Proyecto Inocentes de la justicia chilena. La mancha que cuesta sacar

Cualquiera de estas seis causales de error -reconocimiento visual errado, declaración falsa, uso de seudo ciencia o ciencia limitada, falsa confesión o autoincriminación, mal actuar de los agentes del Estado que participan en la persecución criminal e incluso de los propios defensores- exponen a quien sea a una detención y a prisión preventiva, según el modelo estadounidense que ha sido replicado en el país por los defensores Georgy Schubert, Pelayo Vial y Osvaldo Pizarro Quezada. Se trata del Proyecto Inocentes, que ya suma 39 casos en el país y 12 en la Región del Biobío, entre ellos, el de Elías Cartes, acusado injustamente de ultimar en Chillán al cura Cristián Fernández Fletá, en abril de 2009, lo que le significó estar un año privado de libertad. “Hay conciencia de que se cometen errores, en algunos casos sólo exige voluntad y en otras disposiciones legales, como es la conservación de evidencias de material biológico”, dice Osvaldo Pizarro.
Por Sonnia Mendoza.
 
De los reveses de la justicia criminal y de cómo ellos mismos están dispuestos a corregir sus procedimientos y a colaborar para que nadie sea injustamente condenado en Chile, hablamos con el defensor penal público regional de Biobío, Osvaldo Pizarro Quezada, un apasionado hombre del Derecho que resultó ser bombero y nieto del roto Quezada, el satirizado personaje de Pepo en las páginas de Condorito.
Un reportaje amarillento de la revista Vea (1975) y que él heredó de su abuela, María Rodríguez Villela, esposa del general Washington Quezada Carranza, da cuenta de la pérdida de un anillo de brillantes de la compañera de baile del sampedrino René Ríos Boettiger, el padre de Condorito, durante una fiesta en el Club Militar en Santiago y que su abuelo, como gerente, pusiera en tela de juicio, desató la ira de su archienemigo y a quien el militar -ya fallecido- se refiere en la revista con desdén: “Nada me habría costado darle una lección a ese caballerete, que ahora aparece dando una versión antojadiza de los hechos, seguramente convencido de que yo estaba muerto y que nadie le iba a enmendar la plana…”.
A sus anchas se siente en Concepción este osornino egresado de la U. Católica de Temuco (38, casado, tres hijos) que cambió un rentable cargo como notario suplente por un puesto en la Defensoría, que para él representa la materialización de un abogado en todos sus aspectos; “de eso de ser el niño rebelde de la sociedad, de jugar al abogado del diablo, de ver todo en contra y sentir el peso de la persecución estatal, de estar como solo frente a eso es lo que hace que el abogado se ponga muy creativo. Eso es un tremendo desafío de todos los días”.
Hoy, aboga para que la evidencia de las causas que llegan a juicio -como en Estados Unidos- se conserven hasta el término de la condena de una persona y puedan ser periciadas, principalmente muestras de sangre, fotografías y documentos, para el éxito del incipiente Proyecto Inocentes, que impulsa la Defensoría Penal Pública y que ya ha sorteado con buenos resultados 39 casos en el país y 12 en la Región. Uno de ellos es el de Elías Cartes Parra, injustamente acusado de ultimar de 16 puñaladas al cura Cristián Fernández Fletá, en Chillán; de Ana Sepúlveda Romero, que hasta el día de hoy llora su paso por El Manzano junto a su pareja y a sus dos hijos tras los saqueos del 27/F, y de Recaredo Gálvez Carrasco, el ex presidente de la FEC, quien dice haberse sentido denostado por algunos poderes fácticos.

