En septiembre, tras un año y medio de incertidumbre, el profesor Ramón Suazo se encontró con que la causa por acoso a una alumna estaba archivado. “Me sentía el peor de los bandidos”, dice. Como él, Manuel Navarro y Roberto Faúndez cuentan sus dramas y de cómo acusaciones arbitrarias les han cambiado la vida y hecho tambalear matrimonio y familia. En la vereda del frente, Cristián Fuentes, condenado a 10 años por violación a una alumna, cuenta su verdad. El director de su escuela, sus colegas, apoderados y hasta un primo de su presunta víctima, creen en su palabra, mientras la defensa prepara su artillería para el recurso de nulidad del juicio ante la Corte de Apelaciones.
En el temido sheriff de Tomé está convertido el fiscal Andrés Barahona Urzúa. De él hablan los taxistas, en las tiendas, en los cafés y en la web. En verdad, con quien uno converse también de camino a las Vegas de Coliumo o a los empinados cerros El Estanque y El Santo, donde se halla la escuela F-452 de ilustre nombre: Lisa Peters Teübner. Allí habrían ocurrido los hechos que tienen a los profesores en pie de guerra.
Con o sin razón, dicen que el fiscal está siguiendo con saña a los “abusadores” y en particular a los profesores, aunque muchas denuncias queden a medio camino, se sobresean o tengan otras salidas como permite el sistema procesal penal previo al juicio. En otras, en cambio, el fiscal persevera “a morir”, como solían sellar sus acuerdos en bulliciosas asambleas los mineros de Lota para resistir hasta el final, sin claudicar.
“El Ministerio Público- explica a su vez Barahona- no está obligado a llevar todo a juicio, tiene que seleccionar los casos donde hay pruebas suficientes para acusar”.
Es lo que le acaba de pasar a Cristián Fuentes Riquelme, un morenazo de 32 años, profesor de Educación Física en la escuela Lisa Peters, hoy condenado a 10 años y un día por abusos sexuales y violación a una niña de 11 años, alumna suya que se habría enamorado de él. Alega inocencia. “Las pruebas desvirtúan estas imputaciones”, agrega su abogado César Ramírez. La sentencia no está aún a firme y la defensa se prepara para alegar un recurso de nulidad respecto del cual la Corte de Apelaciones de Concepción se pronunciará en audiencia pronto.
El caso de Fuentes, con arresto domiciliario, que diera pie en septiembre a una bulliciosa protesta de profesores y concejales frente a la Fiscalía, además de las imputaciones a cuatro profesionales nos tiene aquí, en Tomé, conociendo de “la fragilidad” en que hoy se desenvuelve el magisterio.
Si no son los apoderados, son los alumnos y quién dice algo- se preguntan- cuando las víctimas de golpizas o empujones son los propios profesores. “Estamos expuestos a cualquier ataque, pero más vulnerables que nunca hoy están nuestros colegas varones. No quieren ni acercarse a los alumnos. Ellos naturalmente nos abrazan y nos demuestran su cariño y afectos de esa manera, pero hay que mantenerlos a distancia”, refiere la presidenta comunal del Colegio de Profesores, Mónica Espinoza Mondaca.
Según su experiencia, los padres han perdido autoridad y eso se replica en el aula mientras los maestros están obligados a cumplir metas de aprendizaje sin importar que el alumno sea irrespetuoso o llegue incluso a los golpes, como acaba de ocurrir en Arauco. Entregar conocimientos es fácil, pero “nos hemos ido perdiendo como formadores de valores. Allí habría que poner el semáforo rojo”, recalca la dirigenta en un alto de sus clases en Vegas de Coliumo.
En la escuela de Lisa
Paz a todo aquel que entre aquí reza la bienvenida silenciosa de un cuadro en la pared de la escuela Lisa Peters. Y contiguo al diario mural dedicado a San Francisco de Asís, patrono de los animales, fotos y biografía de la atleta que murió a causa de una hepatitis infecciosa en 1953, mientras se preparaba para los juegos olímpicos de Melbourne, Australia. Ella es un orgullo para los tomecinos; en rigor, todos ellos son orgullosos de serlo, como se lee a un costado de los buses interurbanos que circulan entre Concepción y Tomé.
Juan Cuadra Salgado, director del establecimiento donde surgió la idea de la marcha tras conocerse el fallo contra Cristián Fuentes, apoyó la iniciativa. Todos los profesores de Chile, dice, están en la indefensión, pero el caso de su joven profesor gatilló la reacción en cadena. “A nivel interno, todos se sienten frágiles y con temor a que cualquiera pueda vivir una situación igual”, cuenta, apesadumbrado por las explicaciones que ha tenido que dar a su jefatura, pero sin dejar de creer en la inocencia del educador cuyo contrato por 30 horas semanales duró entre abril de 2008 y febrero de 2009. “Muy profesional, cumplidor, respetuoso con la dirección y sus pares”, lo recuerda.
