45 años y, otras, un par menos llevan peleando por conocer el paradero de sus seres queridos. La muerte de Ana González, que jamás pudo encontrar a los suyos, las trajo de vuelta a la memoria de los chilenos, “¿pero hasta cuándo?” se preguntan cuatro de las dirigentes históricas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción. Acusan olvido de los políticos, dicen que las usaron para terminar con la dictadura y que, luego, las hicieron a un lado.

Por Pamela Rivero J.

Este artículo fue publicado en noviembre de 2018, por lo que algunos datos podrían haber cambiado

Cuando se enteró del fallecimiento de Ana González, figura reconocida por su trabajo por los Derechos Humanos en Chile, Mónica Negrete Peña se sentó en uno de los sillones del living de su casa en Tomé, encendió un cigarrillo, cerró sus ojos y pensó en Celima, su mamá.

Inmediatamente vino a su memoria una imagen que todavía la estremece: la de Celima sentada por horas frente a la puerta de entrada de su hogar, en los tiempos en que una severa artrosis en sus caderas casi no le permitía dar un paso. Pedía que la dejasen ahí, pues quería ser la primera en abrir cuando llegase su hijo. 

Aquello nunca sucedió, y Celima Peña Peña murió sin conocer dónde estaba el único varón de sus cinco hijos: César Arturo Negrete Peña, de 25 años, detenido desaparecido desde fines de 1974.

-Ella siempre lo sintió vivo, nunca se quiso convencer de lo contrario. Jamás perdió la esperanza de encontrarlo, por eso recorrió cielo, mar y tierra buscándolo: iba a los centros de detención, a las cárceles, a los hospitales. Caminaba kilómetros, con frío, lluvia o calor hasta donde le dijeran que alguien le podía dar un dato sobre él. Durante todo ese tiempo llevaba dentro de su cartera una bolsita con calcetines y slips para que en el momento en que lo hallase, él se pudiese cambiar su ropita interior- rememora Mónica Negrete.

A esa misma hora, pero en Chiguayante, otra hija recordaba a su madre.

-Mi mamá, María Audelina Mardones, perdió a sus dos hijos mayores. A uno lo sacaron a patadas desde nuestra casa en Villarrica, en 1973, y el otro fue detenido en Buenos Aires, cuatro años más tarde, en la Operación Cóndor. A pesar de su humildad y de tener pocos estudios, mi viejita era muy ejecutiva. Decía hay que actuar, hay que llamar la atención para poder hallarlos, hay que preguntar en todos lados para saber cómo ocurrieron las cosas. Mientras yo cuidaba a mi papá que estaba enfermo, postrado, ella participaba en las marchas; estuvo en una huelga de hambre, buscó incansablemente hasta que un día se sintió mal. Recuerdo que puso en mis manos las fotos de mis hermanos y me dijo: “No soy capaz de seguir; ahora a ti te toca buscarlos”. Fue como una posta. Ella murió, y yo continúo investigando qué sucedió con ellos- dice Elizabeth Velásquez Mardones. 

La muerte de Ana González, que jamás pudo encontrar a su esposo, a sus dos hijos y a su nuera, les hizo revivir su propia lucha por hallar a los suyos. Sin embargo, dicen que los homenajes y las palabras bonitas pronunciadas sobre todo por políticos ligados a la izquierda chilena, también les produjeron sentimientos encontrados.

-Doña Ana era un símbolo, una mujer conocida, que se hacía notar por su presencia y su carácter; su historia sin duda merecía reconocimientos, pero lo cierto es que mucha de la gente que con tanto pesar se refería a su fallecimiento hace tiempo se había olvidado de los familiares de detenidos desaparecidos. No sólo no la ayudaron a ella y a todos nosotros a buscar la verdad sobre lo ocurrido con nuestros seres queridos, sino que, además, nos invisibilizaron. Nos usaron para luchar en contra de la dictadura, y salvo excepciones que se cuentan con los dedos de las manos, una vez recuperada la democracia, la mayoría nos dejó de lado- protesta Mónica Negrete de manera enérgica.

Vivos los queremos

Concepción, 28 de mayo de 1978. “Padre Pedro Azócar, somos familiares de detenidos desaparecidos, y en este momento nos vamos a tomar la parroquia, porque vamos a comenzar una huelga de hambre indefinida”. El eco de la iglesia amplificó la intensidad de aquellas palabras recién pronunciadas por Ester Araneda Gallardo -en ese entonces de no más de 30 años- justo cuando el sacerdote entregaba la bendición final a los fieles, aquel domingo en la Parroquia Universitaria.