Osvaldo Pizarro, defensor penal público regional de Biobío.
Osvaldo Pizarro, defensor penal público regional de Biobío.
De los delitos de sangre que ocurren en el país, la Defensoría Penal Pública absorbe el 92 % de los casos, mientras que el 8 % lo hacen los abogados particulares. De ese 92 %, el 70 termina en primera audiencia y del 30 % restante, finalmente el 10 % llega a juicio y “si aplicamos el filtro de la evidencia biológica se nos restringe un poco más. Demos el primer paso y guardémosla. Necesitamos que las personas puedan acceder a su evidencia después de ser condenadas para, precisamente, hacer ADN criminales”, dice, bien convencido de que en una oficina como la suya, de tres por tres, cabrían las muestras de las 37 mil causas anuales de la Región del Biobío.
En Chile, las evidencias se destruyen dentro de los seis meses siguientes a la dictación de sentencia y en algunos casos antes de ese plazo. “No podemos hacer exoneraciones por ADN de personas condenadas, efectivamente cumpliendo sus condenas, porque no tenemos acceso a la evidencia”, dice, tras detallar las seis causales de error del actual sistema penal: reconocimiento visual errado, declaración falsa, uso de seudo ciencia o ciencia limitada, falsa confesión o autoincriminación, mal actuar de los agentes del Estado que participan en la persecución criminal -PDI, Carabineros, Armada en el ámbito de su competencias, fiscales- y de los propios defensores: “Estamos dispuestos a exponernos -que denuncien el mal comportamiento de un defensor que no asume el peso de su rol- y a corregir nuestros procedimientos, pero también reconocemos que podríamos colaborar para que una persona no sea injustamente condenada”, dice.
El Proyecto Inocentes nació con las primeras camadas de defensores penales públicos, cuando en el país se estructuraba la reforma procesal penal, y muchos, por iniciativa propia, tomaron cursos de formación en materia de litigación en la Universidad de San Diego. En Georgy Schubert -actual defensor nacional-, Pelayo Vial y Osvaldo Pizarro surgió la inquietud de si en Chile se estaba condenando a personas inocentes como en Estados Unidos, donde, en 1985 se empezó a utilizar el ADN en materia criminal para confirmar o descartar la participación de aquellos.
En la Región, los tres empezaron a buscar cuáles eran las causales de error copiando, finalmente, el sistema compilado de Estados Unidos, el de la propia Universidad de San Diego y el del Proyecto Inocentes. Pidieron un estudio a la carrera de Sicología de la U. de Concepción en relación con el reconocimiento visual errado, que resultó positivo para sus propósitos, y con Georgy Schubert ya instalado en Santiago, lo que había quedado como “una buena idea”, en la capital se transforma en una política institucional. El desafío era determinar cuáles filtros o cuidados debían tener para enfrentar causas criminales y evitar la condena de inocentes.

El caso del Banco Central

“El sólo hecho de ser condenado ya es un problema, pero ser injustamente encarcelado resulta un doble gravamen”, dice, como le ocurrió al ejecutivo del Banco Central, Enrique Orellana, juicio en el que se logró demostrar la existencia del despecho (declaración falsa) de su ex esposa e influencia en sus tres hijas. El mix es complejo, porque el delito de abuso sexual, a diferencia de la violación, no deja cicatrices ni evidencias. “Si esto lo cruzo con la seudo pericia -cuando intervienen profesionales que no tienen las competencias técnicas o declaran usar ciertas técnicas- se está muy alejado de los protocolos que la regulan”, asegura.
Y agrega que nadie sabe cuándo ni cómo puede enfrentar una persecución criminal, pero cuando así ocurre, uno quiere que el sistema sea fiable y cometa los menos errores posibles. “Al ejecutivo del Banco Central lo absolvieron la primera vez y le dieron cero; en el segundo lo condenaron a 60 años y en el tercero, cero. ¿Cuál es el margen de error? Si es de un ciento por ciento, de verdad yo quiero que este sistema se perfeccione; si es así el margen de error es altísimo. Ese caso nos hace recapacitar respecto de qué pasa si pasamos de cero a 60 y de 60 a cero. El error no es cuantificable. La cuantificación pasa a un segundo plano. La pregunta es ¿qué hace usted para evitar esos errores? Preocupémonos, para no cometer errores y menos con personas inocentes”, declara, bien didáctico, cuál si estuviera dictando clases de defensa penal, su tema.

