Otra vez la puerta giratoria

Nuevamente estamos hablando de la puerta giratoria de la justicia chilena. Aunque a diario los medios de comunicación dan cuenta de situaciones delictivas de distinta envergadura y de la disconformidad de la sociedad por la sensación de inseguridad que se ha instalado en el país, otra vez un criterio judicial poco afortunado abre el eterno debate.
Las agendas de los partidos políticos, de los parlamentarios, de los que perfilan como candidatos, del Gobierno y  de los opinólogos varios, gira bruscamente hacia la misma discusión que hemos venido escuchando en los últimos años: cómo lograr el justo equilibrio en el tema de las libertades provisionales y la prisión preventiva. Así también comienzan a conocerse propuestas -unas más sensatas que otras- que prometen dar una solución al sistema.
La diferencia es que este año, un nuevo actor se sumó a la polémica. El Gobierno entró a la discusión de una manera que se opone totalmente a su costumbre de no comentar las resoluciones judiciales y expresó su disconformidad y luego sus observaciones a la Corte Suprema sobre algunos fallos considerados discutibles.
Los parlamentarios también han hecho lo propio con las indicaciones propuestas al proyecto del Ejecutivo de agenda corta de seguridad ciudadana, para que los delincuentes peligrosos formalizados por delitos graves no queden en libertad con las facilidades de hoy.
Si bien aún no se ha acordado la fórmula para hacer más restrictiva la libertad provisional que, de acuerdo a las facultades que les entrega la ley, otorgan los jueces de Garantía, se podría decir que la voluntad expresada por todos los sectores políticos para aprobar una norma con esos objetivos ya es un avance.
Sobre todo si se considera –tal como lo reconoció el Ministro Viera-Gallo mientras era senador por la Octava Región Costa- que en el  Parlamento nunca se había logrado un consenso para tratar el tema de la restricción de libertades.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el problema no se solucionará con leyes más duras que garanticen la permanencia de delincuentes peligrosos en las cárceles.
Esto sólo se logrará en la medida que existan políticas sociales efectivas, sobre todo hacia aquellos sectores más vulnerables y propensos a incurrir en conductas delictuales. Y en esto también los gobiernos y los parlamentarios tienen mucho por hacer.
No se puede esperar que una norma ayude a terminar con los problemas que como sociedad no hemos sido capaces de resolver

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