El proyecto de reforma tributaria del Gobierno tiene por finalidad aumentar los ingresos fiscales entre 700 y mil millones de dólares para financiar el mayor gasto en Educación, un aspecto positivo, pues los recursos serán destinados a este fin, pilar fundamental para el desarrollo de un país.
Sin embargo no es una reforma tributaria propiamente tal sino más bien un plan de financiamiento conservador tratando de mantener crecimiento y control de la inflación; por ello no incrementó el impuesto de primera categoría sobre el 20%, tasa ya asumida por los empresarios pos terremoto.
Esta reforma no está abordando en profundidad la evasión. Según los datos del SII (1997) es de 41,7% en el impuesto de primera categoría y 18% del IVA (2009). Con la implementación de un buen plan y entregando las atribuciones necesarias al organismo fiscalizador se podría aumentar la recaudación. Además, en el tema de elusión, el proyecto no está cerrando ventanas, pues permite legalmente la fuga de recursos, tales como las empresas espejos; sociedades de personas que distribuyen la totalidad de las utilidades al socio que tiene una participación minoritaria; las sociedades que prestan servicios en el papel, pero son trabajadores dependientes; las sociedades de inversión y otras figuras legales que permiten disminuir y/o postergar la carga impositiva, pero todo eso por la utilización del crédito de primera categoría, el cual debería ser eliminado y con ello se obtendría una mayor recaudación. Actualmente, el impuesto global complementario, al cual se imputa el crédito de primera categoría, representa un -0,2% de la recaudación total de los ingresos tributarios.
Un tema no abordado en la reforma son los impuestos a las empresas mineras que pagan 20% de impuesto de primera categoría más un royalty que se aplica a las utilidades operacionales, de acuerdo con una tasa que depende de los tramos de ventas. En otros países se paga en base a los ingresos. Es más efectivo.
Otros temas tampoco están siendo bien planteados pues benefician a sectores de mayores recursos o ingresos, como el crédito contra el impuesto a las personas por los gastos en educación, el cual beneficiará al 19% de los contribuyentes, es decir, los que pagan impuesto y reciben mayores ingresos, porque el 81% restante está en el tramo de exento. Algo similar sucede con la rebaja del impuesto de timbre y estampillas; el crédito se hace más barato, pero para las grandes empresas y sectores con mayor acceso al crédito. Por lo tanto, estas medidas segregan y no contribuyen a la equidad tributaria vertical.
El proyecto de reforma tributaria debería haber sido un plan de mediano plazo (año 2020), más ambicioso, y que recaudara tres o cuatro puntos del PIB, aumentado la carga tributaria de manera que los que tienen más aporten una mayor cantidad, estableciendo medidas que simplifiquen el sistema y faciliten el control.
Iván Valenzuela Díaz
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, FACEA.
Universidad Católica de la Santísima Concepción