Elias Cartes Parra.
Elias Cartes Parra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– ¿Qué buscan esencialmente con este proyecto?
Que todos los intervinientes del sistema de justicia criminal tomen conciencia de que estas causales de error no son una cuestión antojadiza de la Defensoría, sino que tienen un respaldo científico y doctrinal en el extranjero e incipientemente en Chile. Es necesario hacerse cargo de esto en lo que a cada uno de los agentes que participa en esto le toca para, precisamente, evitar que los errores ocurran. Si todos somos conscientes de que el sistema es falible y de que se pueden cometer errores, si los tratamos de corregir, probablemente no vamos a transformar el sistema en infalible, pero lo vamos a minimizar. Y eso hace que un sistema judicial como el chileno se legitime cada día.
-A propósito de este proyecto, el presidente nacional de fiscales, Claudio Uribe Hernández, declaró al periódico universitario El Penquista Ilustrado que la Defensoría Penal Pública ha montado un gran aparataje publicitario con estos casos, pero que se olvida de que todo sistema penal es falible; que la falta de recursos juega en contra de ellos y que muchas veces -a diferencia de ustedes- no tienen tiempo para preparar sus audiencias. ¿Qué opina?
Estoy de acuerdo con él en el sentido de que el sistema es falible. El punto es que buscar excusas para no perfeccionar el sistema es fácil. Lo complejo es hacerse cargo de los errores y generar una conducta proactiva para poder evitar la comisión de estos. A todos los intervinientes -fiscales, jueces, defensores, policías- nos falta tiempo para realizar nuestras funciones, y todos tenemos exceso de carga de trabajo. Pero hay que analizar si acaso mi error –desde el punto de vista personal y profesional de cada uno de quienes trabajamos para el Estado chileno en el sistema judicial- puede inducir a que una persona pierda su libertad. Y eso es dramático. Uno tiene que tener la capacidad de darse cuenta cuáles son las consecuencias del actuar; sabiendo los errores en que otros y nosotros podemos incurrir, hay que preverlos.
-¿Y qué hay del montaje del que habla el fiscal Uribe Hernández?
No hay tal. Lo que hay es un trabajo estructurado, ordenado, sistemático y serio de la Defensoría en poner esta temática en la palestra; demostrar que esto ocurre y no sólo en Chile. No podemos cegarnos. De hecho, Chile es el segundo país después de Colombia que aborda el Proyecto Inocentes. Estamos a años luz de Estados Unidos o Inglaterra, donde la existencia de estos proyectos ha hecho que los sistemas de justicia cambien diametralmente. En Chile no existe -y en otros países sí- el sistema de reparación; no existe un sistema expedito y reglado de reparación para una persona que fue injustamente privada de su libertad por un error del sistema.
-Todo el mundo aspira a ser indemnizado…
Las indemnizaciones van en el aspecto económico; eso es cierto. Pero hay ocasiones en que a la gente que se vio involucrada en una persecución criminal no le interesa la indemnización de perjuicios, el dinero. Lo que les interesa es obtener una reparación de su imagen para que su comunidad, su sector, su entorno laboral, familiar, sus vecinos puedan tener la claridad de que no es el violador que fue declarado inocente, sino que fue un inocente injustamente encarcelado. Eso es lo que quieren, continuar con sus vidas y dar vuelta la página. En este proyecto han visto, de alguna manera, el espacio de reparación. La mancha queda, cuesta quitarla y la gente prefiere olvidar.
-De algún modo el trabajo que realizan ustedes ¿podría interpretarse como que contribuye a la llamada puerta giratoria?
Puede ser interpretado como un montaje; es una manera de ver las cosas. Pero por lo mismo hemos sido muy cautelosos, en el sentido de que cada caso que hemos planteado en el Proyecto Inocentes tiene un nivel de respaldo y de seriedad que no admite ningún tipo de cuestionamientos. Si hay algo que la Defensoría y los defensores quieren cuidar es la credibilidad. Cuando afirmamos algo, lo afirmamos de manera seria, profesional y con mucho fundamento. Cada uno de los 39 casos con que cuenta la Defensoría fue elegido por una comisión de varias personas; se analizaron rigurosamente y todos ellos tienen un respaldo. Es más fácil criticar y no hacer un análisis más profundo para reconocer que hubo un error. Eso requiere de cierta hidalguía y, por lo mismo, nosotros queremos que todos contribuyamos a evitar estos errores y procurar que no ocurran.

