sostienen -resolución del 30 de noviembre de 2006, por ejemplo, pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los ministros Marcos Libedinsky, Orlando Álvarez, Urbano Marín, Patricio Valdés y el abogado integrante Ricardo Peralta-  que una “notaría (conservador) no es empresa para fines laborales y no existe continuidad de empleador por cambio de notario”.
– ¿Esto es lo que manda?
-Son interpretaciones administrativas y Trabajo tiene un criterio distinto. En este caso me han aplicado multas que yo he reclamado a los tribunales basándome y sosteniéndome en esta tesis: de que no soy empresa y que las multas están mal cursadas.
-¿Cuántas multas?
-Varias, por contratos y despidos.
-En el caso del despido de la presidenta del sindicato, Soledad Gajardo ¿Ella tiene fuero, no?
-Como no es una empresa y no hay continuidad y el sindicato era de otro conservador, no tengo por qué tener conocimiento de ello. Para mí, eso no me afecta. Esto no  es empresa; no asumo el activo y pasivo del empleador anterior. Sostengo que ese sindicato no me obliga. El predicamento es que se requiere gente idónea y de confianza por ser un trabajo muy delicado. Uno tiene que confiar en lo que hacen sus dependientes.
-Pero usted viene conociendo a este grupo a partir del 5 de octubre también. En un mes ¿puede distinguir quien sí o no es idóneo o de confianza?
-Muchos no son idóneos
-¿Los va a despedir?
-No estoy diciendo eso, no lo interprete así. Hay gente que tiene virtudes y defectos y otras que no cumplen los requisitos como uno quisiera. Imposible no  tener gente de excelencia.
El abogado Gutiérrez ejerció tres años antes de ingresar a la carrera. Su cargo -dice- no es político y que tal cómo los jueces se forman en la Academia y son llamados a integrarse al Poder Judicial por vocación, ellos son seleccionados por la respectivas cortes de apelaciones por idoneidad a través de ternas y concursos. El Gobierno los confirma a través del Ministerio de Justicia.
“Para mí esto es un honor; la Corte de Apelaciones de Concepción me reconoció al decirme asuma usted este cargo, fue una distinción dentro de mi carrera”.

Delitos tributarios

Los empleados –los despedidos más abiertamente-  acusan a Gutiérrez sin embargo de haber instaurado un clima de terror en la otrora tranquila oficina del Conservador de Bienes Raíces, donde se trabajaba en familia, en buen ambiente laboral y ganando buenos sueldos ($1 millón 300 mil en promedio). Y si el fallecido antecesor Gabriel Valdés  Sotomayor (74) hizo figurar en la planilla de sueldos a sus cuatro hijos sin que prestaran funciones, “legalmente no teníamos idea, no nos afectaba en nuestras remuneraciones y éramos felices”, como dice Soledad Gajardo.
En 2008, el  país y la Región mostraban las primeras señales recesivas, había decaído un poco la actividad inmobiliaria, se compraban y vendían menos propiedades, pero en Exeter 545 el flujo de caja era constante, con ingresos de alrededor de $ 120 millones mensuales. El conservador ganaba un 40% y el 60%, deducidos gastos, se destinaban a cuatro ítemes de sueldos: a porcentaje; sueldo fijo más bono; sueldo fijo y sueldo, bono y un porcentaje pequeño.
Eso, hasta que en septiembre de ese año comienza la debacle cuando dos funcionarias de la sección Gravámenes reclaman por un bono impago, denuncian a Valdés a la Corte de Apelaciones de Concepción y la ministra  Irma Bavestrello Bontá inicia el respectivo sumario administrativo donde detectó falsificación de firma en instrumento privado (libro de asistencia), incumplimiento de horario (Valdés sólo trabajaba en las mañanas y por la tarde le llevaban documentos a su casa para la firma) y fraude al Fisco, como se denunció.
En el Foro, admiten que la jueza realizó un acucioso trabajo de modo que el Pleno se vio obligado a denunciar el caso Valdés a la Fiscalía. Es más, agregan que la información que entregó a la prensa el ministro Freddy Vásquez en orden a que la ministra había usado la fuerza pública para “incautar” libros de contabilidad no correspondió a la realidad, pues ella designó peritos de Labocar quienes, en definitiva,  se apersonaron previo aviso y consentimiento del Conservador Valdés en Exeter 545; la contadora del conservador, Ximena Jara -única imputada por ahora- entregó los documentos de acuerdo con un listado previamente confeccionado y envió más tarde otros al tribunal de alzada.
Más de 50 funcionarios fueron interrogados y según se determinó, tres de ellos firmaban el libro de asistencia por los hijos de Valdés mientras que los cobros al público se hacían “al antojo de cada cual” y sin estar ajustado al arancel. Hubo, en tal sentido, dos devoluciones de dinero para igual número de reclamos.
“Es cosa de la contadora”, habría reconocido el conservador Valdés en el curso de la investigación  al ser requerido por la inclusión de sus hijos (entre 21 y 30 años) en la planilla mensual con el fin de asegurarles salud y pensión.
Uno de ellos aparecía incluso con contrato de trabajo desde los 13 años. Ellos tenían derecho a sueldos, imposiciones, vacaciones, licencias médicas y pre natal, en el caso de la hija, como cualquier otro empleado, pero “fantasmas”.
La chef Alicia Valdés, la única hija del conservador, casada con uno de sus hombres de confianza, restituyó los valores correspondientes a derechos maternales, se conoció.
La protección que puso en práctica Valdés – nombrado por el ex presidente Salvador Allende hace 40 años- le permitió rebajar el impuesto global complementario, presunto delito que persigue el SII.
Hoy, la causa por la investigación en el Conservador de Bienes Raíces se derivó a la fiscal Nayalet Mansilla Donoso, dado que la muerte del conservador extingue la persecución de los delitos funcionarios que, en su momento, indagó la fiscal Carla Hernández.
Lo que la fiscal Mansilla investiga en estos momentos son eventuales delitos tributarios, denunciados por el SII, y se está a la espera de los resultados de una orden de investigar despachada a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y de una serie de peritajes encargados a la Sección de Contabilidad del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI.
En el tribunal laboral sigue su curso la demanda número 031-2009 por honorarios impagos, presentada en contra de Valdés el 8 de septiembre de 2009 por $180 millones de pesos adeudados a 25 ó 26 funcionarios con derecho a bonos y porcentajes. “En esta causa, nosotros demandamos al conservador estando vivo y él la contestó. Como alegamos continuidad, pasa al que fue nombrado”, precisó Soledad Gajardo, la sindicalista recién integrada a sus funciones en el registro Comercio.