En 36 años de servicio, Cuadra nunca había vivido una experiencia tal; han seguido atendiendo a la alumna como una más (hoy en Octavo básico), y por expresa petición de la familia y órdenes suyas, nadie le pregunta nada, aunque V.V. N. quiera saber qué opinan sus profesores del episodio. Le sorprende también que la comunidad de padres y apoderados apoye al profesor y ratifica lo que en Tomé es un secreto a voces: que tomó resguardos y acompañó al reemplazante del profesor de Educación Física, tan joven como Cristian Fuentes, a dejar constancia en Carabineros por un llamado a su celular que le hiciera la misma alumna mientras él se hallaba en Los Ángeles junto a su polola.
“Es un secreto” contestó la niña al joven cuando éste quiso saber cómo había conseguido su número. Ella habría persuadido a un compañero que comercializa leña y a quien el educador le habría encargado astillas.
Ante la dirección del establecimiento, V.V.N responsabilizó a su hermana, pero sus padres no acudieron al llamado del director. “O no les dijo o simplemente no llegaron a la entrevista”, dice. El ambiente de trabajo en la escuela se ha enrarecido, en cualquier entrevista es obligación una tercera persona y todos están a la defensiva: “¿Cómo actuamos frente al alumno (a) que necesita reforzar su afectividad si un gesto de cariño es malinterpretado? ¿Basta la palabra de un alumno para que me jodan la vida?”
Igual que bandido
El bandido más grande y con su autoestima por el suelo dice haberse sentido Ramón Suazo Zapata (64, casado, padre y abuelo), quien acaba de enterarse que su causa está archivada desde mayo 2009.
Pasó un año y medio en tratamiento siquiátrico por “desadaptación” y recién en septiembre, tras las marcha de protesta por su colega Fuentes se animó a ir a la Fiscalía a indagar por los cargos de “hostigamiento y acoso” a una de sus alumnas y maltrato a otros tres niños que en un papel común y corriente presentaron ante la dirección cuatro personas.
Uno de los firmantes, celoso de su mujer, una apoderada del curso, “quiso desquitarse conmigo y fui víctima de una persona que no sabe ni leer ni escribir”. Era noviembre de 2008 y en vísperas del aniversario de la escuela, en Cerro Estanque, su director le comunicó que daría curso a la queja; pidió traslado a otro establecimiento municipal donde su permanencia fue objetada también. Buscó abogado y se presentó ante la PDI cuando lo requirieron. Ramón Suazo, egresado de la Escuela Normal de Chillán, trabaja en la Escuela California, en Tomé.
Hoy, blanco en canas y sin ánimo de jubilarse, reflexiona: “Fue tremendo el daño a mi imagen y es lo que nos está pasando a muchos. Tenemos que ser muy de fierro, muy robot y no demostrar ningún afecto por los niños porque en cualquier momento puede usarse en contra nuestra. Viví más de un año en total incertidumbre ¿Quién me responderá por eso?”, inquiere. Ni siquiera el abogado le comunicó la decisión de Fiscalía.
Esperará a hablar con otro profesional para iniciar una contrademanda.
Justamente, es lo que ya está haciendo el profesor Roberto Faúndez Mellado (53, casado, tres hijos) imputado por abuso sexual de una alumna de 7 años en la Escuela de Dichato, en julio de 2008, porque “las acusaciones falsas no pueden quedar impunes”. La madre, dice, lo acusó de haber tocado a la niña, pero fue absuelto en fallo unánime por el Tribunal Oral en lo Penal. “Mi prueba fue la verdad”, agrega, aunque el fiscal Andrés Barahona haya apelado la resolución: “Él tiene fijación con los profesores”, asegura.
En una escuelita de Trapa Trapa, en Alto Biobío, estuvo 15 años -“el lenguaje es un buen murallón”, cuenta de la experiencia de enseñar a niños pehuenches- antes de llegar a Dichato en 2006 donde vivió el percance. “¿Cómo le cuento a mi familia, a mi esposa y a mis hijos?”, pensaba. Si no hubiese sido por los suyos y colegas no habría soportado tanta presión aunque su matrimonio anduvo trastabillando. Lo acusaron de cometer el ilícito en una sala de computación, pero a la misma hora estaba ensayando una presentación mapuche con sus alumnos del segundo año. La niña, agrega, actuó influenciada por la madre, quien lo amenazó de dejarlo en la calle, aparentemente por un mal entendido interés amoroso. La apoderada “se lo pasaba mañana y tarde en la escuela y yo pensé que era preocupación por su pupila”.