Por un vello púbico

En Chillán, Elías Cartes Parra (31, administrador de supermercado y padre de una niña) pasó siete meses en prisión preventiva y tres con arresto domiciliario total por un delito que no cometió. Dos evidencias biológicas -una muestra de sangre con dos fuentes, ninguna de las cuales correspondía a él- y un vello púbico hallado en el baño, en la casa donde fue ultimado de 16 puñaladas el sacerdote diocesano Cristián Fernández Fletá (50), el 6 de abril de 2009, lo inculpaban, aunque hacía más de una semana que Cartes había dejado la casa que le arrendó durante un mes al cura, de la que se fue junto a su pareja.
De acuerdo con las causales identificadas por la Defensoría en su Proyecto Inocentes, hubo error pericial o ciencia limitada en las indagaciones, y aunque fue absuelto el 6 de febrero de 2014, su abogado defensor particular ya consiguió las costas del juicio ($5 millones) y se prepara para una demanda por daños en contra del Estado. “Lo único bueno de esto es que Elías recuperó su trabajo porque siempre le creyeron que era inocente”, dice Giovanni Gotelli Méndez, su abogado.
Por su pareja, Paulina Garrido, el joven se enteró de que el sacerdote arrendaba una casa porque se iba a Puerto Montt y ésta lo supo a través de Cecilia Troncoso, hermanastra del cura Jaime Villegas,  amigo del fallecido, que vivía en una casa contigua y quien, en definitiva, lo halló muerto en el pasillo.
¡Mataron al cura!, ¡mataron al cura!, salió gritando la mujer después de haber cruzado la puerta, a las 8 de la mañana a instancias de que su hermanastro, quien se había levantado temprano para ir a San Gregorio, observara que la puerta estaba abierta, lo que interpretó como que iba a salir. “Si quieres hablar con él, anda a verlo porque parece que va saliendo”, le dijo, según refiere hoy el abogado Gotelli.

Ana Sepúlveda Romero, junto a sus hijos Héctor y Jorge.
Ana Sepúlveda Romero, junto a sus hijos Héctor y Jorge.
El 15 de enero de 2009, Elías y Paulina firmaron un contrato de arriendo por 50 mil pesos con el cura Fernández y aceptaron que éste guardara en una pieza sus pertenencias; un mes después los llamó para quedarse unos días mientras hacía algunos trámites en Chillán. La pareja no puso objeciones, pero el 27 de marzo del mismo año, Elías Cartes se encontró con que el cura había decidido celebrar su cumpleaños en la casa, fiesta a la que asistieron los dueños de casa, una cuñada, un primo de Elías –Alejandro- y un vecino del sector. Esa noche, Alejandro, que compartió dormitorio con el sacerdote, fue acosado por Fernández.
Dos días después hubo otra fiesta en la casa. Esta vez para celebrar el triunfo de la Selección, en Lima. Había pollo, pisco, vino, bebida y un convidado por el cura: Juan Montecinos Lastra, un mocetón del barrio, bueno para emborracharse, violento, adicto a las drogas y piropero con la dueña de casa. Por el mal comportamiento del invitado, hoy fallecido también, la pareja decidió refugiarse en el dormitorio con llave. El cura y el visitante hicieron lo propio en una de las piezas y como ilustra el abogado “se gastaron parejitos”, según sus declaraciones en el tribunal donde se conoció de las debilidades de Fernández por hombres de entre 28 y 30 años, a quienes salía a buscar de noche en su vehículo o a las discotecas. En los mismos interrogatorios, ocho de 16 sacerdotes reconocieron inclinaciones homosexuales.
Esa misma mañana, Elías y su mujer terminaron el contrato de arrendamiento y volvieron a vivir junto a sus padres. Una semana después el sacerdote fue ultimado y del autor nada se sabe. Una boleta de Falabella, en la escena del crimen, correspondiente a la compra de un jeans, derivó en pericias a las cámaras de seguridad de la tienda sin resultados positivos. “No hay voluntad de esclarecer el crimen”, estimó el abogado de Elías, quien analizó la pericia realizada por la policía y coincidió en que, efectivamente, el cabello correspondía a su cliente, algo que no podía sorprender a nadie puesto que el joven había vivido en ese domicilio hacía apenas un mes.