Nadie entendía quién era esa mujer pequeñita que con tanto desplante había interrumpido la eucaristía. Militante de las Juventudes Comunistas, Ester, atea hasta el día de hoy, no era conocida en los círculos de la Iglesia. Muchos de los asistentes fruncieron el ceño y se retiraron; los menos se quedaron admirando el arrojo del grupo de mujeres que estaba junto a ella en esa aventura hasta hoy recordada como la Huelga Larga de 1978.

-Si bien nos habían dateado de que este curita podía ser “sensible” a nuestro tema, igual estábamos nerviosas. La respuesta del padre Azócar, sin embargo, nos tranquilizó. Llamó a la persona que estaba a cargo de la iglesia, y le pidió que encendiera una estufa y que nos acomodara unas salitas para que nos instaláramos. Luego, en privado, nos agradeció por haber escogido su parroquia- recuerda hoy, a sus 70 años, Ester Araneda, una de las más reconocidas dirigentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Octava Región.

La edición del día siguiente del diario La Tercera recogía el acontecimiento ocurrido en la Parroquia Universitaria, y explicaba que la huelga de hambre de Concepción se sumaba al ayuno que el 22 de ese mes habían comenzado otros manifestantes, especialmente mujeres, en distintos templos de la capital, con el objetivo de “llamar la atención sobre casos de presuntos desaparecidos, en espera de una respuesta del Gobierno”.


En Concepción se organizaron de la misma forma que sus compañeros en Santiago. Cerca de 13 participaron en esa primera huelga, entre ellas, Celima Peña, Digna Silva, Carmen Ramírez, Margarita Toro, Eglantina Alegría, Julita Aguilera, María Fredes, Gloria Urra, Isabel Quiñones, María Medina y Sara Lagos, la mayor del grupo, a la que apodaban la mami.

Otras tres asumieron la vocería. Una de las encargadas de esa función era Hilda Espinoza Figueroa, quien en 1971 se había casado en esa misma parroquia con Carlos Rioseco Espinoza, estudiante de Odontología de la UdeC, y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Ella y Ester estaban ahí por sus maridos, detenidos desaparecidos desde 1975 y 1976, respectivamente. 

También cumplían el rol de voceras Mónica Negrete y María Adriana Pablos, esposa de Carlos Contreras Maluje, aprehendido en Santiago, en noviembre de 1973. 

Ellas eran las encargadas de enviar comunicados y recibir a los periodistas locales que llegaban a cubrir la noticia. Mónica Negrete recuerda que Quintín Oyarzo llamaba a diario para monitorear la situación muy temprano en la mañana. Pero no era el único, porque la huelga de los familiares de detenidos desaparecidos concitó la atención mundial. De hecho, hoy se encuentran en línea las informaciones que sobre el evento reportaba periódicamente el diario El País, de España.

Llegaban cientos de telegramas y el teléfono no paraba de sonar. Sin embargo, un llamado fue recibido con sorpresa, y fue motivo de alegría para las huelguistas. Era el actor italiano Marcello Mastroianni, que en los sesenta había cautivado a las chilenas en La Dolce Vita. “Quería solidarizar con nosotros”, recuerda Hilda Espinoza. También llamaron Sophia Loren y el cantante Domenico Modugno. Esos eran momentos que distendían la complicada situación.

A nivel nacional, la Huelga Larga duró 17 días, y sólo finalizó gracias a la mediación de la Iglesia. Aunque no hubo respuesta desde el Gobierno, la  manifestación visibilizó las violaciones de derechos humanos en Chile y, en Concepción, fue el punto de partida para la creación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Octava Región. Sus primeras coordinadoras fueron Hilda Espinoza, Ester Araneda, Mónica Negrete y Gloria Urra, hermana de Raúl, empleado de la CMPC asesinado en la masacre de Laja-San Rosendo. Gloria finalmente encontró el cuerpo de su hermano. Hace un par de semanas, el ministro Carlos Aldana dictó acusación en contra de carabineros en retiro y de extrabajadores de la papelera por homicidio calificado e inhumación ilegal de Raúl Urra y de otras 18 personas detenidas en 1973 en dichas localidades de la provincia de Biobío. Ellas eran las encargadas de recopilar casos y de ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos. “A mí me correspondía ir a Chillán. Allá te encontrabas con situaciones terribles. Mujeres cuyos maridos estaban desaparecidos que tenían cinco, siete y hasta 10 hijos. Si a nosotros nos costaba mantener a uno, imagino las penurias que deberían haber vivido”, explica Hilda.

