Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes), que representan el 78,1 % del total, son organizaciones relevantes para el desarrollo del país, no solo por la generación de empleo e ingresos, sino que por lo fundamentales que son para el encadenamiento productivo con las grandes empresas. Por ello, es de gran importancia establecer políticas públicas que beneficien a este tipo de organizaciones.

Iván Valenzuela Díaz, Académico Departamento Auditoría y Sistemas de Información FACEA UCSC.

En Chile, las empresas se clasifican por tamaño, de acuerdo con las ventas y número de trabajadores, pero lo más utilizado es según las ventas. Esta clasificación considera que las empresas con ventas anuales de hasta UF 2.400 son microempresas; las pequeñas, son las que venden entre UF 2.400 y UF 25.000 al año; las medianas, más de UF 25.000 al año, pero menos que UF 100.000, y las con ventas superiores a este monto son consideradas grandes.

La firma del acuerdo de entendimiento para destrabar el proyecto de reforma tributaria, que tiene como ejes centrales potenciar a las Pymes, el emprendimiento y el crecimiento, entre otros puntos señala que la medida beneficiaría directamente a más de un millón de Mypimes, mediante un mecanismo simplificado de cumplimiento tributario y otros beneficios que tienen por finalidad promover el emprendimiento y fomentar su desarrollo.

Sin embargo, el número de empresas beneficiadas pareciera no ser el que se indica en el texto, y esto porque la reforma anterior ya tenía un eje en las Pymes, el que también está centrado en un sistema de contabilidad simplificada con base en flujos de caja (14 ter), al que pueden acceder empresas con ventas hasta UF 50.000. Por lo tanto, el gran cambio que se plantea en el nuevo texto “Régimen Pro Pyme” es su nombre y el aumento de los límites de ventas hasta UF 75.000.

Ahora, si el objetivo es ayudar a las Pymes que por error o desinformación están tributando en un sistema semi-integrado, que no es conveniente para ellas, hace sentido tal modificación. Pero si el asunto es ayudar a propietarios de altos ingresos o empresas creadas con fines de planificación tributaria, no tiene sentido modificar el sistema, ya que provocará una menor recaudación.

El Gobierno, en su rol de Estado, tiene un papel preponderante en alcanzar el bien común, le corresponde desarrollar legislaciones, impartir justicia y mantener el orden público. Debe buscar soluciones concretas y precisas. La sociedad civil ha indicado que el sistema económico no ha funcionado, porque ha estado centrado principalmente en el crecimiento y no en la equidad e inclusión social. Ha sido incapaz de disminuir la desigualdad, y no solo a nivel de personas, sino que también de empresas. Es fundamental que las autoridades sepan escuchar y comprender los planteamientos de los ciudadanos y no buscar más explicaciones. Más bien deben dar o entregar respuestas y/o señales claras, concretas y precisas, para solucionar los problemas de fondo y construir un Chile más justo y equitativo que pueda beneficiar tanto a las personas como a las Mipymes.

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