Al parecer el Ministerio Público enfrenta un problema mayor. Gran parte de la droga enviada al Servicio de Salud durante estos años para su incineración habría sido desviada para ser nuevamente comercializada, con la autoría de, al menos, una funcionaria del organismo y un policía.
El asunto dejó al descubierto un protocolo que no funciona en la forma que fue concebido originalmente, porque habría plazos y custodias que no se cumplen. Imaginemos la política antidrogas como un estanque con un pequeño forado en el fondo, por donde se escapan los esfuerzos para minimizar los efectos de un fenómeno devastador. Ese podría ser uno de los tantos que impiden el cumplimiento de las políticas implementadas por el Estado.
El negocio de la droga es extraordinariamente rentable. Un kilo de cocaína vale 6 millones de pesos y puesta en Europa puede alcanzar los 56 millones. La pasta base de buena calidad bordea los tres millones de pesos por kilo. Considere que se vende por gramos y que se mezcla con pasta de muro, talco u otras sustancias para “hacerla rendir”. Divida y multiplique. Es motivo suficiente para convertirse en una inmensa tentación para funcionarios a menudo mal pagados. Si eso ocurre en el Servicio de Salud, imagine el peligro latente para la policía que participa en las incautaciones, y cuán fácil puede ser entregar medio kilo si se incauta un kilo u otras prácticas, como la entrega de protección o información.
La drogadicción, especialmente la pasta base, es un severo problema para el país. De otra forma no se explica que en mis años de defensor público, de cada diez delitos violentos contra la propiedad, siete u ocho eran cometidos por “pasteros”. Es un dato empírico, que no tiene estadísticas oficiales.
Según informaciones, esta vez de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el año 2011 se incautaron 1.941,23 kilos de cocaína, 7.059,77 kilos de pasta base y 14.565,59 kilos de marihuana.
Que se haya incautado más pasta base que cocaína puede tener dos explicaciones: la primera, que en Chile se consume más pasta base que cocaína, pero la segunda es que la persecución penal resulta más efectiva para los traficantes de pasta base, porque los de cocaína, orientados como están a segmentos sociales más blindados de los persecutores, están más lejos de la labor de las agencias estatales y, por lo tanto, más impunes.
Creo que el protocolo de destrucción tiene severos problemas. El Ministerio Público debiera tener calderas y hornos para incinerarla. Mientras menos traslados y más pronta la destrucción, menos posibilidades existen de que funcionarios de agencias estatales establezcan redes para volver los estupefacientes a la calle.
Me dirán que suficiente trabajo tiene el Ministerio Público, les diré que a la hora de prevenir el tráfico, hay que ser doblemente creativos que los traficantes. El Servicio de Salud sólo necesita una cantidad pequeña de muestra para los análisis, el resto del protocolo huele más a burocracia estatal que a eficiencia para la eliminación.
Waldo Ortega Jarpa
Académico de Derecho
Universidad San Sebastián