Por eso la agrupación también ofrecía ayuda solidaria. “Pedíamos bonos sociales por aquí y por allá; a veces nos ayudaban, otras nos daban con la puerta en la cara. Con lo obtenido comprábamos los útiles escolares para los hijos de desaparecidos y también regalitos para la Navidad, que a veces era lo único que recibían”, cuenta Mónica Negrete.   

Tras la huelga, las mujeres de la agrupación comenzaron a marchar los días sábado por el centro de Concepción, desde los Tribunales hasta la Catedral. Lo hacían levantando pancartas con fotografías de sus familiares y, bajo ellas, una leyenda que decía: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

La tierra les respondió

Tras las primeras detenciones ocurridas en distintos puntos del país, la Iglesia Católica comenzó a recibir las peticiones de ayuda de los  familiares de los detenidos. En Concepción, esas solicitudes se concentraron en el Departamento de Servicio Social del Arzobispado, cuyo director eclesiástico era el sacerdote Manuel Camilo Vial Risopatrón. “Ese departamento existía para otros fines, y luego del golpe, el arzobispo Manuel Sánchez decidió que también allí se hicieran cargo de la situación de los detenidos y presos. Estaba en Barros Arana 1701. Por el lado de Ainavillo funcionaban los comedores populares, que después se llamó Pastoral Obrera. Ahí el jefe era el padre Carlos Puentes”, rememora Mónica Negrete. Allá fue el primer lugar donde llegó su madre junto a otras mujeres y a algunos padres y hermanos a pedir ayuda. Ese grupo fue el que en 1978 dio origen a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Octava Región.

En octubre de 1973, el cardenal Silva Henríquez había creado el Comité para la Paz (Comité pro Paz), donde también participaban la iglesia Ortodoxa, la Luterana y la Comunidad Israelita. Su función era prestar asistencia legal a las personas afectadas por el régimen militar. Este comité se coordinaba con el arzobispado de Concepción donde había tres asistentes sociales que evaluaban si los casos requerían interponer alguna acción legal; luego estaban los abogados que iniciaban los trámites correspondientes. En la capital regional, el jefe de ese equipo era el abogado Jorge Barudi Videla. Lo acompañaban Martita Wörner y, años después, María Angélica Fuentes. Fueron cientos los recursos de amparo que se presentaron, pero ninguno era admitido. El primero que consideró la justicia fue uno en nombre de Carlos Contreras Maluje, presentado por su padre, el abogado Carlos Contreras. En el momento, esto fue visto como una esperanza, pero nada sucedió finalmente. Contreras Maluje habría sido asesinado el mismo día de su detención.

El Comité pro Paz debió cerrar, por “solicitud” de Pinochet, en diciembre de 1975. En enero del año siguiente, Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad.

Hilda Espinoza recuerda que durante los primeros años de búsqueda recibían muchos datos falsos, y que ellas los seguían todos pensando que eran ciertos. También debían enfrentar las burlas de quienes no creían que hubiese detenidos desaparecidos. “En una ocasión fui a la Cruz Roja, en Santiago, a dejar una foto de mi esposo. Me dijeron, no sea lesa, qué anda sufriendo, si su marido se fue con otra, y usted acá llorando por las puras”, cuenta Ester Araneda.

Incluso, durante la segunda huelga de hambre, en 1979, llegó una mujer a contarles que su marido había estado desaparecido muchos años, y que lo había encontrado, que nunca había estado preso. “Nosotros sentimos una felicidad enorme, eso era una esperanza, pero todo era una mentira. Nunca supimos quién era”,  recuerda Mónica Negrete.

Los engaños siguieron hasta ya recuperada la democracia. “Lo más terrible fue cuando Manuel Contreras entregó una lista donde daba a conocer el destino de cientos de detenidos desaparecidos. Ahí aparecía que mi hermano mayor había sido lanzado al río de La Plata dentro de un tambor de aceite. Finalmente ese dato era falso. Era para seguir dañando, para seguirnos torturando”, recalca Elizabeth Velásquez Mardones, que  asumió como coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos de Concepción (ese nombre tomó paso luego de que se crearan agrupaciones en Chillán, Los Ángeles y Laja) desde el 2013 hasta este año.    

Sus esperanzas de encontrar a sus familiares vivos se destruyeron el 30 noviembre de 1978, cuando cerca de Talagante, en un lugar conocido como Hornos de Lonquén, se encontraron restos de personas que habían sido aprehendidas, en Isla de Maipú en 1973. Hasta ese momento figuraban como desaparecidos.

“La tierra nos habló y nos dijo lo que nadie había querido responder. Ahí supimos que nosotros tampoco hallaríamos con vida a nuestros familiares”, sostiene Hilda Espinoza.