Bomba de tiempo

En conversación con NOS el  conservador interino Nelson Gutiérrez  explicó que, cuando asumió el cargo, halló una oficina en estado de crisis y un verdadero desorden. “Desgraciadamente, el colega siendo una excelente persona y profesional  no tuvo en los últimos tiempos la dedicación que el cargo merecía por su enfermedad; éste es uno que requiere de mucha energía. Es un cargo delicado y muy demandante”.
-¿Qué es exactamente lo que le corresponde hacer a un conservador?
-Si usted compra un propiedad, tiene que registrarla para que valga, para que sea verdaderamente dueña tiene que inscribirla en los registros del conservador. Cuando fallece una persona y los herederos tienen que disponer de los bienes, tiene que tramitarse la posesión efectiva y practicarse las inscripciones. Todos estos procesos van a parar al conservador, quien califica. Es delicado.
De diez escrituras que lleguen, rechazamos 5 ó 7 para que el Derecho nazca válidamente, es una labor jurídica que requiere de mucha dedicación. Si yo cometo un error, respondo con mi patrimonio; si me equivoco en un certificado no tengo otro camino más que el de responder. Uno tiene que ser dedicado en su trabajo, es su patrimonio.
– ¿Y usted revisa cada una de las escrituras que llegan aquí?
-Sí señora, y cuando empecé aquí me volví loco. En Coronel lo hacía, aquí, por la cantidad de ingresos tengo que tener gente de confianza e idónea. ¿Se fija? Ahí está la explicación. Uno tiene su visión general y tiene sus riesgos. En una oficina de esta envergadura tiene que confiar. Para eso contraté un ingeniero civil (regula parte administrativa), traje un contador especial y un abogado que me reemplaza en materia electoral.  Lo que me interesa es salir adelante, airoso y lo más importante, que el servicio no se deteriore, que la gente sea atendida.
Si yo hubiera sido conservador aquí ya habría tenido una oficina moderna, computarizada completamente. No estaba así. El que llegue, va a tener que dedicarse a eso.
-Las personas despedidas declaran que estaba en marcha un proyecto informático, que había un departamento incluso y que usted desarticuló ¿es cierto?
-Tengo mis reservas sobre eso. La información que se vertía (desde los libros) estaba con errores. La información que se manejaba e iba a parar a los sistemas era errónea. Por eso lo suprimí. No había un control de calidad, no era idóneo, no era seguro.
-¿Y cómo se dio cuenta?
-Soy un hombre de experiencia; basta pedir un certificado y percatarse que la cosa no anda bien. Sería muy pretencioso hablar de departamento de Informática. Ahora tengo dos ingenieros, pero no puedo hablar de un departamento de informática. Es absurdo.
Yo voy a crear eso si es que soy conservador;  lo crearé en otras condiciones, en otro contexto y con ingenieros más calificados que los que tengo. Es evidente que esto requiere modernización. Tiene que ser paulatino eso. ¡Me ha hecho hablar…ah!
– Si en Coronel revisaba las escrituras una a una, ¿cuántas ingresaban allá y cuántas acá?
-Mire, allá tengo 11 personas y acá 61. Eso indica la magnitud del trabajo. En una oficina más chica uno tiene tiempo para todo.
-Cuándo usted dice que el Conservador de Bienes Raíces  no es una empresa y que su función es de servicio público ¿Qué pasa con los ingresos que entran a esta oficina? ¿Son del Poder Judicial o es todo para usted?