“Les pedí perdón a mis hijos”

De la jueza de Talcahuano, Humilde Silva Gaete, más que de su defensora, está agradecida Ana Sepúlveda Romero (42) tras permanecer 16 días en El Manzano junto a su pareja B. S.H. (50) y sus hijos Jorge Aro Sepúlveda (23) y Héctor Chacano Sepúlveda, hoy de 19 años, luego de que una patrulla militar allanara un domicilio de la Población Diego Portales, en Hualpén.
Fue a las 11 horas del 6 de marzo de 2010, siete días después del 27/F, cuando la familia había ido a buscar agua y un conocido de su pareja que se hallaba junto a la puerta, los invitó a tomar desayuno. Después de seis días a puro té, una taza de leche no les venía mal, y tras comprobar que en el domicilio no se hallaba Teresa, la ex esposa de B.S.H, pareja de Ana, aceptaron la invitación.
Les ofrecieron de todo, recuerda. Estaban en el sitio donde había tres casas y 13 ó 14 personas junto a la fogata, fumándose un cigarrito, cuando aparecieron los militares. Todos los hombres fueron tirados al suelo y los culatazos iban y venían. Preguntaban por droga y dinero y a su hijo menor, de entonces 16 años, lo hicieron recorrer la casa en busca del objetivo, pero en realidad la patrulla estaba tras la pista de un cajero con 90 millones de pesos sustraídos desde la Compañía Cervecerías Unidas (CCU). Y Ana, en su afán por demostrar que circunstancialmente estaban ahí, les abrió su cartera para comprobarles con un par de boletas de agua y un carné de salud que ése no era su domicilio, sino uno de Santa Clara, uno de los barrios arrasados por el tsunami.
En la cartera -lo único que alcanzó a sacar mientras el agua le pisaba los talones- guardaba 420 mil pesos correspondientes a su sueldo del Programa de Empleo y al de su pareja. El dinero desapareció junto con el anillo de matrimonio y un par de aros de oro y ella, más tarde, le insistía a la defensora: “Señorita, ¿y qué va a pasar con mi dinero?”, pero apenas le escuchaba la voz, dice.
Estando en El Manzano, en la sección femenina, cuenta que un día llegó la jueza de Garantía de Talcahuano, Humilde Silva, y pidió que la gente del puerto se ubicara a un costado. No sabe cómo, pero en tres minutos le resumió su historia y la de su familia, detenidos igual que ella y sin saber qué hacer o a quién acudir. La magistrada se comprometió a asignarle una defensa; fue una de las primeras en comparecer a una audiencia, recuperó su libertad y pudo salir de “ese mundo desconocido y aterrador que es la cárcel”.
A Ana se le aprieta la garganta cuando evoca el momento y la golpiza que sufrieron sus hijos por un delito que no habían cometido: “Les pedí perdón a ellos por haberlos metido en esa casa; cuando vi de repente que, desde un hoyo en el patio sacaban la caja que estaba enterrada, pensé: ¡aquí jodimos!, de aquí no vamos a salir, así es que le dije al Señor que se hiciera su voluntad. Nos llevaron presos, pero todo lo que pasamos se nos devolvió con creces. Tenemos una nueva casa por subsidio en Villa Mar, bien cerca de dónde vivíamos, y tranquilidad. Cuando puedo, paso a saludar a la jueza, porque el 27/F no fue nada comprado con lo que vivimos en la cárcel, pero cuando ella me dijo que estaba en libertad fue un momento muy bonito”, dice.
En el caso de ella, Inocentes considera como causa del error la mala conducta del defensor, y en el de Recaredo Gálvez, el mal actuar de los agentes policiales, pues la defensa logró demostrar con prueba audiovisual que las versiones entregadas por Carabineros no se ajustaban a las imágenes que se difundieron del ex presidente de la FEC; tampoco tenía evidencia de hidrocarburos en sus manos y ropas.

Recaredo Gálvez.
Recaredo Gálvez.
Gálvez -siete días en prisión preventiva- fue detenido el 21 de julio de 2011 en el marco de una protesta por su presunta responsabilidad en el ataque con un artefacto incendiario a un policía. El entonces dirigente había acordado reunirse con su novia en la Facultad de Medicina, por lo que cerca de las 21 horas se separó del grupo y se encaminó desde las inmediaciones de la Plaza Perú hacia el lugar, donde fue detenido y golpeado. Un año y medio después (13.12.2012), fue absuelto.
Por eso Osvaldo Pizarro insiste en que los afectados han visto en este proyecto un espacio de reparación, porque de alguna manera la mancha queda y cuesta quitarla, pero publicar los casos, las sentencias y las resoluciones permite que estas personas sin voz en el sistema de justicia puedan contar sus historias.

O’Higgins 680, 4° piso, Oficina 401, Concepción, Región del Biobío, Chile.
Teléfono: (41) 2861577.

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