No nos olviden

“La muerte de Ana González le recordó a Chile a sus detenidos desaparecidos. Pero cuánto va a durar eso”, dice Ester Araneda. A pesar de su posición política, dice que está desilusionada del poco compromiso demostrado por los gobiernos luego de recuperada la democracia.

“En agosto pasado, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó la vuelta número 100 por La Moneda y el Palacio de Tribunales exigiendo verdad. La vuelta 100, y a nadie parece importarle. Ni siquiera la Presidenta Bachelet se preocupó de nosotros”, añade.

Hilda Espinoza asegura que el informe Rettig, que avaló que en Chile sí se violaron los derechos humanos durante el régimen miliar, que individualizó víctimas y dio detalles de sus casos, es el fruto del trabajo que por tantos años hizo nuestra agrupación en todo el país, “si no, jamás nos hubiesen considerado, porque pasado el tiempo, la gente empezó a olvidar a los detenidos desaparecidos; los integrantes de la agrupación envejecieron, otros fallecieron y cada vez vamos quedando menos. Los culpables de estos crímenes también se están muriendo, y se están llevando a la tumba la verdad que necesitamos. Por eso no podemos dar vuelta la hoja como algunos piden. Nosotros también estamos viejas y lo único que queremos es saber la verdad antes de morir”, sentencia.

 

Dónde están los “Héctor”

Villarrica, tres de la madrugada del 4 de noviembre de 1973. Fuertes golpes en la puerta despertaron a los Velásquez Mardones. La madre, María Audelina, corrió a ver lo que sucedía. Era el farmacéutico de la ciudad, junto a su hijo, reservista del Ejército, y otros vecinos. “Buscamos a tu cabro, el minino”, dijeron. Ése era el apodo de Héctor Ernaldo Velásquez Mardones (29), el segundo de los seis hijos de los dueños de casa. “Apenas lo dejaron ponerse sus pantalones, lo tomaron, e inmediatamente comenzaron a pegarle; lo hacían caminar un poco, y le volvían a pegar”, rememora su hermana, Elizabeth. Se lo llevaron en una camioneta blanca. Nunca más lo encontraron. Lo habrían lanzado desde el puente Rodrigo de Bastidas al río Toltén. En el 2005 fueron condenados el exoficial de reserva del Regimiento Tucapel, Nelson Thielemann, y el civil Juan Insunza Pobrete, como autor y coautor del secuestro calificado de Héctor Ernaldo. El 2006, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema confirmó esa sentencia de manera unánime. ”Mi hermano era de las Juventudes Comunistas, como yo. Él se había hecho cargo de la mueblería de la familia cuando mi papá quedó postrado. Esa militancia fue su condena a muerte”, dice Elizabeth. Pero sus penurias no finalizaron con esa tragedia; la segunda la conocieron cuatro años después, cuando el hermano mayor, Héctor Heraldo (34), casado, cuatro hijos, fue detenido en Buenos Aires, el 16 de mayo de 1977, junto a Alexei Jaccard y Ricardo Ramírez. Todos eran comunistas y participaban de una operación para ingresar fondos para el PC en Chile. Su aprehensión ocurrió en el marco de la Operación Cóndor. “Recién el 2015 confirmamos que había sido entregado a agentes de la DINA, y que lo trajeron a Chile, al cuartel Simón Bolívar”. Allí fue interrogado bajo tortura, y en fecha indeterminada, desapareció.

Elizabeth Velásquez Mardones. En la fotografía superior derecha, su hermano Héctor Ernaldo; en la inferior, el mayor, Héctor Heraldo. Ambos son detenidos desaparecidos.

Dónde está César, el “flaco” Negrete Peña   

César Negrete Peña.

A César Arturo Emiliano Negrete Peña (25) lo detuvieron agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo apresaron en su departamento de la Remodelación San Borja, un 9 de diciembre de 1974. Ya se ponía el sol en la comuna de Santiago, cuando el “flaco”, ingeniero comercial de la UdeC y militante del MIR, llegó hasta su hogar, a pesar de que le habían advertido que no se asomara por ahí, pues lo “estaban esperando”. “Pero el amor fue más fuerte”, dice su hermana Mónica. El motivo de su porfía obedecía a que horas antes, cuatro agentes de la DINA se habían llevado a su pareja, Marta Silvia Neira Muñoz (29). Ella, una mujer que llamaba la atención por su belleza, era secretaria en la revista Ramona (de la Jota), y había aparecido en una de sus portadas promoviendo los anticonceptivos. Sin embargo, no desarrollaba un trabajo político activo y “sólo colaboraba con él (César Negrete), en las tareas partidarias (del MIR) por motivos afectivos”, informa el sitio MemoriaViva.com. “Por eso el flaco pensó que si se entregaba, ella saldría sin problemas, porque era a él a quien buscaban”, añade su hermana. Los Negrete Peña tuvieron noticias de César hasta enero de 1975, donde se supone que estuvo detenido en Villa Grimaldi. Ese dato lo conocieron mientras se elaboraba el informe Rettig. Antes de eso buscaron por todo Chile.

