Violencia Progresiva

/ 24 de Octubre de 2016
contreras
Prof. Dr. Marcelo Contreras Hauser. Master y Dr. en Derecho y Ciencias Políticas y Sociología.

He sido invitado en el curso de los últimos días a dos programas televisivos vinculados a los distintos tipos de conductas que asume el hombre en la sociedad de nuestros días. En el caso de Chile, la óptica del tema derivó al campo de la delincuencia y criminalidad, incluyendo ese poco claro elemento  que mantiene tensa y amargada a la población: la inseguridad ciudadana.

En mi calidad profesional de criminólogo, debí compartir con una víctima de la violencia criminal, una vecina del sector de Pedro de Valdivia, quien se ausentó por breves cinco minutos de su hogar y, al regresar, se encontró con dos antisociales al interior de su casa, por demás groseros y agresivos.

Entre golpes y garabatos se desarrolló la escena criminógena. A los pocos minutos llegó la PDI y Carabineros. Hasta el día de hoy, dicho núcleo familiar no ha recibido ningún apoyo, citación o vinculación respecto de lo sucedido. Estos hechos vergonzosos desgraciadamente se repiten con un patrón relativamente similar.

Como lo hemos venido declarando permanentemente, la primera responsabilidad de esta interminable y desgraciada cadena de acontecimientos no tiene su domicilio en el hacer de Carabineros o de la PDI, sino en algo más profundo y grave, cual es la inexistencia de una política criminológica o anticriminal en el país. Tal ecuación no existe como tal, y cuando parecen brotar sus trazos, sólo se esbozan intentos de algunos tipos de políticas penales y procesal penal. La fórmula inteligente y eficaz de prevención, tratamiento y control que corresponden a las tareas profesionales de Carabineros, Gendarmería y PDI no aparecen ante los ojos ciudadanos bien coordinadas e interrelacionadas, dejando casuísticas como la reseñada por la víctima en cuestión.

Es que la órbita penal y procesal penal no es ni siquiera el centro problemático de la situación. Trátase primero de un hecho criminal, de un factor criminógeno que no podemos ni debemos encerrar, delimitándolo solamente en algunos preceptos de nuestros códigos y leyes, toda vez que su iter o continuom es de orden conductual.

Asimismo, las personas afectadas tienen la calidad de víctimas, cuyo universo de estudio corresponde a profesionales victimólogos.

En Chile carecemos de criminólogos y victimólogos, lo que no debemos confundir  con labores propias de la abogacía, judicatura y similares. En materia de seguridad ciudadana, Chile se enfrenta a problemáticas culturales y conductuales específicas, no siempre fáciles de reconocer y que no debemos buscar exclusiva y excluyentemente en los artículos de un código o de una ley. Pero desgraciadamente, mientras esperamos que se implementen tales políticas, las familias chilenas tendremos que continuar soportando robos, asaltos en nuestros domicilios y portonazos. No hay otra opción.

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