-Nosotros somos funcionarios públicos. La única diferencia es que no somos remunerados por el Estado. El sistema de fe pública en Chile es gratis; al Estado no le cuesta un centavo y se financia a través del usuario que paga un arancel igual que en Europa (Francia y España). Hay muchas modalidades. Estos aranceles los dicta el Ministerio de Justicia y los jueces superiores, de cortes, vigilan que esto se cumpla. Cualquier denuncia que hagan las personas, nos piden informes. Si hay cobro ilegal, nos aplican sanciones. Hay que cuidarse mucho.
-¿Todo lo que ingresa a esta oficina es para usted entonces?
-Es para administrar. Con lo que ingresa, uno paga sueldos, desahucios, años de servicios, funcionamiento interno, sistema computacional completo, insumos, imposiciones, salud, isapre, todo. No significa ningún peso al Estado.
-¿Nunca ha quebrado un conservador?
-Ha sido expulsado, más bien. Somos vigilados por los tribunales superiores. Si tenemos problemas, nos echan,  si  no he pagado imposiciones en los últimos tres o cuatro meses, por ejemplo, tendría problemas. Uno no puede concebir no pagar eso, es lo más sagrado que hay. Cada año salen uno o dos conservadores. Hay que ser extraordinariamente cuidadoso y salen porque “meten la pata”. El control es efectivo y uno tiene que cuidarse mucho. Estamos (sentados) en una bomba de tiempo. Con los años uno va eligiendo gente muy idónea y aprende que tiene que pagar buenos sueldos.
Cuando llegué a esto era joven y le pagaba a un auxiliar el sueldo mínimo. Me percaté que era un error, el auxiliar era sobornado fácilmente. Una vez me cambiaron un plano -¿se fija usted?- y en vez de decir dos hectáreas, decía 20 hectáreas. Es un peligro pagar mal a nuestros empleados, hay que pagar sueldos buenos.
-¿Y de qué montos usted considera montos buenos?
-El promedio es de un millón y (aquí) hay sueldos que no los tiene nadie en la administración pública de Concepción. Hay sueldos que a mí me sorprenden.
-¿Por lo bajo o por lo alto?
-Por lo alto. Hay modalidades.

“Aquí, los sueldos los pago yo”

-Hay declaraciones que aquí opera el nepotismo: Usted está casado con la notaria María Eugenia Rivera, sus hijos abogados los reemplazan a ustedes, tiene un yerno abogado que es su brazo derecho ¿Qué dice?
– Nepotismo habría si estas funciones públicas fuesen canceladas con dineros fiscales, pero aquí es uno el que paga sueldos. Aquí no se le causa perjuicio a nadie.
Con la exigencia, con el reto que tenemos los notarios y conservadores de tener gente idónea y de confianza, quien satisface más ese requerimiento son los hijos. Mi hija mayor es abogado, es muy capaz y trabaja con mi mujer, es una gran ayuda. Y yo cumplo mi función más tranquilo, porque sé que mi hijo abogado va a tener más cuidado que el de afuera. Mi hija sabe que si mete la pata, su mamá responde, uno confía más en la capacidad del hijo abogado que en la de un tercero.
La coincidencia de que mi mujer sea notaria en Concepción no influye en lo absoluto. No hay ninguna prohibición o impedimento. Si las escrituras de ellas me llegan mal, se rechazan. No puedo inscribir algo malo.
-¿Y le ha pasado eso?, porque no imagino como será esa conversación de matrimonio…
-No, no me ha pasado. Si uno mete la pata y hace algo mal, todo el mundo lo señala a uno; los notarios y conservadores somos demandados también. En Coronel me demandaron porque dejé una copia sin firmar. Tuve un juicio largo, lo gané finalmente, pero estuve tres años en tribunales. Gané en primera y en segunda instancias y en la Corte Suprema, pero me costó sangre, sudor y lágrimas.

O’Higgins 680, 4° piso, Oficina 401, Concepción, Región del Biobío, Chile.
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