Mónica Negrete Peña.

En 1975, el nombre de Marta Neira apareció en la lista de los 119 chilenos que presuntamente habían sido abatidos en enfrentamientos en el extranjero. Todo aquello era falso.

En el 2015, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a 11 exagentes de la DINA, entre ellos Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito (fallecidos a esa época), Krassnoff Martchenko, Espinoza Bravo y Fernando Lauriani, por el secuestro de César Negrete.

 

Dónde está Carlos Rioseco Espinoza

“Me costó mucho llorar; yo creo que desahogaba mi pena caminando por las calles de Santiago y Valparaíso para buscar noticias sobre él”, dice Hilda Espinoza. Carlos Rioseco (26), su marido, fue detenido el 18 de enero de 1975 en Viña del Mar, en una redada que hizo la DINA. ”Eso lo supe mucho después, porque siempre creí que él estaba en Santiago. Tras el golpe, Carlos se fue de Concepción. Lo estaban buscando. Yo me quedé con mis padres cuidando a nuestro hijo, que tenía tres años. Lo volví a ver un par de veces. La última fue para el año nuevo de 1975”. Ellos se comunicaban por cartas, al menos dos a la semana se escribían. “Por eso cuando dejé de tener noticias suyas, empecé a buscarlo, y no he parado hasta hoy”, relata Hilda.

En 2014, Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff, además de otros siete agentes de la DINA, fueron condenados a penas de entre 15 y 10 años por el secuestro calificado de ocho personas en 1975 desde diferentes puntos de la Quinta Región. Su caso fue conocido como la detención de Los Ocho de Valparaíso. Uno de ellos era Carlos Rioseco.

Hilda Espinoza Figueroa.

 

Dónde está Alfonso Araya Castillo

Alfonso Araya.

Ester Araneda y Alfonso Araya eran militantes de la JJCC. “Teníamos un compromiso tan grande que no pensábamos en otra cosa que no fuera terminar con la dictadura. El régimen nos perseguía y ya habíamos sido testigos de la desaparición de muchos compañeros”, cuenta ella. Con la conciencia de que podían tener el mismo destino, todos los días se despedían como si fuera su última vez juntos. “Nos acurrucábamos en una esquina, nos besábamos y nos quedábamos abrazados por un rato”. Luego, cada uno partía a lo suyo. Él a organizar las tareas del movimiento y, ella, a hacerse cargo de ubicar a los compañeros de la Jota que llegaban a la capital para trabajar en la clandestinidad. Así fue como se conocieron. Ester ya llevaba un tiempo en Santiago cuando le pidieron que encontrara un lugar donde pudiese vivir Alfonso. Se vieron por primera vez una tarde de invierno de 1974. “Le  di algunos instrucciones, y lo cité para un futuro encuentro, pero no me llamó la atención. Él, en cambio, me contó más tarde que ese día se enamoró de mí”. Después de un tiempo comenzaron un pololeo que terminó en matrimonio el 31 de julio de 1975. A la fecha de la desaparición de Alfonso, el 9 de septiembre de 1976. Ester tenía siete meses de embarazo.

“Yo le había organizado un encuentro con dos compañeros en la plaza Pedro de Valdivia, en Providencia. Me dijo que estaría en la casa a las seis de la tarde, porque íbamos a ir a comprar una bañera para nuestra guagüita”. Lo esperó, pero, a eso de las siete, su demora la llevó a intuir que algo malo había ocurrido. Al día siguiente comenzó a recorrer Santiago buscándolo, hasta que llegó a la Vicaría de la Solidaridad. “Ahí me encontré con algunas compañeras de la Jota. No me hicieron preguntas, sólo me abrazaron. Sabían por qué yo estaba ahí”.

Ester Araneda.

A Alfonso, que tenía 27 años, lo habrían llevado al centro clandestino de detención La Firma. El 2014, el ministro en visita, Leopoldo Llanos, procesó a 11 agentes del Comando Conjunto por los secuestros calificados de Alfonso Araya, Aníbal Riquelme y Francisco González, todos detenidos desaparecidos desde septiembre de 1976.

 

O’Higgins 680, 4° piso, Oficina 401, Concepción, Región del Biobío, Chile.
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