De lejitos, mejor
A Manuel Navarro Calquin (60, profesor normalista de Angol) y docente de la Escuela de Punta de Parra, la apoderada que lo acusó ante la prensa de maltratar a su hijo en 2008 le pidió disculpas, pero su caso, a pesar suyo, sigue en la web.
Un día se preparaba para su clase de Educación Física y antes de salir del aula al patio, pidió a los niños ponerse la cuerda en la cintura para practicar ejercicios de lateralidad. Al día siguiente, cuando se disponían a entrar a clases uno de los niños le dice a su compañero: “Oye Ricardo ¿le contaste a tu mamá que el profesor Navarro te amarró…? La mamá me denunció en todos los medios. Hasta con el diputado Sergio Bobadilla habló y mis colegas molestaban -“¡préstame una cuerda para amarrar a un cabro!”-. Del árbol caído todos quieren hacer leña”.
La gracia de sus dos alumnos, hoy en quinto año, se tradujo en cuatro meses de licencia siquiátrica, una aceleración de su diabetes, dos pre infartos, hipertensión y molestias -“¡oye, tu papá salió en la tele!”- para los hijos.
Por eso, cuando una apoderada le pide “señor Navarro, por qué no me atrinca a (…) le contesto: señora, usted es la que tiene que atrincar a su hijo en la casa. Hoy, uno se acerca al niño (a) y lo acusan de acoso sexual, pero los medios no destacan cuando un alumno le pega a su profesor. Acaba de suceder con un niño de tercer año que pateó a su profesora de Religión porque no le gustaba la asignatura. Prefiero mil veces la educación de hace 25, años cuando los directores no le creían tanto a los apoderados y al profesor se le trataba con respeto.
Un chat hot
Un chat hot detectado por el hermano detective de V.V.N. entre ella y su profesor habría dado pie a la denuncia que presentó la madre Elba Neira Ceballos y originó la formalización por abusos sexuales y violación contra el profesor Fuentes. Fue detenido en su casa el 17 de noviembre de 2008, en presencia de su madre, Juana Riquelme Salazar, y trasladado a Concepción donde el imputado dice haber llegado “en blanco” mientras los policías le sugerían inculparse y rebajar así una condena a cinco años. Al día siguiente fue llevado al tribunal de Garantía de Tomé.
“Hay un chat que te inculpa -me decían- y yo intentaba saber de qué se trataba”. Corresponden a cinco conversaciones y en al menos dos, libro de clases de por medio, demostró que estaba impartiendo su asignatura y la menor en su hora de Lenguaje. En otro momento y mientras asistía al cuarto año se le acusa de haber estado media hora en el baño de profesores junto a la menor. De aquello, duda el director Cuadra. Son espacios concurridos y visibles como también sus propias oficinas, donde habría ocurrido otro episodio entre los meses de junio a octubre de 2008 según la Fiscalía, pero “yo siempre estoy aquí, atento al entorno y con todas las llaves en mi poder”.
A la prueba del chat, la fiscalía sumó un informe del Servicio Médico Legal y testimonios de la madre de la niña y de una amiga. “Esto lo ha hecho antes -dice el afectado- acusó a su primo de haberla violado y el joven, de 19 ó 20 años, hoy intentó suicidarse. Él está dispuesto a atestiguar en mi favor, pero (la fiscalía) no lo quiere llamar”.
El computador, de propiedad del detective, no fue periciado, dice el abogado César Ramírez Burgos en lo que considera es una de las situaciones irregulares del juicio. “Todo se devela en base al presunto chat. Sin embargo, pasajes del mismo aparecen emitidos en horas y fechas en que de acuerdo con el testimonio de profesores y libro de asistencia, la niña estaba en clases. A esa fecha, en el colegio no había Internet inalámbrico ¿Cómo entonces podía estar chateando? Esto tampoco se devela”.
– ¿Cuál es la objeción que la defensa hace sobre la participación del detective y hermano de la presunta víctima?
-Él es detective en Coronel y no tiene competencia para actuaciones en Tomé. Por declaraciones de testigos, y constancias en el informe planimétrico se sabe que participó en la toma de fotos en la escuela de Tomé donde ocurrieron los hechos. Reclamamos investigación justa e imparcial.
-El fiscal sostiene que las pruebas al tribunal fueron lo suficiente sólidas para obtener la sentencia unánime de los jueces. ¿Cómo desvirtúa esta posición?
-Desde nuestro punto de vista no es así, y nuestras pruebas -pericias informáticas y peritajes ginecológicos, testimonio de profesores como asimismo la propia pericia del servicio médico legal- desvirtúan las imputaciones. Dan sustento a su inocencia.
-¿Por qué no se hizo prueba de ADN si hubo penetración como sostiene la fiscalía?
– Inexplicablemente no se hicieron pericias biológicas de ADN ni de otra clase, como la búsqueda de células epiteliales en órganos sexuales, que sobreviven hasta por 21 días, aun cuando se use profiláctico, ya que el mismo no cubre todo el órgano sexual masculino, lo que corrobora o desvirtúan la participación de una persona en un delito de esta naturaleza. El resorte de la investigación, en forma exclusiva corresponde al fiscal. La defensa sólo propone.
Fiscal Andrés Barahona: “Certezas procesales las determina un tribunal”
Al fiscal Barahona no le gusta hablar de sí mismo ni de triunfos. Tampoco de si se siente o no apreciado por la gente de Tomé. Nació penquista pero estudió en Santiago y su función es trabajar aquí hasta que se disponga de otra cosa. Es el jefe de la Fiscalía y un hombre ocupado, excepcionalmente participa de actos oficiales. La ley, dice, le demanda dedicación exclusiva y hay demasiado trabajo con las audiencias, turnos, llamados telefónicos día y noche, atención de público, litigios y presencia en el lugar de los hechos para trabajar allí con las policías como para pensar en otras cosas.
– ¿Ustedes nunca se equivocan o es muy difícil que se equivoquen? Me refiero a que si en el caso de Cristián Fuentes todo lo que consiguió investigar está ciento por ciento demostrado.
-Tenemos una sentencia que reafirma que está ciento por ciento demostrado. El tribunal en fallo unánime condenó a Cristian Fuentes a la pena de 10 años y un día de presidio. Un voto incluso estuvo por aplicar la pena solicitada: 15 años. A ese nivel de convicción ha llegado el tribunal.
-Muchas denuncias por abusos sexuales quedan sin efecto, como es el caso de al menos cuatro profesores en Tomé. ¿Que está ocurriendo? ¿Hay persecución?
– Hay denuncias varias todos los años en contra de profesores y cada investigación se lleva a efecto con toda rigurosidad. Hay casos que se archivan, que se estiman no hay delitos o que se desechan. El Ministerio Público tiene que seleccionar los casos donde hay pruebas suficientes, fundamentos serios para acusar, como dice la ley. A la Fiscalía no se le puede pretender determinar una certeza, las certezas procesales las determina un tribunal.
– ¿Qué está pasando? ¿qué lleva a..?
– No soy sociólogo, sólo constato experiencias en lo que se devela a las autoridades, a la fiscalía.
-¿Qué puede decir de la denuncia en Carabineros respecto del llamado de V.V.N. a otro profesor y que usted no habría acogido?
– No es pertinente dar detalles del juicio. Sí puedo decir que hay un sinnúmero (de pruebas) que se presentaron por ambas partes y quiero hacer hincapié en lo siguiente: El Ministerio Público hizo diligencias pedidas por la víctima y la defensa. En esta investigación se reunieron todas las pruebas que legal y procesalmente son pertinentes para acreditar un delito de este tipo: Informe sicológico de la víctima donde se analizó la veracidad de su relato e informes del SML que confirmó la violación.
La ley -prosigue- protege la indemnidad sexual de la niña de menos de 13 años, haya o no consentimiento. Ese bien jurídico está protegido y sanciona al adulto que la involucra. En este caso, el profesor de 30 años mantuvo una atracción hombre y mujer con una niña que, al comienzo de la relación, tenía 11 años. Fue penetrada teniendo 12 años. Eso sucedió al interior del colegio en el contexto de una relación secreta y consentida. Esto está prohibido. La ley le exige al adulto que, si una menor quiere involucrarse con él, debe impedirlo. Por eso aplicó una pena más severa: por ser profesor, por estar a cargo de un escenario donde ellos tienen el control de los niños al igual que los padres, padrastros, tíos, profesores o religiosos involucrados en este tipo de denuncias.
– Si hubo penetración habrían células, semen, restos ¿Se comprobó eso?
-No hay pruebas de ADN, son muy excepcionales, no siempre van a quedar restos especialmente si se examina a la persona tiempo después.
-¿Cuánto tiempo después?
– Inmediatamente de la denuncia se hicieron los peritajes en el SML. Había pasado más de una semana.